Reformas que omite el Pacto de Toledo: la pensión mínima o la jubilación activa

El Congreso aprobó este jueves las recomendaciones del Pacto de Toledo, tras cuatro años de negociación repartidos en tres legislaturas, lo que permite al Gobierno empezar a legislar la reforma de las pensiones. La renovación de este texto ha sido avalada en los términos aprobados por la Comisión, al rechazar el Pleno los votos particulares presentados por el PP, ERC, Cs, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG. El rechazo a estos votos particulares deja fuera de las reformas puntos clave como la problemática de la pensión mínima o la jubilación activa. 

El fomento de la jubilación activa era una de las cuestiones que exigía Ciudadanos, cuyo voto particular tenía como objetivo acabar con toda penalización sobre la pensión. Además, presentó modificaciones a los planes de pensiones privados. En concreto, pretendían profundizar los incentivos para sentar "las bases de un verdadero sistema universal de previsión social complementaria de la Seguridad Social dirigido a todos los trabajadores en activo, por cuenta propia y ajena, durante toda su vida laboral".

Si bien no llegaba a mencionar el sistema de 'mochila austriaca', desde esta formación señalaban que la recomendación sería compatible con este modelo de aportaciones, que se acumularían durante la vida laboral y que podrían ser rescatadas en un momento de desempleo o para complementar la jubilación.

El PP, por su parte, también apostaba por cambios en las recomendaciones que afectaban a los planes de pensiones privados. Concretamente, el partido que lidera Pablo Casado buscaba suprimir la crítica recogida a su gestión, que pide más transparencia, y pedía apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no "eliminar" ni "reducir" sus deducciones fiscales. Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

En el camino se han quedado también las exigencias de Esquerra y Bildu, que, entre otros votos particulares, defendían subir las pensiones mínimas. Ambos partidos, que finalmente se han abstenido en esta votación, proponían para ello referenciar las pensiones mínimas al 90% del salario mínimo. Además, también pedían el 'destope' de las bases máximas, es decir, que cada trabajador cotice de acuerdo a sus ingresos reales y no haya un tope máximo que limite los ingresos de la Seguridad Social. 

Otras de las propuestas que han sido rechazadas y que, por tanto, no se incluirán en una futura reforma, son la derogación de las reformas laborales y de pensiones, la supresión de todo el punto dedicado a los sistemas complementarios, que la jubilación por encima de los 65 años sea voluntaria, calcular la base reguladora de la pensión en los mejores 20 años y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social, en base a los gastos impropios asumidos por esta en los últimos años.

Excepciones a las penalizaciones a jubilaciones anticipadas

Por su parte, Más País y Compromís defendían una redacción más comprometida con la eliminación de las penalizaciones a toda persona jubilada de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más. El Pacto recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, pero ambos partidos exigían fijar una nueva pensión en función de su base contributiva y años cotizados.

Sobre esta cuestión el Pacto de Toledo emplaza al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

El BNG, por su parte, reclamaba una batería de medidas, todas ellas rechazadas, como la recuperación de los 65 años para la jubilación, pensión mínima al 60% del salario medio, cálculo de la pensión en base a los mejores diez años de cotización y el 'destope' de las bases máximas.