'Profit warning' de la economía española

El rápido deterioro de la economía española debería haber encendido las alarmas de los responsables de la política económica en el gobierno. Del crecimiento robusto y la velocidad de crucero queda tan sólo el eslogan, palabras vacías de contenido cuando la pérdida de competitividad de las empresas y la caída en la renta disponible de los hogares demuestran la inexistencia de un plan económico fiable para superar un otoño y un invierno marcados por la incertidumbre, los costes energéticos y más deuda.

El gobierno se esmera en revestir la realidad y actúa con los rasgos del mal gestor que, en lugar de analizar el trasfondo de los datos para obtener un significado, prefiere, a partir de un significado interesado, obtener los datos que lo avalan.

Un vistazo honesto al conjunto de los indicadores de la economía española sería imprescindible para diagnosticar con precisión nuestra situación, y ésta, nos obligaría a lanzar un profit warning para la economía española. Las excusas alrededor de cuestiones sobrevenidas e imprevistas no pueden esconder las malas decisiones adoptadas en materia económica por este gobierno y sus consecuencias.

Nos encontramos a la cola de la recuperación en Europa, no recuperaremos los niveles pre pandemia hasta finales de 2023 o principios de 2024 y ya estamos viviendo un frenazo económico en el tercer trimestre del año que previsiblemente se agudizará en el cuarto y en el inicio de 2023. Un infructuoso rebote financiado un incremento de deuda pública de 240.000 millones de euros desde febrero de 2020, que ha situado la deuda pública en un volumen récord de 1,475 billones de euros.

La inflación se ha extendido a toda la cadena de valor de bienes y servicios, como demuestra una inflación subyacente instalada en agosto en el 6,4%, que acaba de confirmar el INE. Los hogares españoles lideran, lamentablemente, la caída de la renta disponible de los países de la OCDE y las subidas anuales de bienes de consumo esenciales como la leche (26%), huevos (22%), yogures (17%), pan (15%), patatas (15%) o el aceite de oliva (13%) están deteriorando rápidamente las economías familiares más vulnerables. Para éstas, por sus patrones de consumo, el impacto de la inflación está reduciendo su capacidad adquisitiva en un 20%.

Deflactar los tramos del IRPF, cuando el Estado es el principal beneficiario de la inflación con un incremento en la recaudación de 22.000 millones más que entre enero y julio del año pasado, es un acto de justicia social que aliviaría los bolsillos de unos ciudadanos, que además de afrontar una carísima vuelta al cole, asisten al incremento del Euribor y el encarecimiento de las hipotecas y de la nueva financiación para empresas.

Los indicadores adelantados de la economía española están señalando una fuerte desaceleración del crecimiento que podría convertirse en recesión en 2023. La caída en el consumo de los hogares se deja sentir en las ventas de un comercio minorista que arrastra caídas en los últimos meses, especialmente en julio. Los índices adelantados de los gestores de compra de la industria manufacturera o del sector servicios (PMI´s), demuestran el estancamiento de la economía y la preocupación del tejido empresarial por los incrementos de los costes y por una incertidumbre creciente.

Sectores claves por su aportación al PIB, se encuentran lejos de las cifras pre pandemia. La automoción, clave para la economía nacional y que supone un 10% del PIB (incluyendo fabricantes de vehículos y componentes, distribución, seguros, etc.), se encuentra no sólo lejos de las cifras de 2019, sino incluso de 2021. Entre enero y agosto las ventas de turismos y todoterrenos caen un 9,4% con respecto al año pasado y el mes de agosto, ha sido singularmente preocupante con unas ventas un 30,3% inferiores a los 74.490 turismos vendidos en agosto de 2019.

El gasto de turistas internacionales se ha recuperado respecto a 2020 y 2021, pero sigue un 9% por debajo de las cifras que a estas alturas del año presentaba en 2019, la producción industrial cayó en julio un 1,1% con respecto al mes anterior, especialmente en bienes de equipo y el Índice de Sentimiento Económico que elabora Eurostat nos sitúa por debajo de la media de la UE y de países como Alemania, Francia, o Italia.

El mercado de trabajo ha mostrado síntomas de desaceleración alarmantes en los meses de junio, julio y agosto, a pesar de que el deterioro económico se traslada más tarde al mercado laboral, mostrando los pies de barro que cimentan el rebote de la economía española.

A todo ello, hay que sumar la inseguridad jurídica que el gobierno está generando con sus últimos anuncios. Intervenciones en los precios de los alimentos que solo conducen a escasez y racionamiento; la creación de nuevas figuras impositivas arbitrarias y de dudosa legalidad; anuncios sobre topes a las hipotecas a tipo variable que sólo servirán para encarecer aún más el crédito y expulsar del mercado hipotecario a las familias con rentas más bajas; o espolear las manifestaciones de los sindicatos contra los empresarios, denotan la improvisación y la irresponsabilidad con la que están actuando los socios del gobierno en las últimas semanas.

Por último, los fondos europeos que debían impulsar el crecimiento y la transformación industrial y económica del país siguen presentando cifras de ejecución finalista ínfimas, y los grandes proyectos estratégicos, los PERTES, apenas han resuelto convocatorias.

En este contexto no caben más retrasos, ni más políticas ideológicas, ni golpes de titular. Tan sólo reformas estructurales que flexibilicen la economía y la hagan más productiva y competitiva, políticas de bajos impuestos que impulsen la actividad, una estrategia fiscal que devuelva en largo plazo la deuda pública a volúmenes sostenibles y que de una vez se agilice la movilización de los fondos europeos en proyectos que verdaderamente incrementen nuestro potencial de crecimiento.