El Gobierno ha perdido en menos de un mes a los 'arquitectos' de las dos grandes reformas comprometidas con Bruselas y aún pendientes de concretar: la fiscal y la de las pensiones. La primera está paralizada por la crisis económica y la última está incompleta, a falta del segundo paquete de medidas que deben dirigirse a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema tras la vinculación de las nóminas al IPC. Junto con la complicada reforma laboral, se trata de los principales ajustes que exige la Comisión Europea a España a cambio de los fondos recuperación. La incertidumbre en torno a su cumplimiento crece en plena desbandada de altos cargos en los ministerios de Hacienda y Seguridad Social, justo cuando las autoridades comunitarias están deliberando sobre la concesión a España de un nuevo tramo de 12.000 millones de euros, el más cuantioso de los adjudicados en todo el programa 'Next Generation'.
La salida del secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha descolocado a los agentes sociales. En plena negociación de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos -que forma parte de la reforma global del sistema público de las pensiones-, el número dos del ministro José Luis Escrivá ha decidido abandonar el Gobierno y regresar a su anterior puesto de trabajo en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "Es un despropósito", aseguran fuentes del diálogo social sobre el momento. Aunque el agotamiento de Arroyo era conocido, su dimisión ha sorprendido en la patronal y los sindicatos, especialmente al conocerse tan solo 24 horas después del abandono del secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea. "Estos movimientos generan desconfianza", cuestionan las fuentes consultadas por La Información.
Aunque desde el Ministerio de Escrivá sostienen que ambas dimisiones responden a motivos personales y que corresponden a remodelaciones habituales en los departamentos ministeriales, fuentes conocedoras de las razones que han llevado a renunciar tanto a Perea como a Arroyo enmarcan sus decisiones en "tensiones internas" y "falta de entendimiento" con el ministro. "Las discusiones eran constantes e incluso se han producido escenas desagradables en reuniones de trabajo", afirman estas fuentes, que también inciden en el "desgaste acumulado" por ambos en tiempos de pandemia y de crisis económica provocada por la guerra en Ucrania.
En el Ministerio de Inclusión no ocultan que ambos secretarios de Estado han acumulado una elevada carga de trabajo y están agotados. Perea toma la decisión en plena crisis migratoria por la acogida de refugiados ucranianos y Arroyo opta por marcharse en mitad de la negociación con los autónomos y a punto de abrirse la mesa para abordar el segundo paquete en materia de pensiones, el más complejo, que incorporará medidas tan polémicas como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones o el incremento de las bases máximas de cotización. Todas estas medidas están comprometidas con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y deben aprobarse antes de que acabe el año para seguir recibiendo dinero de la UE.
El goteo en el Ministerio de Escrivá ha sido constante en los últimos meses. Solo en el departamento de migraciones se han producido hasta seis reestructuraciones y la salida de Arroyo, que acompañaba a Escrivá desde su nombramiento como ministro, deja tocada el área de Seguridad Social en un momento muy delicado por lo ajustado de los plazos comprometidos con la UE para acometer las reformas. Acabará los trabajos relacionados con la reforma de autónomos, que deben estar finalizados el día 30 de junio, y saldrá "en los próximos días o semanas", confirman desde el Ministerio. Le sustituirá Borja Suárez, que hasta ahora ha ocupado el cargo de Director de Ordenación de la Seguridad Social y que se ha ganado el respeto de los agentes sociales en este tiempo como número dos de Arroyo. "Está al tanto de todo, será fácil trabajar con él", auguran en el diálogo social.
El goteo en el Ministerio de Escrivá ha sido constante en los últimos meses
En el equipo de María Jesús Montero no son ajenos a salidas inesperadas en un momento decisivo de la legislatura. El que fuera secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, abandonó su cargo a principios de junio tras solo cinco meses en el puesto para dirigir el Comisionado para la reconstrucción de La Palma. Izquierdo sustituyó en enero a Inés Bardón, que desempeñaba el cargo desde junio de 2018 y que dejó su puesto a petición propia unas semanas antes de la presentación del Libro Blanco para la Reforma Fiscal encargado por María Jesús Montero y que sigue en un cajón. El nuevo secretario de Estado, Jesús Gascón, que hasta ahora ocupaba el puesto de director general de la Agencia Tributaria (AEAT), encara la complejísima tarea de relanzar la reforma fiscal paralizada después de que Montero metiera en el cajón el informe de los expertos por la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.
Las salidas en el equipo económico del Gobierno se producen apenas un año después de la gran desbandada que tuvo lugar en el departamento de la vicepresidenta Nadia Calviño. La baja más destacada fue la de Ana de la Cueva, que ocupó el cargo de secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y dimitió "por motivos personales" días después de remitir a Bruselas el Plan de Recuperación y tras tres años de intenso trabajo, especialmente la última temporada en la que lidió con lo más duro de la pandemia de la Covid-19. Le sustituyó en el cargo Gonzalo García Andrés. En aquellos días también salieron del Gobierno pesos pesados del área económica de Moncloa, como Daniel Fuentes, que ocupaba el cargo de director del Departamento de Información Económica de la Secretaría de Estado de Comunicación tras haber trabajado en el Departamento de Asuntos Económicos. Puso rumbo a la empresa privada por "motivos personales".
La nueva estampida de cargos en el área económica del Ejecutivo se produce en un momento especialmente delicado en el que la Comisión Europea está mirando a España con lupa. En materia de pensiones, Bruselas reclama medidas para compensar la subida de las nóminas con el IPC y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. En el ámbito fiscal, las autoridades europeas ya han exigido al Gobierno español que ponga en marcha una estrategia creíble de control del gasto y reducción de la deuda. "La desbandada en el equipo económico no ayuda a la imagen del país", afirman fuentes al tanto del feeling bruselense que insisten en la necesidad de que España traslade confianza a la UE para que el grifo de los fondos permanezca abierto, sobre todo en los días clave en los que la Comisión está decidiendo si otorga a España los citados 12.000 millones que dependen de la reforma laboral y del primer bloque de la de pensiones.
