‘Caso niñera’: los funcionarios piden un proceso de selección para los asesores

La rocambolesca acusación formulada por una exabogada de Podemos, y negada de forma rotunda por el partido, respecto a que Pablo Iglesias e Irene Montero estarían utilizando como 'niñera' a una persona contratada como asesora dentro del gabinete técnico del Ministerio de Igualdad ha devuelto al foco de la polémica al siempre controvertido 'personal de confianza', ese núcleo de colaboradores de los altos cargos del Gobierno, que son nombrados de manera totalmente discrecional y sin ningún tipo de control por vicepresidentes, ministros o secretarios de estado y que reciben un tratamiento salarial equiparable al de cualquier profesional de élite de la Administración Pública.

En origen, esta figura se concibió para habilitar a los ministerios para reclutar perfiles profesionales que difícilmente se podían encontrar en la Administración. Sin embargo, la propia regulación normativa de la figura ya dejó una puerta abierta al definir el personal eventual como aquel que "en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial". Esa referencia a las "funciones de confianza" ha abierto la puerta para que los ministerios justifiquen nombramientos que difícilmente se explican por el perfil profesional de los contratados. Hace apenas unos meses, el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia apeló precisamente a esa disposición legal para amparar el derecho de varios ministerios a no proporcionar el currículum de sus asesores técnicos bajo el argumento de que en ninguna norma pone que sean necesarias una titulación académica o unos méritos profesionales determinados para desempeñar esa función de alto asesoramiento técnico de un alto cargo del Estado.

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Los sindicatos de la Función Pública observan el método de selección del personal eventual como una anomalía dentro de las Administraciones Públicas. "Para empezar no entendemos muy para qué existen o cuáles son sus funciones. Si su función es auxiliar o prestar asesoramiento en materia administrativa o técnica a los altos cargos de la Administración en relación con sus tareas, lo razonable y lo normal sería que se hiciera con los propios medios de la Administración, que para eso estamos. No entendemos por qué hacen funciones que perfectamente podríamos hacer nosotros", explica Jordi Solé, presidente de Fedeca, la federación que agrupa a las asociaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado, en principio los que estarían llamados a desempeñar esas funciones de alta asesoría y que de hecho las realizan mayoritariamente en los ministerios menos políticos.

"Si, por otra parte, se considera que son puestos de confianza de libre disposición para los políticos, lo que se debería hacer entonces es explicar bien y con transparencia las tareas que realizan y por las cuales tienen derecho a percibir un sueldo público", remacha Solé. "No decimos que desaparezcan, pero sin duda no deberían formar parte del plano administrativo sino del político".

Pero el caso es que sí forman parte de la estructura administrativa del Gobierno y la prueba es que su número se regula en el Real Decreto del Ministerio de Función Pública que regula la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. En esa norma se establece el número máximo de asesores al que tiene derecho cada alto cargo del Gobierno: nueve asesores por Vicepresidencia, cinco asesores por Ministerio y tres asesores por Secretaría de Estado. Nada se dice expresamente del Gabinete de Presidencia del Gobierno, en el que, como reveló La Información, desempeñan su trabajo 656 asesores, más de los que tuvo todo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con cuatro vicepresidencias, 18 ministerios y un buen puñado de secretarías de estado, el Gobierno de coalición de las izquierdas ha pulverizado todos los registros de asesores de la historia reciente de la democracia española y también los récords de coste presupuestario, que a la espera del cierre definitivo del ejercicio se aproximará con toda seguridad a los 60 millones de euros cuando entre 2013 y 2016 estuvo anclado en los 36 millones.

Un proceso de selección para ser asesor

No solo la élite de la Administración, entendida como los funcionarios de nivel A1, miran con desconfianza los nombramientos discrecionales de personal de asesoramiento por parte de los cargos políticos. Para el sindicato CSIF el acceso a esa función de asesoría debería estar sujeta a los mismos principios de transparencia, méritos y capacidad que rigen para el resto de la Función Pública. "No decimos que tengan que superar una oposición ni mucho menos, pero sí que exista la obligación de definir las funciones que van a tener y de acreditar que los elegidos son idóneos para el puesto. Debería haber un proceso de selección reglado para que no dependa únicamente de la decisión de un cargo político". La plataforma entiende también que se deberían limitar más el número de asesores.

"Dentro de la Función Pública hay que intentar impedir la aparición de distorsiones, como que haya puestos de alto nivel que sean ocupados por personas que no sean competentes para el puesto", subrayan también desde UGT. "No hablamos de competencias que tengan que estar necesariamente relacionadas con la titulación. No decimos que haya que reservar ese tipo de puestos a titulados, pero sí hay la obligación de buscar a gente competente para ese puesto y eso exige que esa competencia esté sostenida por alguna acreditación, que puede ser también la experiencia profesional".

Desde UGT se entiende, no obstante, que igual que hay un espacio para los cuerpos superiores de la Administración en las cúpulas ministeriales también se debe reservar un espacio para que los políticos designen a personal de su confianza, pero siempre bajo el principio de que se garantice su competencia para el cargo que se va a ocupar.