Los planes urbanísticos son vitales para que una población se desarrolle con un sentido, ya que son los documentos que sopesan cuáles son los problemas a solucionar en el diseño urbano, qué ordenación se debe fomentar para darles respuesta, en qué plazos y que vías lo harán posible. Además, obligan a los ayuntamientos a adquirir una serie de compromisos que hagan realidad el diseño de ciudad aprobado, sin embargo, resulta llamativo que solo el 51,90% de municipios inscritos en el Sistema de Información Urbana (SIU) contaban con uno en 2021. La normativa autonómica tiene previsto este supuesto, ya que estos planes no solo recogen el proyecto a futuro de un municipio, sino que clasifican el terreno y determinan si por ejemplo es edificable o no. No obstante, resulta llamativo que al menos 2.300 municipios avancen ‘sin rumbo’.
El SIU es un instrumento, desarrollado por la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana junto a las comunidades autónomas y entidades locales y busca facilitar el conocimiento de la situación urbanística a nivel nacional para poder establecer comparaciones. Además, hay otros agentes implicados como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la D.G. del Catastro del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Instituto Geográfico Nacional. Según recoge el informe de 2021, actualmente cuenta con la información de 4.883 municipios, lo que supone un 60% de los municipios españoles. Sin embargo, aporta información del 72,5% de los ayuntamientos que cuentan con un planteamiento urbanístico, por lo que la estimación de 2.300 podría ser ampliamente superada, puesto que en España hay más de 8.000 municipios.
A partir de los datos del informe, se puede interpretar que la mayoría de municipios que carecen de un plan urbanístico son realmente pequeños o al menos cuentan con una población muy reducida, ya que los municipios integrados en el SIU representan al 95,6% del total de población y al 100% de los residentes en áreas urbanas y es que los conocidos jurídicamente como municipios de gran población (de más de 25.000 habitantes) cuentan todos con un proyecto urbanístico de mayor o menor antigüedad. Y es que los primeros planes recogidos en el informe se remontan al 1992, aunque la mayoría (53%) fueron aprobados entre 1993 y 2007, lo que no significa que no hayan sido revisados desde entonces, dado que la mayoría han sido actualizados en los últimos cinco años.
Este olvido del medio rural podría estar mermando sus oportunidades de progreso, porque allí donde no se ha elaborado un plan de desarrollo urbanístico, probablemente tampoco se haya vislumbrado un objetivo común que perseguir mientras muchos no dejan de perder población y las oportunidades quedan en manos de unos pocos. De no contar con un plan simplicado, como corresponde a las localidades de menos de 2.000 habitantes, en muchas de las ocasiones en las que no concurra en competencia de la comunidad autónoma de la que se dependa, las decisiones quedarán en manos del alcalde o los miembros del ayuntamiento sin ninguna obligación al respecto, pudiendo tomar decisiones con el foco en el corto plazo que no hagan sino empeorar la situación general de la comunidad.
Porque más allá de la vista a pájaro del municipio, estos planes buscan adecuar el sistema urbano a un máximo desarrollo de los factores productivos y también redistribuir de manera equilibrada los contingentes que aporte el territorio y las actividades productivas que se integren en él. Incluso, puede llegar a condicionar la prestación de servicios públicos, puesto que entre los objetivos que motivaron inicialmente estas guías figuraba evitar la dispersión, para lograr una integración espacial y que el territorio resulte funcional, así como proteger el carácter público de la mayoría de espacios y prever cuál va a ser el equipamiento necesario en cada uno de ellos. En definitiva, que sea el bien común o el punto de vista solidario el que guíe el proyecto del municipio y que este no responda a intereses partidistas o privados.
Aunque contar con un plan urbanístico, no es garantía de que estos se vayan a llevar a cabo, ya que en ocasiones, bien sea por cuestiones económicas o por pretensiones desproporcionadas, los proyectos no terminan de llevarse a cabo o quedan en ‘pause’ durante años. No obstante, la normativa obliga a los ayuntamientos a poner todos los medios en su mano para que estos sean llevados a cabo, precisamente para que los objetivos prioritarios que dieron lugar a su desarrollo no queden dejados de lado con los cambios de Gobierno o de intereses que no respondan al bien comunitario. Además, existen supuestos en los que un particular podría llegar a reclamar a la Administración daños causados por la inejecución de este plan, siempre que estos daños sean antijurídicos, efectivos, económicamente evaluables e individualizables, por lo que podría obtener una compensación.
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