La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Ejecutivo aplazará la aprobación de la Ley de Vivienda y analizará con detenimiento el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que critica la falta de claridad en el anteproyecto en cuanto al control de las rentas, pero ha avisado de que se trata de una recomendación que es preceptiva y no vinculante.
"Lo estudiaremos con atención y le daremos seguridad jurídica", pero "sin duda" el proyecto de ley seguirá adelante porque "tenemos un mandato con los ciudadanos" en el ámbito de la vivienda y los alquileres. El Consejo de Ministros por lo tanto no aprobará mañana la nueva ley pero si dará luz verde a un nuevo plan estatal de vivienda que renovará al anterior y que contempla el bono de acceso al alquiler de hasta 250 euros, además de que aprobará la nueva Ley de Arquitectura.
Plan estatal de vivienda 2022-2025
El plan estatal de vivienda 2022-2025 establece un nuevo paquete de ayudas para la población vulnerable, así como para los promotores de vivienda en alquiler asequible, mientras que el bono joven de alquiler (250 euros mensuales) está dirigido a los menores de 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Transportes suscribirá convenios de colaboración con las comunidades autónomas y condicionará la financiación estatal a que éstas cofinancien las medidas en determinados porcentajes que especifica el texto.
Con subvenciones de hasta el cien por cien de la renta en casos de vulnerabilidad sobrevenida y de colectivos especialmente vulnerables, el plan de vivienda abunda en el cambio de modelo iniciado por el plan 2013-2016 hacia el fomento del alquiler con carácter prioritario. Aunque mantiene la limitación de 600 euros de renta, ampliable a 900, del plan anterior (2018-2021), sube las subvenciones del 40% al 50% de dicha renta para familias que ingresen tres veces o menos el Iprem.
También prevé ayudas para que los jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a tres, cuatro o cinco veces el Iprem alquilen o compren casas en pueblos de menos de 10.000 habitantes y medidas para aumentar el parque público de alquiler con viviendas cedidas por la Sareb y otras entidades, empresas y particulares. Establece además subvenciones para los promotores que fomenten los alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares.
Bono joven desde el 1 de enero
En cuanto al bono joven de alquiler, se trata de una ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros), para facilitar su emancipación. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MItma) ha confirmado a Efe que este bono entrará en funcionamiento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y que podrán percibirlo cada uno de los jóvenes que comparta una misma vivienda.
Mejorar la calidad de la arquitectura
El Consejo de Ministros aprobará además, en segunda vuelta, el anteproyecto de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, avalada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que ha tenido un papel relevante en su redacción. Según el Gobierno, esta ley persigue impulsar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como elemento básico de la calidad de vida de las personas, promover el acercamiento de la arquitectura a la sociedad y establecer procedimientos de contratación pública ejemplares, que refuercen los valores de la calidad arquitectónica. Asimismo, pretende contribuir al desarrollo económico y social, a través de la renovación y la mejora de la calidad de la edificación y los entornos construidos, la protección del patrimonio cultural y natural y la modernización de la arquitectura.
"Un paquete que da respuesta a los compromisos del Gobierno con la ciudadanía", ha dicho Rodríguez tras incidir en que la Ley de Vivienda es muy importante porque tiene carácter de ley de bases para garantizar un derecho básico. Rodríguez ha incidido en que se trata también de una ley compleja y es "lógico que pueda haber dudas jurídicas". "Vamos a esperar a ver. El Gobierno quiere ser responsable con cada una de los informes y lo vamos a estudiar con mucha atención", ha insistido tras puntualizar que el informe del CGPJ no es vinculante y recordar que al Ejecutivo tampoco le gusta la forma en que está compuesto este órgano constitucional que lleva tres años en funciones. La ministra ha incidido en que sin su renovación "esta institución no contribuye a su reputación".
El pleno del CGPJ acordó por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y elaborar un nuevo texto, que debatirá el próximo 27 de enero y critica la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el anteproyecto, aunque avala su compatibilidad con el derecho a la propiedad.
Por su parte, Unidas Podemos ha criticado que el rechazo del Consejo General del Poder Judicial a la ponencia favorable a la futura Ley de Vivienda hace "dudar de la imparcialidad" que debería hacer gala el organismo, y desliza que algo ha tenido que ver la mano de las "élites del ladrillo" en este cambio de criterio. Así lo ha desgranado en rueda de prensa la coportavoz estatal y responsable de la formación morada, Alejandra Jacinto, para poner de relieve que la norma respeta el marco competencial de las autonomías, frente a lo que cuestiona la enmienda aprobada del vocal Enrique Lucas contra al informe elaborado por su homólogo progresista Álvaro Cuesta.
Concretamente, ha reprochado que este asunto se ha usado como "coartada" para provocar un retraso "injustificable de la norma" y que el CGPJ se ha "extralimitado" en sus competencias, dado que su pronunciamiento debería haberse ceñido al cambio dentro del Código Civil para prohibir desahucios sin alternativa habitacional. En consecuencia, ha enfatizado que el informe del CGPJ es "preceptivo" pero no "vinculante" y ha confiado en que el PSOE siga con ellos en la aprobación de esta normativa para hacer frente a la "emergencia habitacional" del país.
De hecho, ha recalcado que la normativa, que fue aprobada el 27 de octubre en Consejo de Ministros en primera vuelta, debería haberse remitido antes al Poder Judicial, sobre el mes de noviembre en lugar de diciembre. Preguntada por esa dilación, Jacinto ha dicho que esa cuestión debe aclararla la titular de Transportes, Raquel Sánchez.
Derecho a la vivienda vs. 'lobby del ladrillo'
Durante su comparecencia, la coportavoz de Podemos ha expresado que están "francamente preocupados" por este giro de "180 grados" en el CGPJ, que ha pasado de una propuesta favorable a la normativa, con incluso propuestas de mejora que podían incorporarse al texto, a un rechazo que hace cuestionar su imparcialidad.
Una situación que, a su juicio, pone de manifiesto que en materia de vivienda hay dos polos, la defensa de su consideración como derecho humano por parte de los colectivos sociales y el bloque de investidura, frente a "algunos sectores de la Judicatura", el "lobby del ladrillo" y los "especuladores" al generar un "retraso evidente" a una ley que garantizará bajada de alquileres, la movilización de vivienda vacía, la movilización de un parque público de pisos y el freno a los desahucios sin alternativa habitacional.
También ha reprochado que el CGPJ tampoco cumple los plazos legales que debía haber seguido y que entrar en disquisiciones sobre el impacto competencial de la norma supone una extralimitación de funciones que "no debería tener cabida". Es más, ha recalcado que medidas como la regulación del precio del alquiler va en la línea de las actuaciones emprendidas por la Generalitat catalana y valenciana.
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