La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado otra vuelta de tuerca al impuesto sobre las grandes fortunas después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara la tasa aprobada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Díaz Ayuso ha asegurado que su objetivo es tramitar una nueva ley que permita a Madrid recaudar el impuesto a las grandes fortunas para que se quede "en las arcas madrileñas".
Así lo ha avanzado en declaraciones a los periodistas -que recoge Europa Press-, después de asistir a la inauguración de la exposición 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido', que acoge la Fundación Canal, después de que el Tribunal Constitucional se haya mostrado a favor del impuesto, rechazando el recurso que interpuso el Gobierno de Ayuso.
Díaz Ayuso ha señalado que el Ejecutivo regional tiene previsto presentar esta ley "lo antes posible" para que "esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño" y, de esta manera, "se lo puedan devolver" al mismo. "Nosotros esperábamos que prosperase porque, además, ha ocurrido así en otros países, que donde se ha aplicado ha causado daños enormes. Como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo", ha sostenido a continuación.
"Nosotros esperábamos que prosperase porque, además, ha ocurrido así en otros países, ya que donde se ha aplicado ha causado daños enormes"
A la dirigente madrileña, le "sorprende" que "le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad". Además, ha incidido en que este impuesto recauda "el 90% en Madrid" y va "contra el patrimonio, el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño". "Evidentemente no vamos a quedarnos parados", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fuentes de la corte de garantías han indicado a Europa Press que la mayoría progresista del Pleno ha aprobado por 7 votos contra 4 la ponencia que avala el impuesto. Esta sostiene que su creación no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
