España establecerá una compensación por el uso de contenidos en internet

Madrid, 14 feb.- El Gobierno español aprobó hoy un proyecto de reforma de ley de Propiedad Intelectual que compensará a las empresas editoras por el uso de sus contenidos, creará una ventanilla única para el pago de los derechos de propiedad intelectual y perseguirá a las web que ofrezcan listados piratas.

Una reforma que ha sido recibida con cautela por el sector cultural y por el principal grupo de la oposición, partidarios de profundizar y ampliar la interlocución durante su tramitación parlamentaria.

Una de las principales novedades que introduce el texto se refiere a las reseñas de prensa de los agregadores de contenidos (como Google News), al reconocer el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos.

Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte explicaron que el Centro Español de Derechos Reprográficos se encargará de fijar y recaudar las tarifas para los agregadores de contenidos.

Pero si en tres meses no hay un acuerdo sobre las tarifas, la Comisión de Propiedad Intelectual será la encargada de fijarlas y el plazo de implantación será de 5 meses.

Esta medida fue calificada de "pionera" por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que indicó que se autoriza así con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos, ya sean informativos, de entretenimiento o formadores de opinión, pero con un "derecho irrenunciable" a una compensación equitativa.

Francia y Alemania han puesto en marcha mecanismos similares: el Gobierno francés ha llegado a un acuerdo con los principales agregadores de contenidos que no han satisfecho a los editores, mientras que en Alemania cada editor debe negociar por su cuenta.

En materia de lucha contra la piratería intelectual, la ley atacará "las vulneraciones a gran escala", según las fuentes, y se podrá actuar contra las web que tengan como principal actividad facilitar de forma masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente.

La norma dota además a la CPI de mecanismos para estrangular económicamente a las páginas que no atiendan a los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, a través de la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad, y que puede llegar al bloqueo de la web.

En caso de incumplimiento, se podrán imponer sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros.

La ley revisa el concepto de copia privada y mantiene la financiación de su compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque este sistema es transitorio, a la espera de una armonización europea.