Por si parecía pequeña la guerra abierta por la financiación autonómica en el marco de la constitución de un nuevo Gobierno, un nuevo actor con mucho poder ha decidido sumarse a la misma a ver si pesca en río revuelto. Si en el debate público abierto para la posible investidura de Pedro Sánchez ya estaban participando las 17 comunidades autónomas —de muy distintos colores e intereses— y un amalgama de formaciones políticas (independentistas, nacionalistas, regionalistas y confluencias) con posturas difíciles de compatibilizar entre sí, ahora son las entidades locales las que buscan su espacio.
Los más de 8.000 ayuntamientos españoles, refrendados por la buena gestión de sus recursos —son, en conjunto, el nivel administrativo con menor deuda acumulada—, tratan de aflorar un viejo debate que nunca logra el espacio necesario en la agenda pública: la mejora del sistema de financiación local. Las localidades integradas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), llevan años reclamando que se lleve a cabo la conocida como segunda descentralización de competencias, un acto administrativo que nunca se ha llegado a completar y que permitiría dotarles de más más autonomía propia a costa de ejercer las funciones que hoy realizan las comunidades o la administración central.
Votación entre pueblos para pedir una reforma fiscal
La FEMP, presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, votará en septiembre un nuevo órgano de gobierno una vez constituidos los distintos ayuntamientos del país tras las elecciones del 28 de mayo. A esa votación también llevará, para su revisión y debate, hasta 258 propuestas que conformarán la hoja de ruta del municipalismo para los próximos cuatro años. Y las primeras de ellas tienen que ver con la idea de reformar el marco fiscal de las entidades locales.
La última reforma de la financiación local tuvo lugar en el año 2022. Desde entonces "han transcurrido más de veinte años en los que no se ha dado respuesta a los problemas que quedaron sin resolver en aquella reforma", señalan en su exposición. Para llevarla a cabo, proponen empezar por delimitar de forma precisa las funciones y competencias de las entidades locales. "Sólo así se podrá abordar la reforma", incluyen.
Este comienzo requeriría de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de forma que pudieran ganar competencias en áreas muy próximas al vecino, como son los servicios sociales, economía, empleo, desarrollo local, agenda urbana, juventud, igualdad, consumo o educación.
Reclaman "un modelo coherente"
La agrupación de municipios cree que hay que "mejorar el sistema de financiación local y el sistema tributario local" para garantizar "el cumplimiento efectivo del principio de suficiencia financiera" y alcanzar "un modelo coherente" en el conjunto del sector público. Esto se lograría, a su parecer, con medidas como la modificación del régimen tributario que se aplica sobre las empresas de gas, electricidad o telecomunicaciones, "de manera que los ayuntamientos perciban los ingresos que les compensen en proporción a la utilidad o beneficios proporcionados al aprovechamiento del dominio público local".
La comisión de Gobiernos Locales de la FEMP, encargada de elevar estas propuestas a votación, aboga por que el nuevo modelo fiscal para las localidades sea revisado cada cinco años y que esté inspirado "en los principios generales de lealtad institucional, transparencia, autonomía, colaboración y cooperación interadministrativa y adecuación normativa a la realidad social, jurídica, económica e institucional", según indican en la resolución.
Aportaciones contra la despoblación y poder endeudarse
Sus propuestas también pasan por sustituir el valor catastral por un valor de referencia en los impuestos locales, que el Estado compense las pérdidas de recaudación derivadas del fallo judicial que reduce los ingresos de las plusvalías; aumentar los ingresos de los pueblos en peligro de despoblación o revisar la restricción al endeudamiento, impuesta por el entonces ministro Cristóbal Montoro como forma de controlar la deuda de los municipios tras la crisis de 2008.
Los municipios también reclaman "lealtad institucional" a las autonomías para que abonen sus deudas pendientes derivadas de implantar nuevos servicios municipales, que los ayuntamientos deben de asumir como gasto sin tener ingresos asociados. Además, piden recibir parte de los impuestos que recaudan las comunidades autónomas, dejar de actuar de recaudadores de éstos y que los fondos europeos destinados a los municipios se canalicen directamente hasta los ayuntamientos, sin pasar por la administración intermedia.
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