El Congreso de los Diputados ha calificado para su debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada hace más de dos años por los sindicatos UGT y CCOO y avalada por el PSOE en su programa electoral, para que se establezca una renta básica de 430 euros para las personas que carecen de los recursos mínimos que les permitan vivir con dignidad. Esta decisión de la mesa del Congreso se toma en una situación excepcional, dado que acepta que esa norma se vaya a debatir en algún momento de una legislatura para la que todavía no hay un Gobierno, dado que el actual está en funciones. Desde el equipo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se advierte que se trata de avanzar en los trabajos del área legislativa, a la espera de que haya Ejecutivo pronto, una situación que puede ser extraña, pero que está avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Según el texto publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en la que ha sido una de las primeras decisiones de la Cámara Baja, se trata de garantizar unos recursos mínimos del orden de 430 euros al mes para cada una de las personas en situación precaria, que quieren trabajar y no pueden hacerlo. La proposición contempla además que esa cantidad se podría elevar según las condiciones familiares de cada caso, dado que se estima que es una medida que podría llegar a 1,8 millones de hogares en toda España que tienen una renta per cápita menor a 5.837 euros al año. De todos los posibles beneficiarios, 1,47 millones son mujeres y casi 680 son hombres.
El acuerdo de la mesa del Congreso establece que se traslade la ILP “a la Comisión correspondiente, una vez se constituyan las Comisiones Permanentes Legislativas de la Cámara”. Aunque no haya Gobierno todavía y se trate de una propuesta de los sindicatos introducida en el año 2016, la medida que Batet ha admitido ahora es la misma que el PSOE mantenía en campaña electoral. Incluso a partir de los 430 euros básicos, los socialistas contemplaban un complemento que varía entre los 50 y los 150 euros por familiar a cargo en función de los ingresos reales del núcleo familiar, de manera que una familia de cuatro miembros podría llegar a percibir una renta básica de 880 euros al mes.
Los sindicatos, por su parte, se han congratulado de que la mesa, por fin, califique su propuesta, que hasta ahora había sido retrasada ante la exigencia de informes, presentación de enmiendas y otro tipo de trámites parlamentarios exigidos desde todas las fuerzas políticas. Según advierten desde UGT, “a pesar de su importancia social, el filibusterismo o bloqueo parlamentario se tradujo en ocho meses dedicados a la presentación de enmiendas, y más de un año pendiente de elaboración del informe de la Comisión correspondiente”.
La exposición de motivos de la proposición advierte que, con los instrumentos de protección social que hay en España, no se alcanza a proteger a todas las personas que están en situación de necesidad, sobre todo si tenemos en cuenta el paro solo llega al 55,7% de los desempleados. No obstante, hay que tener en cuenta que en el debate de esta medida, cuando se produzca, pesará ahora el subsidio que ya se ha establecido para los parados mayores de 52 años desde el pasado mes de marzo, y cuya cuantía es similar: el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que para 2019 es de 430,27 euros mensuales. Esa ayuda llega a unos 400.000 parados.
La propuesta aprobada por la mesa del Congreso entiende que se considera que una persona residente en España y mayor de edad está en situación de “carencia de rentas” y, por tanto, puede solicitar la ayuda, cuando la suma anual de las rentas o ingresos sea inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (anual) vigente, con exclusión de las pagas extraordinarias. Si se trata de una familia, el cómputo se hace con ese mismo baremo, pero considerando las rentas de todos los integrantes de la familia divididas por el número de miembros que tenga.
La alarma de Linde, la Airef y Fedea
La proposición de ley entra en el Congreso apenas tres días después de que el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, rechazase de plano la creación de una renta como esa. “Yo creo que la renta básica universal, no la renta de inserción, no las ayudas justificadas, la renta universal en sentido puro estricto, el hecho de que todo ciudadanos tiene derecho a la renta básica con independencia de su edad, de su nivel de renta, como cuando nacemos un DNI, eso es un disparate absoluto y monumental", advirtió al responder a una pregunta del público en un acto celebrado en Cataluña ante unos 600 empresarios y en presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Además del PSOE, el resto de formación políticas han contemplado propuestas para establecer, cada cual a su manera, una renta básica para las familias. La opción más generosa es la de Unidas Podemos, que eleva la cuantía hasta los 600 euros. PP y Ciudadanos también lo han incluido en sus programas, pero en cada caso con limitaciones que se refieren a reformular todas las prestaciones del sistema y limitarlas o a vincular la ayuda a la búsqueda activa de empleo.
Desde el PP ya se advirtió en su día que si la renta básica llegaba al BOE, tal y como la plantea el PSOE junto con los sindicatos, supondría la quiebra de las Hacienda Pública española. Para justificarlo, se aducían los datos de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), que hace ya más de un año calculaba un coste de 15.300 millones para las arcas públicas con esa medida, cantidad que desde otras entidades, como el 'think thank' del PP, Fedea, se elevaba hasta los 17.000 millones, y entre 1,5 y 2 puntos del PIB.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios