Estados Unidos está girando el foco de su maquinaria sancionadora hacia el gas natural licuado (GNL) de Rusia. Es una mala noticia para España, que ha elevado a los rusos a un rol de suministrador dominante desde que estalló la guerra en Ucrania en febrero de 2022, por cierto, en dirección contraria a las recomendaciones de Bruselas. Entre bambalinas, Moncloa y operadores energéticos han gestado una mutación en el suministro en apenas dos años que da vértigo.
Parece contraintuitivo eso de apoyar a Ucrania mientras se financia a Moscú, pero lo cierto es que la importación de gas ruso está permitida bajo el régimen de sanciones que los Aliados impusieron al Gobierno de Vladimir Putin por la invasión de Ucrania. En cambio, el petróleo está prohibido. Vivimos una etapa de oscurantismo político, sin explicaciones públicas de cualquier asunto y menos lo iba a ser la seguridad energética. Pero lo que queda patente es que lo que se dice no cuadra con lo que se hace, un patrón habitual de la presidencia Pedro Sánchez.
El chollo de importar gas ruso en barco en 2023 tiene evidentes ventajas económicas y contradicciones, en un momento en el que los principales compradores como Alemania se han retirado para reducir su dependencia después de décadas engancha a los gasoductos del Kremlin. Con 1.650 millones de euros en el primer semestre, España se ha convertido en el mayor comprador europeo del combustible ruso. El año pasado el desembolso supuso un volumen inferior pero a mayor precio, dentro de una factura récord que superó los 26.500 millones de euros en 12 meses.
La 'amnistía' oficiosa y temporal con la que ha contado España y otros países como Bélgica parece que está llegando a su fin. El Gobierno de Joe Biden acaba de poner la proa al yacimiento Artic LNG 2, operado por la gasista Novatek que iba a ampliar la capacidad de exportación rusa de GNL. Washington ha incluido el proyecto en su 'lista negra' de sanciones por la guerra y ha ordenado al Departamento del Estado y del Tesoro que implementen la sanción que afecta a toda empresa o persona que tenga relaciones económicas con la susodicha sociedad. De facto, la medida supone un veto a comprar un solo metro cúbico allí y mete tensión al mercado.
De momento, EEUU no pone en el disparadero a su planta gemela de Yamal LNG de la que proviene casi todo el gas de ese país que llega a España a través de contratos con Naturgy y Totalenergies, entre otros. Lo que está claro es que supone un aviso a navegantes para todos aquellos que operan con el gas procedente del Ártico ruso. Un veto total tendría efectos catastróficos en este momento para España debido a la dependencia que se ha generado bajo la etapa del actual Gobierno en funciones de Sánchez. Ahí queda el dato: Rusia ha multiplicado por diez el volumen de envíos de gas a las regasificadoras españolas en cuestión de cinco años.
La sanción de EEUU al proyecto de Artic LNG 2 supone cerrar la puerta a una recuperación a futuro de la presencia europea de Rusia en el mercado de gas a través del GNL, después de que sus gasoductos bálticos Nord Stream 1 y 2 quedaran en fuera de uso permanente tras los sabotajes del año pasado. La situación exige otra vez que los países europeos vuelvan a mirar a los yacimientos de EEUU para abastecerse durante este invierno, aunque con la relativa tranquilidad de tener las reservas llenas en este momento. En el caso de España, no es nada nuevo. Seguimos como uno de los mayores clientes del 'fracking USA' en términos históricos rivalizando con Japón, Corea del Sur y China.
Quizá la verdadera solución sea volver a mirar a Argelia en lugar de tener que establecer una relación desequilibrada con EEUU y Rusia. Operadores energéticos y gobierno parece que están manos a la obra con ello. Sería lo deseable. En octubre, el volumen de barcos con GNL argelino alcanzó una actividad muy intensa que abre la esperanza a una normalización del suministro desde ese país. Sin embargo, las heridas recientes en las relaciones diplomáticas y comerciales son profundas. Pueden y deben restablecerse por el bien de ambas partes. Para que eso suceda hay que tomar en consideración la gravedad de las afrentas, sacar de la mesa de diálogo el chantaje del gas como arma de negociación, la autodeterminación del Sáhara y recordar las ventajas de ser socios en lugar de competidores.
Parece que fue ayer la crisis diplomática a tres bandas entre Marruecos, España y Argelia a cuenta de la estancia hospitalaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, considerado un 'enemigo público número uno' en Rabat. El asunto degeneró en la crisis migratoria en Ceuta y Melilla aquel mayo de 2021 instigada aparentemente por las autoridades marroquíes. Luego llegó la 'invitación' a Ghali a irse de inmediato de España (junio) y la represalia de Argelia: el cierre del gasoducto Magreb-Europa-Durán Farell en noviembre en 2021, que cortó de raíz alrededor del 25% del gas que entraba a la red española pasando por Marruecos. Meses más tarde, Sánchez dio la sorpresa al apoyar a Marruecos en su plan de autonomía para el Sáhara en contra de los intereses argelinos en la región, y de la posición neutral que habían defendido hasta la fecha gobiernos de González, Aznar, Zapatero o Rajoy.
