Estaba previsto y en los papeles. Francisco Riberas, principal accionista de la empresa de alquiler de maquinaria GAM, pactó con el autodenominado G7 bancario (Santander, Sabadell, Liberbank, Kutxabank, BBVA, Caixabank y Bankia) una compensación en el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidiese usar el ‘superpoder’ para modificar las condiciones y precio de una opa.
Y así ocurrió. La semana pasada, el supervisor que preside Sebastián Albella invocó el artículo 9.4 del Real Decreto 1066/2007 -el mismo que no ha usado en las operaciones sobre Natra, Telepizza o Dia- para elevar el precio de la opa de GAMI (sociedad de Riberas) sobre GAM desde 1 euro hasta 1,72, es decir, un 72% más. De este modo, la valoración del 100% de las acciones de la pequeña compañía asturiana pasó de 33 a 57 millones de euros, elevando el coste de la operación para los compradores
El supervisor dio luz verde este miércoles a la opa, siete días después de modificar el precio. En realidad, la oferta se extiende a la adquisición de 9,4 millones de títulos de GAM, representativas del 28,28% del capital, ya que Riberas controla 54% del capital y ha llegado a un acuerdo con otros dos accionistas (la familia Domínguez (Mayoral) con su 6% y Banco Santander, con un 8,5%) para que no vendan y se mantengan en el capital. De hecho, la compañía seguirá cotizando en bolsa y los compradores no tienen ninguna intención de excluirla.
El sobrecoste final para Riberas asciende a unos 7 millones de euros, una cantidad simbólica para el tamaño de su fortuna (es el mayor accionista de Gestamp y Cie). Sin embargo, el multimillonario de la automoción obligó a los bancos acreedores -y anteriores accionistas de GAM con más del 63% del capital- a compartir los costes futuros en el caso de que la CNMV interviniese, como así ha sido. Todo un ejercicio de previsión.
Rescate concertado
Según el folleto de la opa, Riberas asumiría el pago de sobrecoste de un máximo inicial de 6 millones de euros. Si el sobreprecio fijado por CNMV superaba los 10 millones, los bancos lo descontarían de su parte de la deuda de GAM, mientras que si finalmente era superior a los 10 millones sería Riberas de nuevo el pagador de esas cantidades.
Dicho de otro modo, el nuevo dueño de GAM y la banca ya tenía previsto que la CNMV iba a actuar si consideraba que acreedores y oferentes actuaban de modo concertado. Fuentes financieras señalan a 'La Información' que se trata de un caso similar al Dia con las negociaciones entre banca acreedora de la empresa y Letterone (Fridman), aunque en este caso la concertación no ha quedado clara para la CNMV.
“Finalmente, en este sentido, se hace constar que, sin perjuicio de que la subida del precio por parte de la CNMV origine un sobrecoste, en cualquier caso, se mantendrá inalterado el precio de las acciones recibido por las Entidades G7”, es decir, los antiguos accionistas bancarios de GAM no se benefician de la subida del precio, aunque sí podrán hacerlo el resto de socios que no formen parte del acuerdo con Riberas y que hayan vendido sus acciones.
Proyecto Phoenix
Las entidades G7 -incluido Banco Santander que mantiene una participación en la compañía- han dado toda clase de facilidades a Riberas para que se haga cargo de GAM, ya que la empresa entró a formar parte del proyecto Phoenix, un programa auspiciado por el Gobierno en 2015 y que se enfocó en rescatar y reestructurar empresas sobreendeudadas pero viables. Los bancos, todos menos Santander, vendieron sus acciones a Riberas en marzo y han asumido quitas (rebajas) relevantes sobre una deuda inicial de 150 millones de euros.
En total, entre intereses y principal, los bancos acreedores rebajarán la factura a GAM por valor de unos 43 millones de euros, un tercio de la deuda total del grupo. A cambio, Riberas se ha comprometido a llevar adelante un ampliación de 26 millones que permitirán reflotar el balance del grupo. El proceso de venta de GAM comenzó a orquestarse en febrero de 2018 después de varias propuestas “no solicitadas” para hacerse con la empresa y la deuda, aunque la banca optó por abrir la búsqueda en un proceso dirigido hacia un comprador ‘amigo’ (y futuro tenedor de la deuda) y contactó con el dueño de Gestamp.
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