La ley de protección a la infancia va a implicar un vuelco en el articulado del Código Penal. La nueva normativa aprobada este martes en el Consejo de Ministros supondrá una modificación en más de 30 apartados del texto que determina las penas cuando se comete un delito. Esos cambios implican un mayor respaldo a los niños y niñas que son víctimas de abusos y agresiones sexuales, que además podrán denunciar a sus agresores durante mucho más tiempo sin que los tiempos de prescripción empiecen a correr hasta que cumplan 30 años. Además, la edad será un factor a considerar dentro de los delitos de odio, por lo que se dota de otra figura más que sirva para dar respaldo legal a los menores que se vean sometidos a cualquier tipo de ataque.
La ley, que tendrá que ser validada por el Congreso, incluye numerosas novedades que modifican desde los protocolos de denuncia hasta las declaraciones en sede judicial. En este último caso, se establece como obligatoria la realización de una prueba preconstituida para que se tome declaración a las víctimas y se le requiera toda la información necesaria en fase de instrucción. El fin es evitar que los menores tengan que ir a declarar a un juicio para impedir que "que el lapso temporal entre la primera declaración y la fecha de juicio oral afecten a la calidad del relato, así como la victimización secundaria de víctimas especialmente vulnerables".
Los condenados por delitos que "atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años" también tendrán mucho más complicado acceder a beneficios penitenciarios o que se tengan en cuenta los posibles atenuantes. Por ejemplo, los requisitos para acceder a libertad condicional o a permisos temporales para salir de la cárcel se endurecerán a través de la reforma de los artículos 36 y 90 del Código Penal. También se suprime la posibilidad de extinción de la responsabilidad criminal cuando un agredido menor de 18 años decida perdonar a quien ha cometido un delito contra él o ella.
Otra de las modificaciones tiene que ver con los delitos de lesiones que implican una pena de prisión de dos a cinco años. Hasta ahora, el artículo 148 establecía que esta condena aplicaría a quienes agredieran de alguna manera a los menores de 12 años. Con la nueva ley de infancia, se amplía esta protección hasta los que tienen 14 años. El texto también recoge el reproche penal a quienes inciten a realizar comportamientos nocivos para la salud a través de los medios de comunicación social. Lo que se acompaña de una dotación a las autoridades judiciales para que puedan retirar esos contenidos para que no los autores no insistan en su actitud delictiva.
La idea del Gobierno es que esta ley sirva para proteger a los menores al mismo nivel que se hace con las mujeres con la ley de violencia de género. El ámbito de la igualdad tiene peso en un nuevo artículo 17 bis que se añade al Código Penal. Este marca que aquellos menores de 14 años que ya puedan tener responsabilidad penal sean sometidos a un plan de seguimiento para que se determine cuál es su situación socio-familiar, que tendrá que ser ejecutado por los Servicios Sociales. Si este niño o niña cometiera un delito contra la libertad sexual, se obligará al joven acusado a realizar un módulo formativo en igualdad de género.
Llega el coordinador de bienestar
Otras medidas implican la creación de la figura de un coordinador de bienestar y protección en todos los centros educativos, que será el encargado de elaborar protocolos de prevención y de concienciación para alumnos y profesores sobre cualquier tipo de violencia que se produzca en el colegio o en la localidad donde se sitúe el mismo. También tendrá el encargo de denunciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier indicio de posible delitos contra un menor. La supervisión de su labor corresponderá al equipo directivo, que podrá seleccionarle de entre su personal actual o tendrá la opción de requerir a una nueva persona para que se ocupe del cargo.
La presentación de esta nueva legislación la ha llevado a cabo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que desde que llegó al Gobierno asumió sacar adelante un texto que ya dejó listo la anterior administración de Pedro Sánchez. La responsable de la misma fue la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, que fue la que comenzó las reuniones con el pianista James Rhodes, que fue víctima de agresiones sexuales cuando era niño y ha avalado esta reforma. Con la llegada de la coalición al Ejecutivo, Iglesias se encargó personalmente de la misma y se puso como objetivo que fuera su primera norma aprobada. Además, la rebautizó como "ley Rhodes" en un guiño al músico. Pero la pandemia de coronavirus entorpeció sus planes y ha tenido que esperar hasta tres meses para lograrlo.
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