El Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), repartirá este año más de 15 millones de euros entre las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico para el desarrollo de planes de formación orientados a capacitar a sus cuadros en los secretos de la negociación de los convenios colectivos.
Estos recursos, que saldrán de la gran bolsa de los fondos de la formación para el empleo, se asignarán a través de procesos competitivos -según exige la Ley de Subvenciones- a proyectos de formación de ámbito estatal, autonómico o local "compuestos exclusivamente por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva", entre las que según se recoge en la orden que regula la concesión de estas ayudas se considerarán la realización de jornadas formativas, talleres, seminarios o similares.
El asunto es que el acceso a estas ayudas estará restringido a las organizaciones empresariales de referencia en cada ámbito (Estado o comunidad autónoma) y a las organizaciones sindicales más representativas según los criterios de la Ley de Libertad Sindical, lo que 'de facto' reserva la utilización de los fondos asignados para planes formativos a nivel estatal a UGT y CCOO -los únicos que cumplen el requisito de una representatividad mínima del 10% que exige la ley.
El esquema diseñado por el Ministerio de Trabajo favorece de forma singular a los dos sindicatos mayoritarios frente a otros sindicatos regionales que puedan tener las consideración de representativos en sus territorios, ya que a la hora de determinar la concesión de las ayudas valora en un 70% la representatividad del sindicato y solo en un 30% el diseño y el contenido del plan de formación, e incluso su coherencia con los objetivos y resultados esperados. Hay que recordar que UGT y CCOO son mayoritarios en todas las comunidades autónomas de España, salvo en el País Vasco, donde el sindicato nacionalista ELA-STV aglutina el 40% de los representantes sindicales, como se aprecia de forma clara en esta información de Cinco Días.
En la memoria justificativa de la iniciativa, el Ministerio de Trabajo explica la asignación de 15 millones de euros de los fondos de la formación para el empleo a este fin por la necesidad de "favorecer el diálogo social y la negociación colectiva en nuestro país, porque ello, sin duda, permitirá abordar las reformas y adaptaciones de nuestra economía y mercado de trabajo de la forma más eficiente y consensuada posible", sobre la premisa, también sentada en el preámbulo de la orden, de que las reformas abordadas a través del diálogo son más efectivas. Nada hay en la orden, sin embargo, que vincule la concesión de estas subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos al mayor o menos éxito de la negociación colectiva.
Su percepción, como el del resto de fondos destinados a la formación, se vincula a la realización efectiva de las actividades formativas subvencionadas, entendiendo como tal la asistencia de los alumnos al 75% de las horas de formación impartidas.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, 2018 se cerró con 3.807 convenios colectivos operativos, que regularon las condiciones laborales en 1.195.722 empresas y surtieron efectos para cerca de 10 millones de trabajadores: 9.297.856 trabajadores. En repetidas ocasiones tanto los sindicatos mayoritarios como las organizaciones empresariales han subrayado el dimensión social, política y económica de la negociación colectiva y han planteado la posibilidad de recibir una asignación con cargo al erario público por la pacificación de las relaciones laborales asociada al valor del diálogo social.
Una concesión de Báñez no regulada
La idea de subvencionar con el erario público la formación de los cuadros de CEOE y de los sindicatos que se dedican a la negociación de los convenios colectivos asoma por primera vez en el acuerdo tripartito para fortalecer el crecimiento económico y el empleo rubricado el 29 de julio de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, y se trasladó a la norma solo un año después, en 2015, en la Ley reguladora del Sistema de Formación Profesional.
Sin embargo, la posibilidad de destinar una parte de los fondos de la formación para el empleo a la capacitación de los negociadores de convenios colectivos de empresarios y sindicatos no se concretó hasta un Real Decreto de 2017 que desarrolló la ley de 2015 y que, por fin, habilitó la posibilidad legal de que incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida específica para este programa. Ese mismo año se incluyó por primera vez una partida específica en los Presupuestos destinada a este asunto, con 7,5 millones de euros, si bien su operatividad quedó condicionada por ausencia de la preceptiva orden que debía aprobar las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas.
La no aplicación del presupuesto previsto en 2017 hizo que en el proyecto de Presupuestos de 2018 se habilitara una partida de 15 millones de euros para estos programas formativos, que han quedado sin aplicar por el mismo motivo que en 2017. La orden recién aprobada por el Ministerio de Trabajo desbloquea al fin la posibilidad de que las organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios puedan acceder a esos fondos para realizar las acciones formativas previstas.
La dotación presupuestaria será superior a la prevista. El proyecto de Presupuestos para 2019 del Gobierno de Pedro Sánchez preveía una dotación de 10 millones de euros para esa partida, pero su rechazo por el Parlamento y la prórroga de los Presupuestos de 2018 hará que esa dotación se incremente un 50% hasta los 15 millones de euros.
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