Cuando los legisladores estadounidenses no aprueben la legislación para financiar el gobierno federal antes de que finalice el año fiscal el próximo sábado, se producirá un cierre (o shutdown, en inglés). Dado que no se prevé que el Congreso apruebe los 12 proyectos legislativos de asignaciones que financian las operaciones del ejecutivo antes del inicio del próximo ejercicio, parece que las quinielas apuntan a un cerrojazo gubernamental el 1 de octubre de 2023.
A medida que se acerca esa fecha límite del 30 de septiembre, aumenta la probabilidad de que el 'shutdown' cristalice, por lo que de nuevo asoma la sombra de la duda en el sentido de cómo podría afectar esto a la economía, tanto en lo que respecta a la actividad como a la publicación de datos relevantes, y para el mercado de TIPS –bonos ligados a la inflación–.
Según un reciente informe del equipo de análisis de JP Morgan, en términos del PIB global de Estados Unidos, el lastre de un cierre del gobierno probablemente comenzaría siendo “muy pequeño”, pero podría “crecer con el tiempo”. Muchas de las principales estadísticas económicas del gobierno publicadas por el BLS (Bureau of Labor Statistics), el BEA (Bureau of Economic Analysis) y la Oficina del Censo probablemente se retrasarían, aunque los indicadores económicos publicados por otras organizaciones (por ejemplo el informe nacional de empleo o ADP) probablemente seguirían publicándose de acuerdo con sus calendarios normales.
“Si el IPC de septiembre no se publicara a finales de octubre, el Tesoro utilizaría una metodología alternativa para calcular el IPC de referencia para los TIPS, extrapolando un mes la tendencia de los 12 meses anteriores”, matizan los expertos del banco de inversión estadounidense.
Un impacto temporal
En cuanto a los efectos económicos, la entidad considera que un cierre de gobierno de corta duración sólo tendría un impacto marginal en el PIB global. En la actualidad, el gasto público federal no relacionado con la defensa sólo representa alrededor del 3% del PIB, y parte de este gasto continuaría con normalidad incluso durante el cierre.
“La BEA calcula el gasto público basándose en parte en datos sobre las horas trabajadas, y en este momento no tenemos una orientación clara sobre cuántos trabajadores serían suspendidos en caso de cierre (la cantidad ha fluctuado en el pasado dependiendo de qué agencias han recibido financiación y qué servicios se consideran esenciales)”, analiza JP Morgan en su informe.
“Anteriormente, hemos estimado que cada semana de cierre del gobierno reduce el crecimiento anualizado del PIB en aproximadamente 0,1%, siempre que el cierre del gobierno termine, el PIB debería recuperarse en una cantidad correspondiente”, agrega.
El cierre del gobierno 2018/2019 duró alrededor de cinco semanas (que abarcó desde el cuarto trimestre del 2018 y el primer trimestre del 2019). Hubo una clara caída temporal en el gasto federal no relacionado con la defensa en torno al cierre, pero es difícil ver efectos claros del cierre en agregados más amplios de la actividad económica.
En cuanto a los datos de empleo de la BLS, los empleados federales en suspensión de pagos seguirían considerándose empleados si mantienen su remuneración para el período de pago asociado con las semanas de referencia pertinentes.
Otros trabajadores que están sin trabajo y sin sueldo debido a los efectos indirectos del cierre (por ejemplo, contratistas federales) podrían eliminarse del recuento de empleo, pero el BLS no encontraría "impactos discernibles" del cierre del gobierno 2018/2019 en los datos de la encuesta de establecimientos.
“La encuesta de hogares podría verse impactada de manera más notable (dependiendo de cómo se alinee con las semanas de referencia relevantes relacionadas), con encuestas anteriores que muestran aumentos en el número de personas clasificadas como desempleadas por despido temporal y como empleadas pero ausentes del trabajo”, ahonda el banco de inversión norteamericano.
La publicación de datos podría complicarse
Las guías oficiales de las agencias estadísticas del gobierno están limitadas en este momento con respecto a lo que sucedería exactamente en un cierre, si se produce en las próximas semanas. Según un informe de Bloomberg, el BLS ha declarado que, en caso de cierre, “suspendería la recopilación, el procesamiento y la difusión de datos”, y se espera que cesen la mayoría de los servicios y actividades de la BEA y la Oficina del Censo.
Esto significa que muchas publicaciones de datos, como el informe de empleo, el IPC y el PIB, podrían retrasarse. Esto haría que un próximo bloqueo administrativo fuera potencialmente más perturbador para el flujo de datos que el cierre en 2018/2019, porque en esa instancia anterior el Congreso aún permitió la financiación del BLS, lo que permitió que los informes del IPC y el empleo se publicaran en sus calendarios normales.
La gravedad de las interrupciones del flujo de datos dependería de la duración de cualquier posible cierre y de cómo afecte al muestreo pertinente y/o al tratamiento y publicación de los datos. Por ejemplo, el muestreo para el informe de empleo de septiembre y el IPC probablemente se habría completado en su mayor parte al comienzo de un posible cierre, pero la publicación de los datos podría retrasarse si el gobierno siguiera cerrado en las fechas de publicación previstas: 6 de octubre para el informe de empleo de septiembre y 12 de octubre para el IPC.
Una vez reabierto el Gobierno, se tardaría algún tiempo en procesar y difundir los datos, como ocurrió en 2013. En ese episodio, el cierre de 16 días retrasó la publicación de los informes de empleo e IPC de septiembre unas dos semanas para permitir el procesamiento de los datos pertinentes una vez reabierto el Gobierno, a pesar de que la recopilación de datos había finalizado. La incertidumbre ya acecha.
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