Un año y casi tres meses después de que comenzara la pesadilla, las empresas y los autónomos están cerca de empezar a tener respaldo del Estado para mitigar el golpe de la pandemia de coronavirus. El motivo es que las comunidades autónomas ya han empezado a tramitar las ayudas directas que aprobó el Gobierno en el pasado mes de marzo. Unas gestiones que comienzan justo en la recta final de la crisis sanitaria. Por lo que los 7.000 millones repartidos entre los territorios empezarán a llegar a los beneficiarios en menos de un mes, según las fuentes consultadas por La Información. Aunque los plazos dependerán de los trabajos que lleve a cabo cada autonomía y de lo que tarde la Agencia Tributaria (AEAT) en compartir con ellas la información que posea sobre los solicitantes.
Los trámites ya están en marcha en las autonomías después de que todas ellas hayan suscrito el convenio que les planteó el Ministerio de Hacienda para encargarse de las mismas. La última en sumarse al mismo ha sido País Vasco, que certificó su adhesión al plan el 18 de mayo después de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu lo aprobara en Consejo de Gobierno. Para completar este proceso ha hecho falta un mes, ya que la cartera de María Jesús Montero remitió el documento a las CCAA el pasado 16 de abril. Fuentes de Hacienda destacan que avanzar en el proceso "depende de las comunidades desde ahora". A todas ellas ya se les ha transferido las cantidades que les correspondían tras el cálculo que hizo la Administración central, señalan las mismas fuentes.
Tras toda la burocracia que ha retrasado la puesta en marcha de las ayudas, las autonomías ya se preparan para empezar a hacer las primeras transferencias. La primera en hacerlo se espera que sea la Comunidad de Madrid, que es la que va más adelantada en los trabajos, como señalan fuentes de la Consejería de Hacienda autonómica y corroboran desde el Gobierno central. Los funcionarios madrileños ya están analizando hasta 25.000 solicitudes ayudados por los datos de la Agencia Tributaria, destacan fuentes de la región. Tras este paso, tendrán que trasladar la información a la Intervención General de la CCAA, y posteriormente comunicar las resoluciones definitivas a la Tesorería de la comunidad. Un proceso que les llevará al menos dos semanas.
Con estas previsiones, Madrid empezará en breve a repartir los 679 millones que le correspondieron en el reparto diseñado por el Ministerio de Hacienda. A estos habrá que sumar 220 millones que aporta el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de sus fondos propios para compensar a los sectores excluidos del Real Decreto de las ayudas. Pero las fuentes consultadas de la Consejería de Hacienda insisten en que no quieren fijarse un plazo por los procesos que hay que superar. Y es que a los trámites citados anteriormente hay que sumar otros, como el de la comprobación de los documentos o los números de identificación fiscal. También deben comprobar que los representantes designados por las compañías (como las gestorías) tienen autorización para representar como persona jurídica a quienes han pedido ese respaldo económico.
Los retrasos pueden acumularse
La ejecución de estos planes en el mes de junio de 2021 supone que los negocios de todo el país habrán tenido que esperar casi año y medio de pandemia para tener ese apoyo económico del Estado. Y aun así, eso no garantiza que se vaya a llegar a todos los potenciales afectados en un plazo determinado. Cuánto se tardará en llegar a todos los potenciales beneficiarios es una incógnita. El único plazo establecido era el del intercambio de información entre las Consejerías encargadas de las ayudas y la Agencia Tributaria. El convenio contemplaba que la Administración central no debía tardar más de una semana en ceder esos datos. Pero fuentes del Ministerio aclararon que podrían retrasarse hasta tener "la absoluta certidumbre de la validez de su contenido". Una justificación que llegó tras la denuncia de Madrid de que no les estaban suministrando los documentos que requerían.
Otras comunidades, como Andalucía, ya advirtieron de que tener que encargarse de gestionar directamente las ayudas con datos de la AEAT iba a implicar que se puedan generar "importantes retrasos a la hora de hipotéticas comprobaciones y cotejo de datos de solicitantes y, en consecuencia, dilatar innecesariamente todo el proceso". Otra de las quejas de la Junta de Andalucía es que, a su juicio, se esté utilizando la fórmula de las subvenciones y no de las ayudas directas como tal. Un conjunto de reproches a los que sumaron que se "discriminaba" a quienes hubieran hecho esfuerzos para pagar sus deudas antes de recibir apoyo público, ya que este plan favorece a quienes mantienen las deudas contraídas a causa de la pandemia.
La comunidad andaluza mostró estas reservas al diseño del 'rescate' del Ejecutivo a pesar de su condición de ser la que más fondos podrá repartir entre sus firmas y trabajadores por cuenta propia. Esta CCAA dispondrá de más de 1.109 millones, según los cálculos que realizó el Ministerio de Hacienda. La segunda más beneficiada fue Cataluña, con 993 millones, que tiene justo por detrás a Madrid, con los 679 millones antes mencionados. La cuarta que más ayudas podrá dar será la Comunidad Valenciana, que gestionará 647 millones. El resto de regiones no superan los 250 millones. Las que tendrán menos cantidades disponibles tendrán serán Cantabria, con 55 millones, y La Rioja, con 32 millones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios