Madrid.- Las organizaciones UGT y CCOO de Madrid han denunciado al Gobierno que preside Esperanza Aguirre por "posible prevaricación y mala fe" en la regulación y publicación del Decreto de servicios mínimos para la huelga general convocada para mañana en contra de la reforma laboral.
Según han informado ambos sindicatos en un comunicado, el Consejo de Gobierno que aprobó este Decreto optó por un texto "falto de motivación y abuso", lo que ha llevado a ambas organizaciones a interponer una denuncia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Según sostienen CCOO y UGT, el Decreto de servicios mínimos del 29-S "reitera" lo establecido por el que se dictó para la huelga general del 20 de junio de 2002 y que fue anulado por el TSJM por falta de motivación y vulneración del derecho fundamental de huelga.
Esta sentencia, además, fue después confirmada por el Tribunal Supremo al denegar el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid.
Ante estos hechos, UGT y CCOO solicitado ahora al Ministerio Fiscal que se depuren las posibles responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido el Consejo de Gobierno al dictar el Decreto impugnado.
Por otra parte, la falta de motivación que denuncian los sindicatos se refiere a la determinación de los servicios esenciales y a la fijación de los mínimos, que, a su juicio, conlleva la vulneración del derecho fundamental de huelga y del derecho de libertad sindical.
La UGT y CCOO defienden que, contrariamente a la doctrina del Tribunal Constitucional, en el Decreto del Gobierno regional "no se razona cuáles son servicios esenciales ni la proporción de trabajadores que deben figurar en ellos".
Además, se consideran esenciales servicios veterinarios, el Laboratorio Regional de Salud Pública, Inspecciones Sanitarias, el Servicio Madrileño de Salud, la Dirección General de Hospitales y la Agencia Antidroga.
En transportes, no se ofrecen datos objetivos para fijar los servicios mínimos -"sólo especulaciones"- y se observa "falta de motivación" en la determinación de los servicios mínimos comunes, actividades judiciales y educativas.
En el caso de los centros hospitalarios y no hospitalarios, aseguran que la motivación es "insuficiente".
Además, en el recurso contencioso-administrativo se atribuye al Gobierno regional "mala fe" al publicar el Decreto con sólo dos días de antelación a la convocatoria de huelga general.
De este modo, se imposibilita a CCOO y UGT la petición de suspensión cautelar del Decreto que implica el "cercenamiento del derecho de huelga", cuya convocatoria tiene fecha de 10 de septiembre.
Ambas organizaciones consideran que la actuación del Gobierno regional sobre el Decreto de mínimos para el 29-S vulnera el derecho fundamental a la huelga y crea las condiciones objetivas para su minusvaloración.
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