El culebrón Grifols parece que está visto para sentencia, aunque no cerrado del todo. De hecho, las pistas poscréditos apuntan a una secuela en los próximos meses mucho más dramática que lo visto hasta ahora. Las lecciones del caso que se pueden extraer deben marcar un antes y un después en la difusión de la información financiera por parte de las empresas cotizadas, que habitualmente se arreglan, peinan y maquillan para salir con mejor aspecto ante los inversores cada vez que presentan cuentas. Un valor al alza debe ser la naturalidad y transparencia, el buen gobierno y, sobre todo, que los números sean comprensibles. La sofisticación, las operaciones vinculadas, 'Ebitdas' a la carta y la ingeniería financiera para cuadrar círculos tienen que ser, ahora y siempre señales, de alerta para todo inversor.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha pronunciado finalmente esta semana sobre Grifols después de más de dos meses de crisis reputacional de la multinacional farmacéutica, a raíz del análisis del 9 de enero de la firma activista Gotham, que puso en cuestión los cimientos de su contabilidad, gobernanza corporativa y determinadas operaciones vinculadas con una sociedad (Scranton) de una veintena de consejeros y la familia Grifols. El supervisor que preside Rodrigo Buenaventura ha tomado una posición salomónica dando la razón al oscuro inversor con nombre de comic en gran parte de las denuncias que elevó al público. A la vez ha sido benévola con la farmacéutica y ha decidido eximirle de tener que reformular la totalidad de sus cuentas, si bien sí le exige volver a publicar parte de ellas. Tampoco ejerce por el momento su capacidad sancionadora pese a que ha detectado “omisiones” y “deficiencias relevantes” en sus informes, que han sido previamente auditados por KPMG y, en lo relativo a 2023, también por Deloitte.
Recapitulando, para quien se sume ahora a la serie bursátil de no ficción, el esperado informe ‘forensic’ (investigación contable a posteriori) de CNMV concluye que la manera en que Grifols presentaba sus cuentas “ha dificultado la capacidad de los inversores para comprender adecuadamente la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo" de la empresa. Le recomienda que evite la personalización de sus métricas para aparecer mejor en la foto porque crea confusión. Le insta a detallar los desgloses de algunas unidades de negocio. Le exige que corrija un error grave con una filial (Inmunotek) que le genera pérdidas en resultados pero que Grifols consideraba una mera inversión. La ‘policía’ de los mercados españoles ha encontrado 400 millones de euros en operaciones con partes vinculadas que debían haber sido notificadas como tales, pero esa parece otra historia. Entre bambalinas, la familia Grifols ha tenido que abandonar la dirección y su actual presidente ejecutivo, Thomas Glanzmann, perderá funciones a partir del año que viene.
En cuanto al tratamiento contable de las filiales de plasma Biotest, Haema y BPC Plasma que son propiedad de Scranton, accionista de Grifols, pero que la farmacéutica contabiliza como propias pese a no tener acciones, la CNMV valida el criterio contable de la compañía y el auditor porque se ajusta a la normativa (NIIF 10). Ahora bien, la CNMV pone el énfasis en que “sigue sin incorporar” el desglose de activos y pasivos consolidados de esas empresas, que suponen una buena parte del Ebitda sobre el que se sustenta su capacidad de financiación. Y aquí es dónde se llega a la ‘madre del cordero’ del caso Grifols. La deuda de Grifols supera los 11.000 millones de euros y antes de 2025 tiene que refinanciar o afrontar el pago de cerca de 3.000 millones en vencimientos. Entre bonos y financiación bancaria, la farmacéutica ha pasado de ser un cliente preferente de la banca por su frenética actividad corporativa comprando empresas y emitiendo deuda, a convertirse en una de las preocupaciones más serias ahora mismo en el seno del Ibex 35.
Quizá por eso la CNMV ha evitado por el momento exhibir el mazo regulatorio en todo este asunto y se ha escudado en problemas de competencia a la hora de afrontar determinados asuntos del caso Grifols, como los relativos a la financiación de Scranton a través de la propia farmacéutica (¿es normal que una empresa financie a sus accionistas?) o del despacho de abogados Osborne Clarke, de cabecera para la compañía pero que contaba como socios del bufete a ejecutivos y accionistas clave de Grifols y Scranton. El problema es que su equivalente en Estados Unidos, la SEC, sí tiene poderes para llegar hasta el final y la empresa de hemoderivados tiene la mayor parte de su negocio en ese país desde la compra de Talecris en 2010.
Lo hará en cuanto alguien le explique, si puede, a qué se debe la polvareda con la compañía de Sant Cugat del Vallès. Más allá de esta cuestión, el futuro inmediato y crítico de Grifols pasa por concluir la desinversión en la china Shanghái RAAS al grupo Haier (unos 1.600 millones de euros) para poder sentarse con la banca a renegociar y refinanciar su deuda. De momento, las agencias de calificación (Fitch, S&P y Moody's) han rebajado el rating de la compañía, o advertido de que lo harán, hasta niveles altamente especulativos que tienen empresas en dificultades. Grifols lo es y tendrá que plantearse una hoja de ruta alternativa con más desinversiones y, probablemente, una ampliación de capital para equilibrar su situación actual.
