Pedro Sánchez no está dispuesto a cambiar de actitud ni a buscar alternativas políticamente menos arriesgadas para lograr su investidura que está fechada para el 16 de noviembre. Cree que ofreciendo la amnistía a los independentistas conseguirá sus objetivos gubernamentales y mantenerse con cierta tranquilidad en La Moncloa. Es su manera radical de entender la conquista del poder. Otro político tendría, al menos, dudas razonables sobre la conveniencia de romper la concordia social con esta decisión de pactar con un prófugo a cambio de siete votos. No es el caso de Sánchez, lo que indica claramente cómo actúa su psicología y su forma de comportarse en la vida pública.
A pesar de ello, Sánchez confía en salvarse gracias a concederle la amnistía a los independentistas y luego esperar a que la amnesia haga efecto en la memoria de los españoles, que pasen los años y cuando vuelvan a convocarse elecciones ya nadie se acuerde de los desmanes políticos ni de la presencia de Puigdemont. Aspiración que está por ver y que no será nada fácil por muchos meses que transcurran. Es cierto que el tiempo cura grandes problemas, pero veremos si cura también estas profundas heridas que van directas al corazón y a la razón. Los ciudadanos lo olvidan todo o casi todo, pero la amnistía es un golpe tan duro que no será fácil ignorar, y menos si la cada vez más débil economía empieza a desplomarse indefectiblemente.
Lo que resulta realmente grave es que el problema no se circunscribe a la amnistía que Sánchez concede a los separatistas a cambio de sus siete votos, sino que con ello crea toda una nefasta situación de agravios que compromete y fuerza al Estado de derecho, a la Justicia, a la separación de poderes, a la seguridad jurídica y, principalmente, a la igualdad entre los ciudadanos. No son manías de la derecha lo que estamos viendo y oyendo, sino que son también protestas y exigencias de una izquierda mayoritariamente socialista: Javier Cercas, Jordi Sevilla, Felipe González, Fernando Savater, Juan Luis Cebrián, Alfonso Guerra, por citar unos pocos; junto a una larguísima lista -más de 100- de instituciones sociales y del Estado que rechazan frontalmente este ataque a la democracia.
Sin duda ha faltado pedagogía para aclarar las intenciones reales del Gobierno, además de claridad de ideas y una búsqueda de consenso que explique qué hay detrás de esta amnistía y de todos sus favores prestados. Se habla de un deseo de reconciliación pero en realidad sólo se intuye la ambición espuria por conseguir el alma de un prófugo y sus siete votos imprescindibles que permitan una investidura. Ese es el motivo y esos son los únicos beneficiados. Pedro Sánchez, tan fino a la hora de lanzar proclamas y relatos contra los que discrepan, se ha olvidado esta vez de afinar a su orfeón de tertulianos para que aclaren las múltiples ventajas de la amnistía, y por qué se condona a la Generalitat la deuda de 15.000 millones, se entregan las “rodalies”, y un largo etcétera de favoritismos. Los socialistas han descuidado aclarar las dudas a la opinión pública española pero también han olvidado hacerlo en Bruselas ante las autoridades comunitarias. Nadie comprende sus repentinos cambios de opinión. Hace meses la amnistía no cabía en la Constitución, lo decía el propio presidente y sus ministros, ahora es algo imprescindible y totalmente legal.
Toda la insubordinación social de estos días surge porque los políticos del PSOE que han de velar por la Constitución y las leyes, en su lugar las manipulan y violentan en beneficio de su interés partidista y personal. Pongamos un sencillo silogismo: si el marco constitucional no obliga a cumplir las leyes a unos ciudadanos, ¿por qué debería obligar a otros? ¿Acaso existen ciudadanos de categoría distinta? ¿Acaso aprobar leyes ilegales y proclamar una independencia unilateral no es suficiente delito para tener que responder ante la Justicia? ¿Si mañana otro grupo separatista decide hacer lo mismo tendrá barra libre para actuar o habrá que hacerle otra amnistía a la medida? ¿Por qué la reconciliación sólo la promueve el Estado, y los independentistas pueden seguir desacreditando la soberanía nacional que, a pesar de todo, es la que les ampara a ellos también?
La igualdad es el principio fundamental de las democracias y sin ella el futuro político y la prosperidad social se tambalean porque la injusticia siempre destruye y nunca puede construir nada positivo. Un país necesita consenso para avanzar. Anular o ignorar a la otra parte, a la oposición, por muy mal que te caiga, acaba pasando factura y rompiendo la concordia necesaria que te permite alcanzar el bienestar y la mejora de todos. La izquierda y la derecha política son los dos brazos fundamentales de una sociedad justa que aspira a crecer en democracia, y para mejorar todos juntos, sin dejar a nadie atrás, ambas están obligadas a entenderse y respetarse. No son sólo bonitas palabras, es una necesidad imperiosa. Esperemos que el futuro Gobierno, que es el principal controlador del poder y las instituciones, se sienta capaz de cumplir con este objetivo, sin denostar a sus rivales. Quizá convenga lucir menos progresismo de marketing y, en su lugar, propiciar más consenso y más progreso real.
