El grave peligro de las conexiones fraudulentas

Un día en la Cañada Real: recorrido por la hipocresía de la pobreza energética

Darse un paseo por el sector 6 de la Cañada es una actividad de alto riesgo. Los peligrosos 'pinchazos' en los cables eléctricos componen un recorrido que mezcla la pobreza extrema con la delincuencia.

Efe
El Banco del Bebé de la Fundación Madrina reparte alimentos en la Cañada Real.
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Darse un paseo por el sector 6 de la Cañada Real es una actividad de alto riesgo. No lo es tanto por la acumulación de chatarra y escombros. Tampoco por el olor a marihuana cultivada, que llega más allá de lo que los pulmones permiten inhalar. Lo es por las decenas de evidentes y peligrosos “pinchazos” en los cables eléctricos que se ven en un recorrido que mezcla la pobreza extrema con la delincuencia a media y gran escala.

La Información ha tenido acceso a las instantáneas que reflejan la precariedad del estado de las conexiones fraudulentas, que ponen en peligro a los miles de ciudadanos que malviven en un lugar incómodo para todos los actores implicados en dar una solución al asentamiento ilegal más grande de Europa. La sensación de miedo sobrecoge, ya que el riesgo de poder electrocutarse o de que todo explote es absoluto. Esta impresión es la que acompañará al visitante a lo largo de los más de 14 kilómetros por los que se extiende la Cañada Real.

Diego Crescente
La precariedad del estado de las conexiones fraudulentas ponen en peligro a las miles de personas que malviven en la Cañada.

Diego Crescente

El robo de electricidad es una práctica que el más común de los mortales asociaría con otras latitudes y zonas deprimidas del mundo; pero ocurre aquí, a escasos 20 kilómetros de la capital del país, coincidiendo con el centro geográfico del Reino de España. La ola de frío que vive Madrid, junto al incremento del precio de la luz, han puesto en el centro del foco mediático a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, aquellos que en los últimos años han acaparado gran parte de la inmigración proveniente del norte de África y que ofrecen un panorama más próximo a las 'kabilas' del Rif que a la submeseta castellana.

La realidad muestra el peligro a pie de calle, o más bien a pie de poste, en los apenas cuatro contratos que Naturgy, la empresa que ofrece el suministro eléctrico en la zona, tiene firmados, entre ellos, con la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, la asociación de vecinos y la incineradora de Valdemingómez. Todos suman una potencia irrisoria en comparación con el consumo eléctrico efectivo que se realiza en estos sectores. Decenas, cientos de empalmes, se suceden unos a otros, hasta tejer una tela de araña en la que es prácticamente imposible determinar quién está conectado a qué, poniendo de manifiesto una peculiar arquitectura aérea que desafía el gélido cielo madrileño.

Diego Crescente
La precariedad del estado de las conexiones fraudulentas ponen en peligro a las miles de personas que malviven en la Cañada.

Diego Crescente

Las reglas de tres también son aplicables a la energía. Si la capacidad de distribución instalada es de 100 MW y se consume 100 + 2000 MW, lo más probable es que “los plomos salten”, llevándose consigo la electricidad de hogares, chabolas, plantaciones de marihuana o cualquier otro centro público o privado que esté conectado, legal o ilegalmente al punto de distribución primario.

Este es el auténtico nudo gordiano de la situación de la Cañada y que ninguna institución parece dispuesta a arreglar. Los asentamientos ilegales producen grandes dolores de cabeza a las administraciones, en especial a las locales. Cuando su instalación se reduce a unas pocas personas o familias el problema apenas alcanza una magnitud digna de mención, pero cuando hablamos de miles de personas que no tienen acceso a la red de electricidad, canalización de agua, tratamiento de residuos o, incluso, asistencia sanitaria o educacional próxima, es entonces cuando el problema se convierte en un huracán, dispuesto a arrasar todo aquello que se le ponga por delante.

La necesidad instintiva de luchar contra el frío ha llevado a cientos de habitantes a conectarse ilegalmente a la red eléctrica de la Cañada. Y es que el instinto no conoce, ni debe conocer, de situaciones administrativas, permisos de construcción o células habitacionales. Conoce de fuego para calentar un café o una estufa con la que pasar, en unas mínimas condiciones, una noche más.

Este impulso, unido al coste cero de la operación, es el que lleva a “puentear” cables “a cualquier coste”, incluso el de la seguridad propia o familiar. La estructura de seguridad es tan precaria que incluso la Unidad Militar de Emergenccias (UME) se llevó las manos a la cabeza al ver el estado de las conexiones ilegales que no soportan ya ni un solo vatio de potencia añadida a riesgo de que salte todo por los aires.

La hipocresía puede llevarnos a pagar con dinero público plantaciones de droga

Si hay algo que demuestra la situación en la Cañada es que la economía, incluso la ilícita, funciona. La imposibilidad de atender el suministro eléctrico ha hecho que la compra de generadores autónomos se multiplique para dar cobertura eléctrica a aquellos ciudadanos que se lo puedan permitir y, por supuesto, a las grandes plantaciones que “generan” marihuana a escala industrial. La estructura ha caído, incluso para la marihuana. Para ella, un parón en el suministro eléctrico implica la pérdida, cada segundo, de miles de euros, amén de romper una cadena que lleva, desde el sector seis, droga a todos los puntos de la ciudad, España y Europa, gracias a la introducción de mafias de todas las nacionalidades, que exigen a sus productores la entrega de la mercancía a cualquier coste. Sí, a cualquier coste.

El escenario es complejo y afecta en mayor medida a los vecinos que, estando dispuestos a regularizar su situación eléctrica, están alejados de esta práctica y que reconocen a La Información ser conscientes de que “la empresa no va a pagar la maría”, pero sí exigen una solución a su situación. La imposibilidad de adecuar las instalaciones eléctricas en el corto plazo ha llevado a la Comunidad de Madrid y Naturgy a entregar más de un centenar de bombonas de butano y estufas de gas para las familias afectadas tanto en el sector 5 como el 6, tras más de dos meses de continuos cortes en el suministro.

Diego Crescente
La precariedad del estado de las conexiones fraudulentas ponen en peligro a las miles de personas que malviven en la Cañada.

Diego Crescente

Una solución temporal, pero que en ningún caso puede llegar a erradicar una práctica que reduce considerablemente a los productores de droga, ocupados en la minuciosa búsqueda de la eficiencia industrial a coste cero, más aún si el “paganini” energético es una empresa o institución pública. Tanto la Delegación del Gobierno como los Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, Coslada y el de la capital, responsables administrativos de parte de los seis sectores, se han puesto manos a la obra para dar una solución definitiva a esta cuestión, que pasa por reconocer que no nos encontramos ante un asunto de pobreza energética, sino de marginalidad extrema y de falta de reconocimiento y servicios básicos a la zona.

Por su parte, la Comunidad de Madrid se mantiene firme en su intención de realojar a los vecinos del sector 6 en viviendas o “soluciones sociales”, para así poner coto a la degradación de un asentamiento lleno de parches, empalmes y sobre todo hipocresía: la que puede llevarnos a pagar con dinero público plantaciones de droga.

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