Ascensos sin pagar, deudas salariales: las sombras del ICO para ser 'banca pública'

El Gobierno está decidido a convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un verdadero banco público, en un poderoso brazo financiero que no sólo apoye con créditos blandos la internacionalización o la modernización de las pymes o los nuevos proyectos de emprendimiento como sucede ahora, sino también los grandes proyectos de inversión del Gobierno en aspectos que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez considera críticos como la transición ecológica o la transformación digital, según avanzó este jueves la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, en una comparecencia parlamentaria en la que desgranó las líneas maestras de la política económica del nuevo gabinete.

El plan es ambicioso y aunque aún está por concretar, según aseguran fuentes de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, pretende centralizar o coordinar a través del ICO los canales de financiación a los sectores ahora dispersos en organismos como el CDTI o Enisa, para proyectos innovadores; Red.es; para tecnologías de la comunicación; o el Idae, para asuntos de ahorro energético.

Los planes de fortalecimiento de la institución le llegan en un contexto complicado. "El trabajo que se hace desde el ICO es cada vez más sofisticado y requiere una mayor capacitación, y parece que eso va a ir a más en los próximos años. Por eso hay que resolver la situación de la plantilla. Nos exponemos a una fuga masiva de talento", advierte Miguel Ángel Rozas, portavoz de CSIF en la entidad estatal.

La 'situación de la plantilla' hace referencia al peliagudo contexto laboral creado en el banco público desde que en 2013 el Ministerio de Hacienda decidiera recortar drásticamente la dotación recogida en el convenio colectivo del ICO para el llamado 'Sistema de Desarrollo Profesional', un esquema de retribución vinculada a objetivos puntero en el ámbito de la Administración Pública, pero que por mor de su falta de recursos se ha convertido en el principal problema de gestión laboral de la entidad.

Más de la mitad de la plantilla cobra menos de lo que le corresponde

No sólo lo dicen los sindicatos. El propio ICO reconoce de forma explícita en su II Plan de Igualdad que la CECIR -la comisión interministerial bajo control de Hacienda que valida las mejoras salariales en el entorno de la Administración Pública- ha venido restringiendo de forma sustancial la aportación de fondos a ese sistema "alegando razones de austeridad y contención del gasto en materia de empleo público" y que esta práctica ha generado unas insuficiencias que "impiden el correcto funcionamiento del sistema de desarrollo profesional".

Lo que ha ocurrido en concreto es que la porción del 1,2% de la masa salarial que se acordó por convenio destinar a ese plan de retribución por objetivos se recortó de un plumazo al 0,2% en 2013 y no se ha vuelto a tocar desde entonces. Según fuentes sindicales, este 'tijeretazo' en la bolsa destinada a promociones, que no llevó consigo la suspensión del sistema de evaluación del desempeño, ha provocado que en los últimos años decenas de trabajadores del ICO hayan ascendido sin recibir a cambio la retribución que les correspondía por ello -como se admite desde la institución- y que se haya generado una 'deuda durmiente' con la plantilla que algunos trabajadores han reclamado en los tribunales.

El asunto ha vivido un capítulo más el pasado año 2019 en el que Hacienda ha suspendido otra vez la aplicación de esa reserva del 1,2% de la masa salarial para ese sistema, pero no bajo el argumento empleado hasta ahora de la necesidad de mantener el marco de austeridad y contención del gasto sino con una nueva justificación de carácter más general, según aseguran fuentes sindicales. Una suerte de 'normalización' de la situación que el sindicato CSIF ha decidido recurrir en alzada ante la Cecir bajo el argumento de que una vez levantado ese 'marco de austeridad' los argumentos que justificaban el recorte de recursos para el ICO también han decaído y ya no tiene explicación no cumplir con lo establecido en el convenio.

Fuentes sindicales consultadas por La Información aseguran que este vez los representantes de los trabajadores cuentan con un mayor respaldo institucional por parte de la entidad y que su presidente, José Carlos García de Quevedo, ha abierto ya un canal de comunicación con Hacienda para tratar de corregir esta situación y reimplantar el sistema de retribución por objetivos abolido 'de facto' en 2013.