Cuando el 15 de mayo de 2011 una manifestación convocada para denunciar la situación precaria de los jóvenes acabó en una acampada en pleno centro de Madrid, hubo una pregunta que se lanzaba desde distintos foros: "¿Qué es lo que quieren?". Esa cuestión es la que rodeó al movimiento 15-M, que marcó un antes y un después en las movilizaciones sociales y que este sábado cumple 10 años. La respuesta con la que se solía solventar esa duda era que había despertado una conciencia colectiva que denunciaba las injusticias. Por lo que se resumió como una protesta política. Pero era mucho más que aquello. El 15-M fue sobre todo un movimiento económico, que reclamaba un giro al sistema imperante y que exigía medidas para cambiar el modelo. La última década ha servido para evidenciar que muchas de esas propuestas fueron aceptadas socialmente. E incluso ya son una realidad y aparecen en el BOE.
La economía fue el gran protagonista de la mayoría de asambleas que se celebraron en la Puerta del Sol entre mayo y junio de 2011. Durante los 28 días que duró la acampada y los meses de protestas posteriores, los foros que se celebraron en el centro de la plaza tuvieron como centro de las discusiones asuntos relacionados con las condiciones de vida, los salarios o la vivienda. Muchos de esos temas eran desconocidos para la mayoría de la ciudadanía. Lo que facilitó que se pusieran sobre la mesa fueron precisamente esos encuentros. Finalmente, los asamblearios pactaron una batería de medidas a través de la comisión de economía. La deuda, los impuestos o los pagos de la administración también formaron parte de esa suerte de programa. Algunas abrieron un debate de manera inmediata. A otras les costó más. Y a otro porcentaje, aún no le ha llegado su momento o han sido descartadas por completo.
Empleo, salarios, jornada laboral...
Una de las primeras reclamaciones tenía que ver con las relaciones laborales. Los 'indignados' exigían que se construyera un nuevo marco que se consensuara con la ciudadanía. A esto sumaron la exigencia de derogar "los aspectos de la última reforma laboral y de las pensiones" que implicaran recortes de derechos. Lo primero nunca se ha llegado a hacer. Pero de lo segundo tomaron nota tanto el PSOE como Unidas Podemos, que están preparando cambios para 'desarmar' las legislaciones de esos ámbitos que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El aumento del salario mínimo interprofesional fue otra de las reclamaciones troncales. Concretamente, pidieron que se equilibrara al resto de la UE y fuera suficiente para las condiciones de vida. Desde entonces, ha acumulado varias subidas.
Otro debate actual como la reducción de la jornada laboral ya se discutió dentro del 15-M. Entonces, la comisión de Economía planteó que se trabajaran menos horas y días "hasta cumplir todas las necesidades de empleo de la población". Lo cual, a su juicio, ayudaría a la "redistribución de la riqueza y de todos los trabajos". Aunque no aclaraba cuál sería el tiempo óptimo para conseguir el objetivo. Sí señalaban que esto tenía que ir acompañado de una vida laboral más corta. Esta cuestión la ha impulsado Íñigo Errejón a través de Más País, que apuesta por una semana de 32 horas laborables ya sea en cuatro o cinco días. Y cuya fórmula ya aplican algunas empresas, aunque son una minoría.
La vivienda fue otro de los grandes temas dentro de las reuniones en el Kilómetro cero madrileño. En una etapa donde los desahucios formaban parte de la agenda por la crisis económica, el 15-M exigió que se impulsara la dación en pago para evitar los desalojos. También que se paralizaran todos los lanzamientos. Para lo que instaban a reformar las leyes hipotecaria y de Enjuiciamiento criminal. El Gobierno de Rajoy dio pasos para limitar esas prácticas. Lo mismo ha ocurrido durante la pandemia de coronavirus. La creación de un parque de vivienda público para el alquiler social fue otra de las grandes apuestas. Ahora, esto se ha incluido en el plan de reformas del Gobierno para recibir los fondos europeos.
La reforma fiscal era otra prioridad entonces. Como lo es ahora para el Gobierno central. En aquel momento, los 'indignados' pedían que se profundizara "en la progresividad del sistema". Sus medidas ideales eran el aumento de los tramos y los tipos máximos del IPRF, la reducción de la imposición a través del IVA o la eliminación de las SICAV o, al menos, endurecer su tributación. Además, planteaban recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones con un solo tramo exento. Un plan al que añadían la ampliación de los medios para perseguir el fraude y legislaciones en el mismo sentido. Asuntos que actualmente forman parte de las discusiones de los partidos y de las políticas de las administraciones.
Más ambiciosas eran otras ideas que iban en esa línea de la justicia fiscal. Una de las más repetidas era la de abolir los paraísos fiscales. Para ello, querían que se sancionara a las empresas españolas que operaran en los mismos. El impuesto a las transacciones financieras que ya está vigente fue otra de las 'patas' del programa económico que surgió de la Puerta del Sol. El pago a proveedores que aceleró Rajoy también estaba entre sus preocupaciones. La reclamación era que se cumpliera la ley de lucha contra la morosidad para que las administraciones pagaran a tiempo y evitaran la ruina de pequeñas y medianas empresas. La actual Responsabilidad Social Corporativa de las empresas fue otra de las medidas, definida entonces como "balance social", para que se fomentara "una actividad responsable".
Lo que no salió adelante
Como se puede comprobar, una gran parte de las conclusiones de aquella comisión de Economía salieron adelante tanto en la etapa de Rajoy como en la actual de Pedro Sánchez. Pero muchas otras no tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones en los foros de Sol era la política monetaria de la Unión Europea. La viabilidad del euro se puso en cuestión. E incluso se instó a estudiar una posible salida del mismo. Por eso, se puso el foco en numerosas ocasiones sobre las medidas de austeridad que abanderaban países como Alemania. El rechazo a pagar la deuda "ilegítima" fue uno de los mensajes más repetidos. Aumentar el control de las políticas fiscales y monetarias europeas fue otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa. La creación de una banca pública y la limitación de salarios máximos fueron otras exigencias. Una serie de medidas que, en este caso, no acabaron de tomar forma. Aunque sí es cierto que la transparencia de las instituciones comunitarias ha aumentado.
El legado económico del 15-M es abundante. La cuestión de la representación política fue la más mediática. Los líderes políticos que surgieron de allí también acapararon los focos de los años posteriores al estallido del movimiento. Aun así, la economía que surgió de las asambleas acabó formando parte de esa agenda institucional y social que ha ocupado la última década. Hay un ejemplo que sirve para ilustrar esa evolución y que encaja con los postuladores que salieron de la Puerta del Sol. En 2011, se reclamó que se ofrecieran fórmulas distintas para las salidas de la crisis. Los recortes y la austeridad eran la única opción. Ahora, Europa ha optado por políticas de expansión y de gasto contra el coronavirus.
