La necesaria tercera vía del CNI

Cada vez que se produce un cambio de Gobierno en España se vuelve a plantear la dependencia, en favor de uno u otro ministerio, de los servicios de inteligencia. Es un debate a menudo árido y que, en ocasiones, sirve más para enturbiar su labor futura que para potenciar su trabajo presente.

El CNI es uno de los pilares fundamentales del Estado. Su legitimación y existencia se justifica por la necesidad de contar con una herramienta capaz de advertir de los peligros y amenazas que pueda afrontar España, y dotar al Gobierno de la mejor información posible a la hora de tomar una decisión que puede salvar o poner en peligro, además de a nuestra economía, la vida de muchos ciudadanos.

La dependencia del CNI, a lo largo de su historia, ha sido una cuestión nuclear entre las primeras decisiones que debe tomar un Ejecutivo cuando llega a Moncloa. La solución no es clara, y como toda decisión complicada presenta ventajas e inconvenientes en función de la elección final adoptada que, como es norma en nuestro país, es criticada en cuanto es tomada.

Desde sus orígenes, el entonces CESID y anteriormente el SECED estuvieron íntegramente ligados al Ejército. En esta primera etapa, la relación Ejército - Estado apenas presentaba diferenciación alguna, por lo que, tanto por su eficacia como por su idoneidad temporal y jerárquica, su ubicación lógica era el, por aquel entonces, Ministerio de Ejército, en una pre-transición que necesitaba del papel de prevención de un servicio de inteligencia que era de lo más moderno que podíamos echarnos a la cara.

En 1977, las nuevas amenazas aconsejaron que el servicio se democratizara e institucionalizara plenamente, de nuevo una de las primeras decisiones de un Gobierno. El general Gutiérrez Mellado, con el Real Decreto 1558/77, construía un servicio de inteligencia perfectamente homologable en sus funciones con los estándares occidentales, incluyendo, por supuesto, el sometimiento al Imperio de la Ley en sus actividades.

El aumento de la actividad terrorista etarra, la situación geopolítica y el papel de España en el mundo aconsejaron que el CESID se convirtiera en el instrumento esencial, y casi único, en el asesoramiento al ministro de turno sobre las cuestiones relativas a la Defensa Nacional.

Una nueva vuelta de tuerca hacia la construcción de nuestro actual servicio de inteligencia se produjo en 2002. El Gobierno popular creó, a través de la Ley 11/2002, el Centro Nacional de Inteligencia incluyendo, entre otras cuestiones, el control parlamentario y judicial como parte esencial del servicio de inteligencia. El CNI quedaba así integrado a la perfección entre los tres poderes del Estado. Responsabilidad jurídica en el Ejecutivo, control efectivo por el Judicial y rendición de cuentas ante el Legislativo.

Hasta aquí todo correcto y digamos que normal. El servicio de inteligencia continuaba dependiendo orgánicamente, que no funcionalmente, del Ministerio de Defensa, en una concepción de los servicios secretos más próxima a la Defensa que a la Seguridad, concepto que la doctrina acuñó posteriormente.

Durante su etapa en el Ministerio de Defensa, el CNI alcanzó grandes éxitos y no hay que olvidar que al frente del mismo se nombraron a civiles, lo que aseguraba también una mayor independencia con respecto a su siempre cuestionada pertenencia al Ejército. Ya en 2009, el gobierno Zapatero nombró al general Félix Sanz Roldán como Secretario de Estado Director (SED), un nuevo paso que ha generado una estabilidad y modernización esencial en el funcionamiento independiente de la institución.

Desde 2011 se produce un importante cambio de rumbo en la historia de La Casa. En primer lugar, se aumenta considerablemente tanto la plantilla como la dotación presupuestaria para el CNI. En segundo lugar, y si me apuran a cambio, su dependencia se subordina a la Vicepresidencia del Gobierno. A la par se mantiene al actual director, lo que garantiza una transición tranquila de poderes, además de suponer un contrapeso al hecho de que un militar esté al frente de una entidad dependiente de un ministerio, llamémosle civil.

Durante todo este tiempo la labor del CNI no ha sido fácil. A los retos exteriores en forma de terrorismo internacional, se ha unido una situación interna complicada en la que una parte del Estado parecía querer disolverse del conjunto del mismo Estado. Una paradoja kafkiana a la que el servicio de inteligencia respondía con profesionalidad en grado sumo.

Su vuelta al Ministerio de Defensa no debe ser percibida como un paso atrás en la “civilización” del centro. Más bien al contrario. La aparición de nuevos fenómenos como las guerras híbridas, la inteligencia económica, la aparición en nuestro país de la Comunidad de Inteligencia, la Seguridad Nacional y el papel de los servicios de inteligencia 3.0 aconsejan retornar a los cuarteles de invierno, repensar y alejar al Centro de los vaivenes políticos. Desaparece el riesgo de permanecer en posiciones tan expuestas mediáticamente como puede ser, y así ha sido, una vicepresidencia.

En suma, la cuestión mollar no es si los servicios de inteligencia deben depender o no de uno u otro ministerio. La clave es reflexionar sobre si esto es de por sí una anomalía en el estado actual de nuestra democracia en comparación con otros países. Es la denominada tercera vía para el CNI.

Si acudimos al derecho comparado observamos como la norma es la independencia y autonomía de las denominadas agencias de inteligencia, como puede ser la CIA, la NSA o el FBI en Estados Unidos, organismos, especialmente el primero, que gozan de una autonomía plena en la que el director informa a la Casa Blanca y al Congreso, que únicamente pueden hacer propuestas a la agencia, pero no interferir directamente en ella.

Este aspecto es común con el MI6 y el MI5 británicos, que dependen directamente del Comité de Inteligencia Conjunta, organismo colegiado, o incluso en la DGSE francesa, esta última con un objetivo mucho más centrado en la inteligencia militar, pero que es un auténtico ejemplo en materia de inteligencia económica. Ésta es un reto esencial en el futuro de nuestro servicio de inteligencia, y que debería ser abordada por fin como una auténtica cuestión de Estado en nuestro país.

El CNI lleva adaptándose y reformándose casi desde su creación, y esta es una labor que es inherente a un servicio de inteligencia. La máxima de que no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta es una norma no escrita en el servicio de información de un país y es también vital en el complicado círculo de inteligencia – dirección, obtención, elaboración y difusión – que el CNI debe liderar, como órgano supremo de la Comunidad de Inteligencia de la que, no olvidemos, todos deberíamos formar parte.

En definitiva, la razón de ser de un servicio de inteligencia no es otra que la pervivencia del Estado y sus ciudadanos como medio de organización de la sociedad, independientemente de si este obedece a una u otra orientación política o si pertenece a un ministerio u otro. Junto a los tradicionales poderes y las Altas Instituciones del Estado, son el core en la configuración política de la Nación.

La autonomía e independencia del Centro, amén de servir para acabar con un debate superfluo, nos acercará a la auténtica misión y valor de un servicio de información, que es la elaboración de inteligencia para la mejor toma de las decisiones políticas, sean estas en los ámbitos económicos, militares o de seguridad de un país. Ex Notitia Victoria.