PSOE y Sumar quieren limitar la fiscalidad a las CCAA y evitar agravios comparativos

El ala socialista del Gobierno en funciones, con la ministra de Hacienda y Función Pública a la cabeza, ha venido apostando a lo largo de la última legislatura por la "armonización" de algunos impuestos cedidos a las comunidades autónomas en el marco de una revisión del modelo de financiación vigente. El acuerdo programático que firmaron el martes los líderes de PSOE y Sumar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, se plantea como objetivo avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza dentro de esa reforma del modelo de reparto y pretenden hacerlo, además, a partir del Impuesto temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas.

Fuentes próximas al departamento que lidera María Jesús Montero explican a este diario que el hecho de vincular la reflexión sobre la tributación a la riqueza dentro de la financiación obedece a ese objetivo de armonización fiscal. No se trata de que las autonomías no tengan autoridad sobre los impuestos, sino que se busca "limitar" su capacidad, de forma que no puedan existir "agravios comparativos" entre los territorios. Por este motivo, los socios de gobierno pretenden abordar una evaluación "genérica" de los resultados del gravamen, que en principio iba a estar en vigor en 2023 y 2024. 

Las mismas fuentes reconocen que el proceso va a ser difícil, dado que la reforma del modelo de financiación sólo podrá salir adelante con el aval de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), todo un reto teniendo en cuenta que las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo tiñeron el mapa territorial de azul. Los populares gobiernan en once comunidades autónomas -en seis de ellas lo hacen en solitario-, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

El martes, coincidiendo con la firma del pacto entre Sánchez y Díaz, el pleno del Tribunal Constitucional tenía previsto deliberar sobre la ponencia del recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia -las tres con ejecutivos del PP- contra la ley que ha creado el tributo temporal a las grandes fortunas. Entre los motivos que expusieron están el hecho de que el impuesto se aprobase a través de una enmienda a una proposición de ley, el que armonice de forma impropia una competencia cedida a las autonomías y su retroactividad. 

Será la primera sentencia que se dicte en relación a este asunto y, dada la composición actual del órgano de garantías -con siete magistrados progresistas y cuatro conservadores- se da prácticamente por hecho que otorgará su aval al impuesto. Sin embargo, la batalla fiscal entre administraciones, que esta figura sólo ha venido a caldear aún más, no será el único escollo a la hora de sacar adelante la nueva financiación... si Sánchez supera la investidura. 

La necesidad de contar con el PP para sacar adelante la reforma

El motivo es que el eventual acuerdo con los territorios requerirá después de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados al ser la de financiación una ley orgánica. Deberá contar, por tanto, con el respaldo de Junts, ERC, BNG, EH Bildu o PNV -estos últimos pese a contar Euskadi, al igual que Navarra, con su propio régimen foral- y las suspicacias sobre posibles cesiones a Cataluña podrían enquistar aún más el proceso. 

El actual sistema de reparto entró en vigor en 2009 con el compromiso de que se reformaría pasados cinco años, sin embargo, caducó en 2014 sin que ningún Gobierno desde entonces haya podido sacarlo adelante. El PSOE se comprometió a abordar la nueva financiación durante la pasada legislatura pero la pandemia, primero, y las crisis energética e inflacionaria o la guerra en Ucrania, después, se lo impidieron. Esto, pese a que María Jesús Montero llegó a contar con una propuesta para modificar el criterio de población ajustada, uno de los que genera más desavenencias. 

Ahora, el pacto de coalición vuelve a poner sobre la mesa el asunto de la financiación y lo liga a esa reforma tributaria que pretende actuar también sobre la tributación a la riqueza. Si bien, el documento firmado por PSOE y Sumar no especifica si el gravamen a las grandes fortunas se mantendría más allá del año que viene con una configuración similar a la actual, en el programa con que concurrió a las elecciones generales del pasado 23 de julio, Sumar apostaba por hacerlo permanente. Se decantaba, en concreto, por reforzar su progresividad hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados. 

Más de 623 millones de recaudación en su primer año en vigor

Este ejercicio, el primero de los dos que en principio iba a estar en vigor, el tributo ha recaudado un total de 623 millones de euros de 12.010 grandes patrimonios, que representan el 0,1% de los contribuyentes en España y han abonado una cuota media de 52.000 euros. Los ingresos de esta figura, que afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros -con los primeros 700.000 euros exentos-, se han obtenido, principalmente, de aquellas autonomías que tienen bonificado total o parcialmente Patrimonio. 

Así, el 89% de lo recabado procedía de la Comunidad de Madrid, algo menos del 5% de Andalucía y un 1,6% de Galicia (los dos primeros territorios tienen bonificado Patrimonio al cien por cien). De acuerdo con la información que hizo pública el mes pasado la Agencia Tributaria, la recaudación total por Grandes Fortunas y Patrimonio asciende a más de 1.868 millones de euros este año. Con todo, los expertos en fiscalidad del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) calculan que Patrimonio podría recaudar casi 700 millones más, unos 2.000 millones al año en total, si Madrid no lo bonificase al 100%, superando incluso lo recabado de forma conjunta por ambas figuras.

Los economistas, que ven "insostenible" la pugna entre el Gobierno Central y las autonomías en este ámbito, apuestan precisamente por limitar las capacidades de las autonomías a la tarifa y a las deducciones y bonificaciones para determinadas circunstancias, "pero dentro de unos límites que impidieran las diferencias radicales que hoy se producen".