"Europa se está partiendo en dos y España está en el vagón de cola". Estas declaraciones de José López Tafall, director general de Anfac, hacen referencia a la demora en las ventas de coches eléctricos en España respecto a sus homólogos europeos. La automoción afronta una década clave para su transformación hacia la carretera 'net zero' dibujada desde Bruselas, pero esta sigue siendo una utopía en nuestro país. En esta línea, el sector busca el apoyo del Gobierno para acelerar la electrificación mediante un plan basado en tres pilares: la infraestructura de recarga, la penetración de los modelos electrificados y la fiscalidad.
Estas son las líneas de actuación en las que la automoción reclama más atención del Ejecutivo para fomentar la compra de un coche, cuyas ventas no representan ni un 10% del parque nacional, cuando en otros países como Portugal (26,8%) o Francia (25%) ya suponen un trozo importante del pastel. Así se puso en valor el pasado martes en el foro de movilidad organizado por Anfac, donde se reunieron las principales empresas del sector para analizar la hoja de ruta a seguir de cara a cumplir con el plan 'verde' de la Unión Europea.
El éxito del vehículo eléctrico en Portugal se debe al apoyo a las empresas en la renovación del parque.
En esta coyuntura, la industria coincide en que España tiene en sus países vecinos un buen modelo a seguir para incentivar a los ciudadanos a dar el salto a la electrificación. Según detallan desde el sector, nuestra principal desventaja frente a ellos es la fiscalidad. "Debemos mejorar la fiscalidad, el éxito del vehículo eléctrico en Portugal se debe al apoyo a las empresas en la renovación del parque", explicaba López Tafall. Los datos lo corroboran: en España, el coche electrificado tiene una cuota de penetración en las empresas del 12%, en Portugal del 27%.
El sector insta a agilizar los trámites
Asimismo, la automoción también demanda a Moncloa que agilice las ayudas del Plan MOVES III, que en lugar de incentivar, "desesperan al ciudadano" como critican desde Anfac. La asociación insiste en reducir el tiempo de estas ayudas que tardan hasta un año en llegar al solicitante. Las ayudas netas, que oscilan entre 3.710 y 5.670 euros (con achatarramiento) o entre 2.385 y 3.645 euros en caso de no entregar un coche antiguo para achatarrar, son superiores en cuantía a las de Portugal, sin embargo el sistema luso es mucho más sencillo.
El gobierno de Costa concede 3.000 euros, sin problema alguno con el papeleo ni necesidad de achatarrar ningún vehículo, a cualquier particular que desee adquirir un nuevo coche eléctrico hasta de 62.500 euros. La ayuda se llega a duplicar para los coches de empresa, que cuentan con una bonificación de hasta 6.000 euros, comenzando así la renovación del parque por quienes tienen más posibilidad de desgravarse la inversión, lo cual facilita su retorno económico.
El crecimiento de la electrificación en Francia tampoco es una casualidad. El Ejecutivo francés puso a disposición de su población uno de los programas más generosos en sus incentivos a la compra de modelos eléctricos. Con un presupuesto de 8.000 millones, las ayudas pueden ascender a 10.000 euros de descuento en el precio final del vehículo. Además, ofrecen subvenciones de hasta 1.000 euros si el comprador reside o trabaja en alguna de las zonas de bajas emisiones.
Las infraestructuras de recarga, a la cola de Europa
Al laberinto burocrático del sistema de ayudas en España, le acompaña una débil red de infraestructuras de recarga. Actualmente, se encuentran operativos algo más de 16.000 puntos públicos. Esto se traduce en una proporción de 1,6 cada 100 kilómetros, que en otros países como Portugal se eleva a 24,9 puntos de recarga por radio de 100 kilómetros, reflejados en un mapa oficial facilitado por el gobierno luso, que en España aún es inexistente.
El sector privado español se encuentra con muchas trabas en el desarrollo de las infraestructuras. Según recoge el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), más de 42.000 solicitudes se encuentran a la espera de ser tramitadas. En aras de agilizar el proceso se han sustituido licencias de obra por declaraciones responsables, pero muchos permisos específicos continúan sin solución.
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