Son varios los organismos, tanto a nivel nacional como internacional, que han venido advirtiendo de que una parte notable de la reducción de la deuda desde los máximos que alcanzó durante la pandemia de coronavirus (el 125,3% del PIB del primer trimestre de 2021) ha descansado sobre todo en el empuje de la economía española. El tirón de la actividad y el récord de recaudación tributaria, por la elevada inflación y la resiliencia del mercado de trabajo, han compensado parte del gasto ingente que ha requerido la respuesta a la Covid, primero, y todo el paquete de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis inflacionaria, energética y a la invasión rusa de Ucrania, después.
Sin embargo y cuando se cumplen ya dos años desde la invasión rusa el ciclo va agotándose y la economía española se prepara para un periodo en el que será necesario un ajuste para poder ceñirse a las reglas fiscales, que la Unión Europea recuperó a principios de este año. Ese ajuste adicional en términos de endeudamiento ascendería a unos 37.427 millones de euros entre 2025 y 2028. Es la cuantía que correspondería a la reducción de la ratio de deuda en 2,56 puntos a lo largo de ese periodo que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), será necesaria para cumplir con las metas europeas.
"Este ajuste permitiría a España mantener una senda descendente de deuda de manera plausible y cumplir las salvaguardas del déficit y la deuda", apuntaba el fiscalizador en su último Observatorio de Deuda. El pasivo del conjunto de administraciones despidió el año pasado en el 107,7%, por debajo de lo comprometido por el Gobierno, y el organismo que capitanea Cristina Herrero lo coloca en el 106,3% del PIB a finales de este ejercicio.
Está por ver dónde se situó finalmente el déficit público, puesto que el dato del conjunto de 2023 no se hará público hasta el próximo 27 de marzo, si bien la mayoría de proyecciones lo sitúan en el 4% o ligeramente por encima. Las proyecciones actuales para los próximos años tampoco invitan al optimismo, en opinión de Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e investigador sénior de Funcas.
En un artículo publicado recientemente por la fundación, el economista apuntaba a que sin medidas de ajuste adicionales y en un escenario inercial sin cambios en las políticas de gasto e ingreso, "el déficit estructural y el observado seguirán en cotas muy elevadas". Únicamente el Gobierno prevé que pueda bajar del límite del 3% a partir de 2025, en contra de lo que pronostican la propia Autoridad Fiscal o el Banco de España (BdE). La senda fiscal aprobada por el Ejecutivo prevé rebajar el agujero de las cuentas públicas del 3,9% al que se comprometieron a situarlo a cierre de 2023 hasta el 3% este año.
Una economía en desaceleración
Sólo esa reducción conllevaría un ajuste en el entorno de los 12.000 millones de euros, adicional a la rebaja necesaria de la deuda. Y esto, cuando las perspectivas apuntan a un crecimiento que, en el mejor de los escenarios, rondaría el 2% de media en el acumulado del ejercicio. El Fondo Monetario Internacional o la OCDE rebajan ese avance hasta el 1,5%, mientras que Bruselas lo sitúa en el 1,7%, habiendo sido la española la única de las grandes economías del euro para la que no ha empeorado sus cálculos en sus previsiones de invierno.
Esas estimaciones colocan la tasa anual de IPC en el 3,2% de media este año, mientras que el que viene se colocaría muy próxima al objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo, en el 2,1%. El hecho de que la inflación se contenga y el que el mercado de trabajo, pese a su resiliencia, haya empezado a dar síntomas de un menor vigor, tendrán reflejo en los ingresos tras un año en el que la ocupación ha marcado récord histórico en España, con más de 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Propuestas para llevar a cabo la consolidación
La recuperación de las reglas fiscales a nivel europeo desde principios de este año y el fuerte incremento de la deuda pública española, obligan a España a poner en marcha un plan de consolidación "urgente y convincente", en opinión de Fedea y del Consejo General de Economistas (CGE). En un documento conjunto apuestan por aplicar medidas de control del gasto público en el ámbito de las pensiones y en el de la gestión de las administraciones públicas. Por el lado de los ingresos, donde ven menos margen de actuación, ponen sobre la mesa la posibilidad de abordar una reforma fiscal integral.
Esta reforma está, de hecho, comprometida con la Comisión Europea para poder acceder al quinto desembolso de los fondos Next Generation a lo largo de este año. Para el 'think tank' próximo a CEOE y para los economistas, los cambios a impulsar deberían centrarse en ampliar las bases tributarias, eliminar los tipos reducidos de IVA y el sistema de módulos por el que tributan los autónomos y pymes, así como por primar aquellos impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética. Todo lo anterior, intensificando, además, la lucha contra el fraude fiscal.
