No es la primera vez que la Autoridad Independiente de Responsabilidad pone en duda las previsiones del Gobierno, hoy en funciones, y advierte de que España será incapaz de reducir el déficit hasta el 3% el año que viene, como se ha comprometido en el Plan Presupuestario 2024, si no se eliminan por completo todas las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis energética e inflacionaria (como las rebajas del IVA de la luz, el gas o a los alimentos o la bonificación al transporte) y si, además, las comunidades autónomas no consiguen cerrar el ejercicio en superávit -frente al déficit del 0,1% que contempla el Ejecutivo-. El desequilibrio de las cuentas públicas despidió el año pasado en el 4,8% y Hacienda prevé situarlo en el 3,9% al cierre de este ejercicio.
Durante su intervención, este jueves, en unas jornadas sobre retos presupuestarios y reglas fiscales organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) su presidenta, Cristina Herrero, ha lamentado además la pérdida de ambición en la reforma de las reglas fiscales que negocia el Consejo Europeo a raíz de la propuesta por la Comisión. Desde su punto de vista, los Veintisiete están haciendo propuestas que se alejan de ese planteamiento inicial de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al pretender incorporar excesivas salvaguardas.
Esto puede acabar por neutralizar la diferenciación de objetivos por países y generar en un sistema muy parecido al actual. Herrero ha apuntado (sin citar expresamente a España) al hecho de que haya países que estén pidiendo excluir de la regla de gasto determinados gastos sociales o las inversiones verdes. Una propuesta de este tipo sólo podría derivar, a su juicio, en requisitos "más estrictos, poco diferenciados y con seguimiento más complejo" que el marco vigente.
A la Autoridad tampoco le convence que las negociaciones en el seno del Consejo estén restando valor a los marcos fiscales nacionales -que considera esenciales- o que puedan reducir la presencia de las instituciones fiscales independientes, como la propia AIReF. El Gobierno en funciones está tratando de impulsar las negociaciones del nuevo texto para que pudiera aprobarse bajo la presidencia española del Consejo. Con todo, suceda esto o no, las reglas fiscales volverán a entrar en vigor el 1 de enero (las vigentes hasta su puesta en suspensión a raíz de la pandemia) y marcarán de nuevo los objetivos de 3% de déficit y 60% de deuda sobre PIB.
Una estrategia fiscal a medio plazo e incentivos para quien cumpla
Precisamente por ello, Herrero ha abogado por establecer desde ya una estrategia fiscal a medio plazo, cuya elaboración debería implicar al conjunto de las Administraciones, de forma que la senda de déficit no sea impuesta desde el Estado -todo, consistente con las exigencias de Bruselas. En materia de fijación de esos objetivos no se ha valorado adecuadamente la posición de cada Administración, no se han hecho públicos los criterios de reparto ni ha habido diferenciación en los objetivos de cada autonomía, pese a que la situación de partida es distinta para cada una de ellas, ha lamentado.
Además, ha recordado que en el caso concreto de la deuda se han permitido aumentos de la misma superando la regla de gasto fijada a nivel europeo. Al ser preguntada sobre si habría que plantear sanciones para las administraciones que incumpliesen, la presidenta de la AIReF ha apostado por evitar fijar metas irrealizables por falta de realismo, y se ha decantado por el contrario por buscar "incentivos positivos".
Uno podría ser, a juicio de Cristina Herrero, que las comunidades autónomas cumplidoras puedan tener acceso a determinados fondos. Se ha mostrado, así, partidaria de impulsar una reforma del marco fiscal nacional que podría ser, incluso, más ambiciosa que la que finalmente pueda aprobarse a nivel comunitario.
