La reconstrucción económica y social: rescatados...o fritos a impuestos

Los masterchefs encargados de pringar en los distintos fogones ministeriales tienen ya dispuesta la denominada ensalada ‘pan y circo’ que será servida como plato único, si quieres lo comes y si no también, en la mesa que presidirá el antiguo lendakari vasco Patxi López de cara a la supuesta reconstrucción económica y social de España. Pedro Sánchez ha buscado en tierra de grandes cocineros a alguien que fue pinche antes que fraile y que estará muy agradecido de prestar nuevos servicios auxiliares a la causa de su partido. La flamante comisión especial parlamentaria puede que se quede en el intento y no sirva de mucho para evitar los efectos de la gran recesión, pero su objetivo estará cumplido si el Gobierno consigue colegiar las responsabilidades con el resto de fuerzas políticas o, lo que es mejor, sacudirse todas las culpas con los negacionistas de sus ‘creativas’ recetas podemitas.

El líder socialista trata de preparar a conciencia el camino de su particular desescalada con el fin de maniatar a todos los contrincantes antes de que la crisis económica despache sus descomunales facturas políticas al cobro. Al mismo tiempo que alardea sin temor a contagios con su mano tendida a diestro y siniestro, Sánchez se guarda las espaldas lanzando un primer mísil a la línea de flotación del Partido Popular: “Esta crisis no va a ser una excusa para abandonar el estado de bienestar en España como hicieron ustedes”, le espetó hace unos días con gesto ofendido a Pablo Casado. A partir de esta acusación se puede calibrar el grado de los proyectiles que va a gastar el Gobierno en su próxima campaña, cuando la debacle económica empiece a tocar la fibra verdaderamente sensible de la sufrida ciudadanía.

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Las medidas de choque contra la pandemia, a base de Ertes, moratorias diversas de pago y avales del ICO, son las únicas reformas incluidas en el programa de estabilidad recientemente enviado a Bruselas, por lo que se infiere que Nadia Calviño no tiene ningún otro proyecto en cartera que tienda a una mayor flexibilidad del sistema económico en nuestro país. Por suerte la vicepresidenta se ha cargado, o así parece, la tentativa de derogar ‘íntegramente’ la reforma laboral, pero eso no impide que la gran estrella del presunto movimiento de reparación nacional sea el glorioso Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un invento redundante y complementario de otras rentas de la misma naturaleza instituidas a partir de 1989 en el País Vasco y que durante la década de los noventa se propagaron por todas las comunidades autónomas.

Está visto que el Gobierno dual quiere hacer de España un paraíso estatal de miserables subsidios con el fin de imponer un estilo de vida 'dolce far niente' en la era del post-Covid19. El drama es que el sagrado y reforzado estado de bienestar que esgrime Pedro Sánchez como arma arrojadiza supone un 80% de todo el Presupuesto, incluyendo pensiones y sueldo de los funcionarios. La financiación de este arsenal requerirá un nuevo marco tributario cuya preparación artillera corre a cargo del Ministerio de Hacienda, si bien la alargada sombra de Podemos ha empezado a coletear detrás de la revisión del sistema fiscal anunciado por la mayor de las Montero. Con el pretexto de la escasa recaudación, que sitúa a España ocho puntos por debajo de la media comunitaria, los expertos económicos de la coalición social-comunista se han propuesto hurgar en el bolsillo de los contribuyentes hasta alcanzar durante esta legislatura la cifra mágica de los 100.000 millones de euros.

De momento, las oscuras intenciones confiscatorias se formulan como una mera transferencia de rentas, enardecida y amparada por esa supuesta justicia social que obliga a un ajuste de cuentas con los más ricos. Lástima que España, a diferencia de los grandes países desarrollados de Occidente, tiene pocos nominados que puedan aspirar a colarse en la lista Forbes más allá de Amancio Ortega, Florentino Pérez y algún otro ilustre de los que siempre aparecen en las prédicas revolucionarias del comandante Iglesias. En otras palabras, la consolidación fiscal sin reformas estructurales ni estricto control del gasto improductivo terminará generando un aluvión de impuestos que, en primera instancia, hará menos pudientes a los pocos que van quedando, pero que, acto seguido, acribillará a la clase media empobreciendo los niveles de renta de toda la sociedad española.

Por muy sobrecogedora que se observe la perspectiva, lo cierto es que nada de esto debiera sorprender a todo hijo de vecino ya curado de espanto a lo largo de los últimos diez años. La que nos espera es más de lo mismo de lo que viene ocurriendo en nuestro país desde la crisis financiera de 2008 y tiene su origen en una estructura impositiva que, amparada en la falacia progresista, castiga de manera secular al contribuyente más indefenso. El nivel de vida generalizado de un país se determina, en efecto, por los consumos públicos y privados a los que el ciudadano tiene acceso y hasta puede entenderse que algunos políticos inflamen de carga ideológica las circunstancias para incrementar los bienes públicos en detrimento de los bienes privados. Eso es lo que el Gobierno actual entiende como una mejora del estado de bienestar, al que, en términos generales, cualquier ciudadano está deseoso de acceder.

Hasta aquí casi todos de acuerdo pero, como decían los más viejos del lugar, quien algo quiere algo le cuesta. Un axioma repetido hasta la saciedad en la España previa al euro, cuando nadie daba duros a peseta, y que echa por tierra a día de hoy el voluntarismo doctrinal de cualquier propuesta que tienda a incrementar de manera decisiva los gastos de ‘papá Estado’. Ana Botín ha puesto el dedo en la llaga asegurando con su particular flema británica que “el estado de bienestar no se puede pagar de manera indefinida con deuda”. Viniendo de la presidenta del Banco Santander, y dado el influjo que la banquera mayor del Reino ejerce en la cúpula socialista, nos encontramos ante una declaración de principios en toda regla que para los más creyentes se traduce en 'ir rezando todo lo que sepáis'.

A mayor abundamiento, y si la oferta ‘gratis total’ de servicios públicos no es aconsejable que se financie con nuevos recursos ajenos, habrá que convenir entonces en la necesidad de una subida, en este caso bestial, de impuestos. En un modelo tributario eficiente, como pueden ser el de Alemania o el Reino Unido, la alternativa pasaría por gravar el consumo, aumentar el IVA, los bienes raíces, el alcohol, el tabaco y demás figuras tributarias emergentes en el sector medio ambiental. En nuestro país, y mientras no se aborde una reforma a fondo del sistema tributario, las bases impositivas son las que son, por lo que además de las múltiples cargas indirectas es necesario apretar una vez más la tuerca del IRPF y del Impuesto de Sociedades con el fin de exprimir hasta la última gota el limón de una recaudación exangüe tras la hibernación de la actividad económica.

Lo contrario sería como empotrarse contra el iceberg del rescate económico, una contingencia cada vez más verosímil y que probablemente sumerja al país entero en un gélido baño de realidad, pero de la que Pedro Sánchez quiere zafarse a toda costa para que el CIS del amigo Tezanos pueda seguir maquillando su maltrecha reputación. Cualquier rendija abierta a los hombres de negro, aun en la actual fase cero del MEDE blandengue que ofrece la generosa Bruselas, implicaría además un frenazo en seco de ese programa de colectivización social destinado a sufragar estómagos agradecidos con los nuevos salarios del miedo. No se trata de acabar con los ricos, sino con la aspiración que cualquiera pueda tener de llegar a serlo y para ello el Gobierno se ha propuesto, lo que se dice, fabricar un pan como unas tortas. Eso, y que vuelva el fútbol, nutriente básico en la formación del nuevo espíritu nacional durante esta última etapa del confinamiento. ¡Seguro que nos vamos a jartar!