La CNMC y los cárteles de la contratación pública: 'Alguien ha matado a alguien'

Después de una larga década de investigaciones, primero en el País Vasco y más tarde a nivel nacional, la CNMC ha terminado por parir un ratón en su lucha contra las singulares prácticas de contratación púbica que se llevan a cabo históricamente en diferentes departamentos de la Administración. El denominado ‘cartel de las consultoras’ ha estigmatizado a tres de las grandes big four, como son Deloitte, PwC y KPMG, por los llamados contratos de menor cuantía y sus consiguientes propuestas de cobertura que servían para intercambiar información y pactar el reparto a conveniencia en la comercialización de sus servicios profesionales. Al otro lado del mostrador, los licitadores institucionales se han ido de rositas ante la premiosidad de un organismo supervisor que ha preferido atarse los machos antes de enfrentarse a los miuras que pastan a sus anchas por el sector público y sus diferentes predios estatales, autonómicos y locales.

En su afán por adquirir carta de naturaleza como paladines de la competencia los responsables de la CNMC abordaron durante la etapa del anterior presidente, José María Marín Quemada, un análisis de mercado sobre el agujero que la mala usanza de la contratación pública genera en la cuenta de resultados del Estado español. El informe, fechado en 2015, señalaba que una cuarta parte de los casi 200.000 millones de euros que se gasta anualmente el Estado en compras de bienes y servicios responden a sobrecostes innecesarios generados no se sabe muy bien por qué ni por cuánto. En otras palabras, corruptelas arraigadas de antiguo en un país acostumbrado a hacer la vista gorda y que, como diría Serrat, siempre llega tarde donde nunca pasa nada. Para hacer bueno el adagio cabe recordar que el estudio en cuestión del supervisor pasó rápidamente al olvido y sólo sirvió para reforzar al entonces emergente Pablo Iglesias en su ideario doctrinal y propagandístico contra la casta.

La CNMC se ha limitado a advertir que algunos hechos protagonizados por agentes públicos en materia de contrataciones no están amparados por los ordenamientos legales 

Cani Fernández, la nueva presidenta del organismo regulador nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha amagado ahora con volver a poner en el foco la responsabilidad de los encargados de gestionar las multimillonarias adquisiciones de la Administración Pública. A fin de cuentas, tan culpable es quien toma como quien da y si cabe es éste último el que debe responder directamente ante la ciudadanía como gestor de recursos que son de todos los contribuyentes. Pero los deseos fiscalizadores de las autoridades de la Competencia no han pasado de un mero intento, un brindis al sol que se ha resuelto con una pequeña admonición de cara a la galería. El supervisor mayor del Reino ha concluido que no todos los funcionarios encargados de contratar los servicios de consultoría actuaron como cómplices necesarios de las irregularidades cometidas por sus proveedores y si lo hicieron las pruebas que podrían delatarles están prescritas por el paso del tiempo.

La CNMC ha entonado un socorrido `Vaya por Dios´ no sin antes dejar patente que “algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento”. Como en el chiste de Gila se podría entender que ‘alguien ha matado a alguien’ aunque obviamente la sangre dentro del sector público nunca llegará al río. La vara de medir se ha aplicado exclusivamente a las empresas privadas, gran parte de ellas multinacionales con hombros fuertes para aguantar la embestida de las instituciones estatales que tienen una reputación que defender ante los mercados. Eso sí, la CNMC ha realizado lo que se dice una faena de aliño para no dejar cicatrices en la piel de los condenados y la directora de Competencia, Beatriz de Guindos, ha tenido que utilizar el látigo de las multas con una suavidad impropia de su natural celo sancionador.

La cuestión que subyace detrás del quiero y no puedo de los tribunos encargados de velar por el correcto funcionamiento de los mercados obliga a discernir si los manejos que aquejan a la contratación pública en España no deberían ser perseguidos por instituciones menos vinculadas al establisment político. La soberanía de la CNMC, como la de otros entes reguladores análogos, es una pretensión avalada por ley, pero nadie ignora que la defensa de los valores de tan solemne organismo depende de unos comisionados designados a reparto después de un pasteleo entre las distintas formaciones parlamentarias. Podría entenderse que la naturaleza del poder que ha sido otorgado a la CNMC se genera como consecuencia de un cártel político, equivalente en su operativa a los de carácter económico que luego se dedica a inspeccionar, denunciar y sancionar el propio ente estatal de supervisión.

En Cataluña son instancias policiales las que investigan licitaciones de la Generalitat con contratos menores para adjudicar a conveniencia servicios de Medio Ambiente

En Cataluña y desde hace unos meses son instancias policiales las que vienen trabajando en la investigación de contratos menores adjudicados tal que así por determinados departamentos del Govern de la Generalitat. En concreto se trata de licitaciones en el área de servicios medioambientales que también han sido realizadas mediante las célebres propuestas de cobertura con el fin de garantizar el control final de los contratistas beneficiarios. El rastreo de dichas prácticas se está llevando a cabo de una manera reservada y, en cualquier caso, al margen de las intervenciones administrativas del organismo regulador y sus servicios técnicos. La inspección corre por cuenta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como corresponde cuando se trata de presuntas actuaciones ilegales donde la defensa de la sagrada competencia no puede ser utilizada como subterfugio para cubrir un abismo de irregularidades públicas con una pátina de multas orientadas exclusivamente contra el sector privado.

Ahora que la CNMC ha superado la 'guerra civil' padecida a lo largo de todo su primer ciclo de vida quizá sea necesario abrir un debate más profundo sobre lo que se entiende por corrupción en su acepción criminal y lo que más comúnmente se debe considerar como una licenciosa gestión de la gran corporación que por ser de todos no es de nadie y que se conoce como España SA. La autoridad de Competencia debe orientar su potestad ejecutiva hacia esta segunda lacra, de la que emanan consecuencias tanto o más escandalosas que de la primera. No hace falta incurrir en un ilícito penal para demostrar la más absoluta negación e incapacidad económica. Otra cosa es que no haya mayor delito social que el derivado de una praxis tan disoluta que enmascare la corrupción como prolongación natural de una ineficiente administración de los recursos públicos. Los que no son de nadie porque son de todos.