El siete siempre ha sido un número especial. Siete eran las maravillas del mundo clásico. Siete eran los planetas que en la antigüedad podían distinguirse a simple vista. Siete son también los días de la semana y el mismo número en que la luna cambia de fase.
Pues bien, esta semana el número siete vuelve a ser protagonista, ya que siete son las circulares que la CNMC ha puesto encima de la mesa para revolucionar el sector energético español a partir de 2020.
Como siempre en política, y la energía lo es, acción y comunicación van de la mano. Una de las mayores lecciones que en su momento aprendí sobre la comunicación institucional es el tremendo e inmediato efecto que puede tener una nota de prensa en los mercados regulados o incluso sobre la sociedad en su conjunto.
La mera insinuación, sospecha o atisbo de intervención normativa tiene su eco directo en el comportamiento y la reputación de los actores económicos afectados. Si encima se potencia desde las instituciones el daño puede ser irreversible.
Sin ir más lejos, las especulaciones sobre la prohibición de la matriculación de vehículos diésel, gasolina o híbridos a partir de 2040, ha ocasionado nueve meses de caídas consecutivas en la venta de coches en España. Este hecho coincide temporalmente con los primeros rumores de presentación del Proyecto de Ley de Cambio Climático. Un texto que aun hoy, y debido a la interinidad de un Gobierno en funciones, permanece en el cajón del olvido. Pese a no haber nacido aun, ya repercute en diferentes sectores, especialmente en el de la automoción.
En el campo de la energía las cosas no están mucho mejor. Coincidiendo con la filtración de las siete circulares que afectan a la retribución del sector eléctrico y del gas, las empresas afectadas perdieron más de 1.000 millones al día de capitalización en bolsa.
En total, más de 4.100 millones se volatilizaron con la simple sospecha de intervención del regulador. La duda sobre la existencia de un borrador provocó un efecto de caída en cascada en el parqué español, que afectó a todas las empresas reguladas.
Pese a que apenas unos días después la CNMC publicó en su página web las circulares malditas, la sangría no paró. 3% de media de caída de cotización entre las grandes energéticas, amenazas de revisiones de calificaciones de las principales agencias mundiales, puesta en cuestionamiento de los planes estratégicos empresariales y la lógica congelación de las inversiones previstas, han sido algunas de las consecuencias de una información que debería ser siempre institucional y que en muchas ocasiones se convierte en política.
Sobre el papel, es indudable que la propuesta supone una auténtica revolución en nuestro sistema energético, tal y como lo concebimos en la actualidad.
Para los profanos, algo que lleve el nombre de circular suena a burocracia, al típico y aburrido texto legal dirigido a homologar una tuerca o un intercambiador de calor de aire acondicionado.
Sin embargo, en este caso estamos hablando de la retribución financiera que reciben las empresas por sus actividades de transporte y distribución de electricidad y gas. En pocas palabras, es el dinero que pagamos a quien hace posible que la luz y el gas lleguen a nuestros hogares en unas condiciones óptimas para su uso. Da igual si su origen es renovable o no. Son las autopistas por las que circula la energía que consumimos.
De salir adelante, la nueva propuesta de la CNMC sin duda revolucionará el sector, pero lo hará fulminándolo. Al igual que sucedió con los famosos recortes a la retribución de las renovables, que están obligando a España a asumir indemnizaciones multimillonarias en las diferentes cortes de arbitraje internacionales, la reducción de un 7% en la retribución del transporte de energía eléctrica y de casi un 20% en el del gas supondrán el fin de una etapa de inversión continuada en las redes energéticas españolas.
Blanco y en botella. Si invertir no resulta rentable la máxima hispana del “que inventen ellos” se reconvierte al “que inviertan ellos”. El problema es que en el mundo financiero no existe Leonardo altruista alguno y los que arriesgan su capital tienen la mala costumbre de mirar muy mucho donde ponen su dinero.
La tan ansiada seguridad jurídica, un concepto que todo Gobierno abraza al llegar al poder, no puede amparar unas expectativas financieras y empresariales tan inciertas en sectores tan esenciales para un país.
Incluso es estratégico para un Gobierno, aunque esté en funciones, que ha apostado visiblemente por la transición energética de una manera clara y hasta el momento racional. Este impulso necesita precisamente del apoyo de una inversión en redes capaz de transformar un mix energético tan variopinto como el español para adaptarse a las necesidades de una economía baja en carbono, como la que plantea el no nato proyecto de ley de Cambio Climático. Una iniciativa que requerirá 42.000 millones de inversión en las próximas décadas y que con señales como estas puede quedar en entredicho.
Aunque resulte paradójico, la principal víctima de la propuesta del organismo regulador no es otra que el próximo Gobierno que se forme tras el “impass” legislativo en el que nos encontramos. Sin inversiones en redes será imposible realizar una transición ecológica ordenada y en la que se garantice que nuestra economía pueda acceder a unos costes energéticos aceptables por la industria, por las empresas y por los consumidores.
La cuestión se agudiza con el gravísimo problema de la generación de energía en nuestro país. Si admitimos que la energía nuclear tiene sus días contados, si asumimos que el fin de las grandes centrales térmicas ha llegado y si somos conscientes de que tiene que haber alguna energía convencional capaz de garantizar el desarrollo de las renovables en España a 2040, sólo podemos plantearnos una pregunta: ¿quién va a invertir en energía y redes en España en los próximos años?
Se han hecho muchas cosas mal en energía por casi todos los gobiernos. Incluso se podría afirmar que no ha habido ninguna política seria en una cuestión tan estratégica como la energética en lustros. Necesitamos un Gobierno que pare las máquinas por un momento, reflexione y considere que para alcanzar los objetivos establecidos en los Acuerdos de París y aprobar la prometedora Ley de Cambio Climático se necesita contar con el sector energético. Nada será posible sin él, puesto que es el garante de la viabilidad de las pretensiones políticas.
El sector no son únicamente las empresas. Desde las grandes corporaciones hasta las asociaciones de consumidores, todos son partícipes y corresponsables de poner solución a un problema que puede acabar con nuestra salud energética.
No se puede abordar la problemática de la pobreza energética sin una retribución justa a un sector que debe explicar en el extranjero cómo es posible que se reduzca en un 20% una retribución por invertir en un proyecto energético que necesita, de las energías convencionales - principalmente del gas -, el respaldo necesario para que las renovables puedan operar en todo el territorio.
Si apostamos por el coche eléctrico, alguien deberá instalar suficientes postes de recarga para que hacer un viaje Madrid Barcelona no suponga una aventura del mismo nivel de la que llevó a Ulises a retornar a Ítaca.
Es cierto que España apostó, allá por los años 80, por configurar un sistema basado en el gas como la principal fuente energética del país. Una apuesta que implicó diseñar un sistema de redes y tráfico energético en el que se dibujaba una estrategia basada en este gaseoso elemento. Sin embargo, la realidad provocó que en nuestro sistema muchas otras tecnologías y fuentes energéticas circularan por doquier.
Es decir, teníamos un mecanismo pensado y diseñado para una fuente energética que dejamos olvidada a comienzos de siglo. Ahora queremos pasar de un sistema convencional a otro renovable, reduciendo las inversiones y confiando al libre albedrío una transición tan necesaria como complicada.
En manos del próximo Gobierno estará hacer de este problema una solución para que, entre todos, podamos disfrutar de una energía limpia a un coste razonable y respaldada por otras que no dependan, exclusivamente, de la voluntad de Eolo, Poseidón o Helios para hacer posible el milagro de encender un interruptor en España.
Siete eran también los dioses japoneses de la buena suerte. Ojalá la tengamos y la cordura pueda imponerse a la improvisación.
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