Un bloqueo político tras el 23-J frenaría la inversión y el despegue de la industria

Los sondeos no apuntan en principio a que el PSOE o PP vayan a obtener este domingo una mayoría absoluta en las urnas y esto ha generado de nuevo el temor a un posible bloqueo político prolongado y a sus efectos sobre una economía donde las grandes cifras todavía aguantan (con el PIB avanzando al 4,2% en el primer trimestre y la inflación frenando al 1,9% en junio) pero que ya ha empezado a dar algún síntoma de agotamiento. No es un escenario nuevo. En 2016 el Ejecutivo del PP estuvo 314 días en funciones antes de que Mariano Rajoy pudiera ser investido presidente en segunda votación, para gobernar en minoría y con los Presupuestos del Estado prorrogados. 

Que la aritmética dé lugar esta jornada a otro puzle parlamentario de difícil solución puede tener efectos más evidentes en la inversión extranjera en bolsa y muy especialmente en el despegue de la industria (inversión productiva), uno de los sectores que sigue sin recuperarse del todo tras la crisis energética e inflacionaria agravadas por la guerra en Ucrania y los coletazos de la Covid. En principio, ese escenario de bloqueo llevaría con toda probabilidad a la convocatoria de unas nuevas elecciones, bien a finales de este año o bien a principios del que viene, lo que conllevaría un parón en la ejecución de las políticas como mínimo hasta entonces.

A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sirve de vehículo para canalizar los fondos europeos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha proyectado un modelo de reindustrialización basado en la doble transición -climática y tecnológica- que no solo depende del apoyo público vía fondos Next Generation, sino que necesita de la concurrencia de las empresas y de los inversores internacionales para poder materializarse. De hecho, los proyectos estratégicos industriales, los conocidos como Perte, van a recibir 28.275 millones de euros más de lo previsto inicialmente entre transferencias y préstamos, según recoge la Adenda enviada a Bruselas. 

Hay dos aspectos sobre los que los economistas ponen el foco y que están íntimamente relacionados con esto último. Por un lado, la economía española ha logrado reducir su dependencia de la financiación exterior. "Estructuralmente tenemos una situación distinta", apunta a 'La Información' Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la UCM e investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). La balanza por cuenta corriente, que mide el saldo neto entre los ingresos y pagos al exterior por el intercambio de mercancías, servicios, rentas y transacciones, ha venido registrando saldos anuales positivos año tras año desde 2012.

Inversiones ya anunciadas por valor de 15.000 millones

Sin embargo y, como recuerda también Sanabria, en torno al 40% de la deuda pública está en manos extranjeras, por lo que una coyuntura incierta en lo político "podría generar desconfianza". Esto último afectaría de forma directa a la inversión en cartera, esto es, a la compra en el mercado de acciones de empresas nacionales por capital extranjero (en una posición minoritaria y con el objetivo de obtener rentabilidad), pero también a la inversión extranjera que busca establecer negocio productivo. La compañía de chips estadounidense Broadcom, Cisco, Intel, la farmacéutica belga Janssen o el fabricante de suelos laminados Kronospan han anunciado recientemente nuevos proyectos que aumentan las inversiones anunciadas en lo que va de año por grandes multinacionales en suelo nacional a los 15.000 millones. ¿Se mantendría este escenario a corto y medio plazo ante un impasse en lo político?

Actualmente España cuenta con ese plan de reindustrialización y con la "ventaja competitiva" del mix energético, que ofrece mejores costes de producción en las industrias electrointensiva y gasointensiva -de ahí que otro de los temores a los que aluden los expertos sea la posibilidad de un giro radical de la política energética-. No contemplan, en principio, problemas en relación con los próximos desembolsos de los fondos europeos. El país está pendiente del cuarto pago, por valor de 10.000 millones de euros, aunque ha cumplido ya los hitos que estaban asociados a este. Sí que tiene pendiente aprobar aún algunas reformas para obtener el quinto pago que, con todo, no llegaría hasta finales de año, lo que daría tiempo 'extra' para la conformación del nuevo Gobierno.  

Los compromisos de la Adenda y el bloqueo político

En cualquier caso y como recuerda a este diario Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de Fedea, la recepción de los fondos no se produce hasta que Bruselas ha certificado efectivamente que el país en cuestión cumple los hitos comprometidos. La decisión, como, tal depende de medidas y reformas que han tenido que aplicarse previamente, por lo que los pagos inmediatos no se verían comprometidos en principio por un eventual bloqueo. A esto se añade el hecho de que se mantendría en funciones el mismo gobierno que inició la negociación del programa con la Comisión Europea, por lo que a corto plazo tampoco cabría esperar retrasos o problemas con la Adenda. En cualquier caso, "la interinidad y la incertidumbre nunca son buenas. Lo deseable es que el resultado sea claro y que el nuevo gobierno eche a andar lo antes posible", apostilla. 

El Gobierno envió la Adenda a Bruselas el pasado 7 de junio y el Ejecutivo comunitario tiene dos meses para dar el visto bueno al texto o solicitar las correcciones que considere oportunas. Menos optimistas a este respecto se muestran los analistas de Barclays. En la entidad británica temen que la necesidad de repetir las elecciones no sólo prolongue la incertidumbre, sino que acabe por provocar un retraso en los desembolsos de los fondos NGEU ante la "parálisis del Gobierno". Desde el punto de vista económico, este sería el resultado "más perjudicial a corto plazo", sostienen.

Más tiempo para ejecutar los fondos por los retrasos

Esta misma semana la agencia de calificación estadounidense S&P advertía de que España -como Italia- necesitará pedir más tiempo a la Unión Europea para ejecutar las inversiones ligadas a los fondos europeos del Plan de Recuperación debido al retraso que lleva en la ejecución de los proyectos y que, según sus cálculos, ascendería a 7.700 millones de euros a finales de 2022 del total de 77.200 millones que le corresponden en concepto de transferencias. Este hecho también podría verse afectado por el retraso en la toma de posesión del próximo gobierno. 

Recientemente, la economía española ha mejorado, apoyándose en el impulso del sector servicios en la recuperación de la pandemia, aunque "estamos observando la ralentización de algunos indicadores", recuerdan desde la consultora de análisis de mercados MacroYield. Las primas de riesgo españolas e italianas (el otro país que según S&P Global necesitará más tiempo para gastar los fondos UE) se mantienen cotizando por encima de la portuguesa y también de la griega, que ha caído con fuerza con la victoria del partido conservador, que se ha comprometido a aplicar las reformas necesarias para mantener su deuda a raya. El debilitamiento de la economía alemana también ha tenido que ver en la reciente moderación de las primas de riesgo europeas, dado que estas se miden con el Bund germano, su referencia a diez años.