Montero ha explicado que haber incluido las enmiendas de PNV y PDeCAT, que excluye del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas, "no es un triunfo de los lobby".
PSOE y Podemos añaden 30 enmiendas más pactadas con sus socios y dejan todo listo para las votaciones definitivas del jueves tras más de doce horas de debate en la Cámara Baja.
El Gobierno suma así los 174 votos que confirman su aprobación en el Congreso por mayoría simple para su paso al Senado. El resto de apoyos vendrán del PNV, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC.
Fuentes internas confirman a este periódico que el diputado Víctor Píriz ha avisado a sus compañeros de que se habían equivocado en la votación de la nueva normativa, que sale adelante con 80 enmiendas.
El Ejecutivo recuerda que mediante las medidas desplegadas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania se estableció una limitación del precio máximo de venta.
Por cantidad, el PP vuelve a ser la formación que más propuestas ha registrado, con más de 2.300 enmiendas y como cada año, Vox ha renunciado a plantear propuestas para modificar las cuentas.
Para lograr su aprobación definitiva, el Gobierno tiene por delante cuatro semanas para amarrar los votos de sus socios en las votaciones decisivas, previstas para la semana del 21 de noviembre.
El Congreso ha dado el visto bueno a las recomendaciones consensuadas en la Comisión, pero ha rechazado los votos particulares que pretendían incluir nuevas medidas sobre las pensiones.
Hace casi dos semanas, Esquerra Republicana se abstuvo durante la votación de la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso para ajustar el impuesto al nuevo escenario que plantea la inflación.
El Gobierno de coalición vuelve a poner de manifiesto la división en sus filas, después de que la formación morada y el ministro de Consumo se haya desmarcado del voto en contra de Izquierda Unida.
En la web del portal inmobiliario, y después de que con anterioridad ya estuviese en otro, se publicita como una "exclusiva propiedad del año 1900, reformada en 1964 y en 2018".
Han respaldado el decreto ley ERC, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Coalición Canaria, Teruel Existe, el PRC y Compromís. El PP, Ciudadanos, Junts, la CUP, BNG y Foro Asturias se han abstenido.
Los partidos nacionalistas han incluido esta medida en las propuestas de resolución y señalan a "Cataluña, Euskal Herria y Galicia" como "máximos exponentes de naciones diferenciadas" en el territorio.
El líder de los 'populares' y el vicesecretario de organización en Génova, Miguel Tellado, han obtenido 41 votos del Grupo Parlamentario Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara autonómica.
Las tres formaciones han exigido la dimisión de la también responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por haber justificado esas escuchas durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
El nuevo líder del PP, que se ha comprometido a servir a los gallegos en cualquier destino, renunciará a su cargo en los plazos previstos y un mes después de tomar las riendas de Génova tras el congreso de Sevilla.
Las recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse.
"El BNG continuará trabajando para salvaguardar las empresas de nuestro país y para conseguir que Alu Ibérica mantenga la continuidad de la actividad y el empleo", ha señalado.
Para dicha cantidad, consignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se ha tenido en cuenta los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados del 10 de noviembre de 2019.
Asegura que diez años después, la Cámara baja vuelve a votar "el contenido de una norma que recupera derechos para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".
Ambos parlamentarios, en el punto de mira del Gobierno de Sánchez: su voto a favor de la reforma pactada con los agentes sociales o su abstención desbloquearía la situación; el voto en contra, hundiría el proyecto.
Supeditan el apoyo al decreto por excelencia del Gobierno a que no haya modificaciones de última hora con respecto a lo pactado con la patronal y los sindicatos, aunque desconfían de un acuerdo con ERC y Bildu.
La vicepresidenta del Gobierno explora fórmulas para incorporar las demandas de los partidos y atraer su voto para la convalidación de la reforma laboral el próximo 3 de febrero en el Congreso de los Diputados.
Además, pidieron que se recupere y establezca “la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos”
Según palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo de las cuentas públicas del próximo año es abordar una recuperación justa tras el coronavirus.
Página 1 de 4