La Agencia Tributaria (AEAT) prevé ingresar 1.980 millones de euros de las declaraciones del Impuesto de Patrimonio correspondientes al ejercicio 2023. Esta cantidad supone un 61,4% más de lo recaudado por esta vía sólo un año antes. Durante la presentación de la Campaña de la Renta 2023, que arrancó el miércoles, el organismo constató que este aumento de la recaudación se producirá tras los cambios aprobados por Madrid, Andalucía y Galicia en las bonificaciones que tenían en este tributo.
Con estas modificaciones, las tres autonomías gobernadas por el PP evitan en la práctica que una parte de esos ingresos vaya a parar al Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que es estatal, mientras que el de Patrimonio está cedido en su totalidad a los propios territorios. Lo está su recaudación y su gestión, lo que permite a los gobiernos regionales modificar el tipo de gravamen, el mínimo exento, así como las deducciones y bonificaciones de la cuota.
Fuentes del ministerio de Hacienda consultadas por este diario valoran de forma positiva estas previsiones de ingresos, en tanto que el objetivo de aprobar la nueva figura -que en principio se concibió con carácter temporal para los años 2023 y 2024- era precisamente que no hubiera autonomías donde Patrimonio estuviera bonificado al 100%.
Estos resultados podrían abrir la vía a hacer permanente el tributo de Solidaridad como ha llegado a sugerir en alguna ocasión la vicepresidente primera, María Jesús Montero, quien considera que ha cumplido su "objetivo político" de lograr una "proporcionalidad" en el pago de impuestos. Al final, la decisión de prorrogarlo más allá de este año será también política. En el primer ejercicio de devengo el impuesto a las grandes fortunas recaudó 623 millones, cifra un 58% inferior a la proyección inicial de 1.500 millones.
Las deducciones y bonificaciones tanto en Patrimonio como en Sucesiones y Donaciones han sido motivo de conflicto entre territorios, dado que algunos han denunciado la competencia desleal o 'dumping' que generan aquellos que tienen capacidad de ser más agresivos en su política fiscal. La campaña a las elecciones autonómicas de 2023 fue el campo de batallas perfecto para poner en práctica esas políticas. Mientras, la ministra de Hacienda ha afeado a algunas comunidades que bajen sus impuestos y después reclamen más recursos del sistema.
Desde la AEAT explican que el incremento de más del 61% en los ingresos previstos por Patrimonio se producirá pese a que en la práctica habrá un 2,8% menos de declaraciones, 223.119 en total, debido a la decisión de comunidades autónomas como Aragón, Extremadura y Murcia de ampliar las bonificaciones o de elevar los mínimos exentos.
Bruselas ha advertido de efectos en el déficit al eliminar el tributo
El mes pasado, la Comisión Europea reclamó a España una estrategia "creíble" de reducción de la deuda y el déficit públicos frente a los "limitados" esfuerzos realizados en materia de consolidación fiscal en los últimos años, en los que buena parte del ajuste ha venido dado por el ciclo económico, con un avance del PIB que ha superado las previsiones. Esta exigencia se produce poco tiempo antes de que entren en vigor las nuevas reglas fiscales a nivel europeo.
Bruselas va más allá en su advertencia y ha llegado a asegurar que las mejoras de la ratio de deuda serán más "limitadas" en adelante, de forma que el pasivo del conjunto de administraciones públicas se estancará en el 106,5% del PIB a partir de este año -desde el 107,7% al que cerró 2023-. Al mismo tiempo, las autoridades comunitarias señalan que el déficit se verá afectado por la retirada del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y del gravamen a la banca.
La reforma fiscal y el quinto pago de los fondos UE
Mientras tanto, el propio ejecutivo comunitario deberá decidir si España ha aplicado suficientes cambios en materia fiscal para dar por buena la reforma comprometida en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En origen esa reforma tributaria estaba vinculada al quinto pago de los fondos Next Generation, por el que España podrá recibir 7.200 millones en ayudas directas.
Este desembolso debería solicitarse antes de julio de este año. De momento, España tiene pendiente recibir el cuarto pago, vinculado a la reforma del subsidio de desempleo, que el Gobierno descarta aprobar en el plazo de dos meses comprometido con Bruselas. Se da la circunstancia, además, de que el PSOE se habría comprometido a aprobar una reforma fiscal "global" y "justa" en el acuerdo para un gobierno de coalición firmado con Sumar, que apuntaba la posibilidad de convertir en permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas.
