El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un Impuesto a las Transacciones Financieras que gravará con una tasa del 0,2% la compra de acciones españolas. El espectro fiscal se ceñirá a solo 70 compañías cotizadas que cumplen con el requisito de capitalización bursátil de 1.000 millones, casi dos tercios de las principales empresas de la Bolsa española, según la fecha de referencia para este dato (diciembre 2018). Según el Ejecutivo, la tasa recaudará unos 850 millones de euros anuales y cumplirá el objetivo de recaudar más.
Sin embargo, en el capítulo de exenciones o excepciones que no serán gravadas por este impuesto, aparecen algunas operativas que no casan con el espíritu de la tasa, considerada un freno a la especulación bursátil en círculos de PSOE y Podemos. Por ejemplo, estará exento del gravamen el préstamo de valores, es decir, que los accionistas que presten sus títulos a otros inversores no pagarán el citado 0,2%. Se trata de un tipo de operación que permite construir posiciones cortas o bajistas (que se revalorizan con la caída de la acción) y el modo con el que operan los ‘hedge funds’ en corto sobre las acciones española.
¿En qué consiste una operativa en corto? Caso práctico: un inversor A pide prestadas a un accionista B un millón de títulos de una empresa cotizada, pactando un alquiler o remuneración a cambio. A continuación, el inversor A vende en mercado esas acciones con la expectativa de caiga el precio de la cotización de esa empresa y pueda recomprar más barato posteriormente para devolvérselas al accionista B. El beneficio obtenido residirá en la diferencia entre el precio de compra y de venta como una inversión tradicional.
La nueva fiscalidad que impulsa el Gobierno coincide con la inesperada decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace algunas semanas de dejar de publicar, con efectos del 1 de enero de 2019, las posiciones cortas agregadas en las principales empresas que cotizan en la Bolsa española. Gracias a la exención del nuevo impuesto, los grandes ‘hedge funds’ que usan esta operativa seguirán pudiendo acceder al préstamo de acciones española.
Otra de las excepciones que contiene la ley permitirá que tampoco paguen la tasa actividades como la compra de acciones propias (autocartera) de una empresa, la emisión de nuevos títulos como en salidas a bolsa o en las grandes transacciones de los grandes brokers a la hora de cubrir posiciones de derivados o coberturas. Por último, también estarán fuera del alcance de la tasa la pignoración de acciones y el uso de títulos como colateral que impliquen cambios de titularidad para obtener financiación.
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