La Comisión Europea contaba con un plazo de dos meses para evaluar la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitida por el Gobierno a comienzos de junio que llegaba a su fin el próximo lunes, sin embargo, según ha podido saber La Información, ambas partes han decidido extender la fecha límite hasta el 6 de septiembre, que finalizaba este lunes. Fuentes del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital apuntan a que "la coincidencia con el periodo estival" ha llevado a los órganos de gobierno nacional y europeo a aplazar el 'deadline' para la aprobación definitiva de la hoja de ruta diseñada por España para movilizar los 90.000 millones de euros de los Fondos Next Generation a los que todavía puede optar, así como a otros 2.600 millones del mecanismo REpowerEU.
El órgano presidido por Úrsula von der Leyen también ha confirmado la decisión a este periódico, que asegura ha sido tomada de mutuo acuerdo con las autoridades españolas. Desde un primer momento se había barajado la posibilidad de ampliar este periodo, dado que España había cumplido con sus 'deberes' con margen de sobra, el país estaba obligado a remitir el documento a las instituciones europeas antes del 31 de agosto, pero lo hizo el 6 de junio. El Gobierno llevaba meses trabajando en el borrador de la adenda -había enviado el primer proyecto a Bruselas en diciembre- no obstante, la convocatoria anticipada de elecciones llevó al gabinete de Nadia Calviño a pisar el acelerador para dejar todo atado antes de la cita electoral, anticipando que la investidura del futuro presidente del Gobierno no se daría antes de septiembre.
El envío de este documento antes de que espirara el plazo reducía el margen de actuación del nuevo ejecutivo cuando todas las casas de encuestas apuntaban a que sería el Partido Popular quien tomaría las riendas tras el 23-J, partido que ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno de los fondos comunitarios y su distribución en el territorio. Si bien, como ya había puntualizado la titular de Economía, Nadia Calviño, la capacidad de efectuar cambios del equipo de gobierno que tomase el testigo al frente de La Moncloa era pequeña, puesto que el gran paquete de reformas ya fue comprometido con la Comisión Europea hace algo más de dos años.
La adenda al Plan de Recuperación supone la actualización del documento aprobado en 2021 en la que se incorporan una serie de ajustes en los hitos y objetivos comprometidos entonces. Estos cambios vienen motivados por las consecuencias de la guerra de Ucrania -especialmente intensas en el plano energético- y también han sido aplicados por otras economías del entorno como Alemania o Portugal. En total, el documento incorpora 18 nuevas reformas que no habían sido contempladas dos años atrás, aunque un número importante de ellas ya fueron aprobadas en los Consejos de Ministros previos a las elecciones generales del 23 de julio.
Un mes más para introducir cambios de calado
Con esta decisión, ambas partes amplían las posibilidades de introducir modificaciones de calado en el nuevo plan presentado por España para acceder a 84.000 millones en préstamos y 7.700 millones en transferencias adicionales. Cuando esta negociación llegue a su fin, el documento se remitirá al Consejo Europeo integrado por los presidentes y primeros ministros de cada uno de los 27 estados miembros. Este órgano contará con otro mes adicional para evaluar el diseño de inversiones orquestado por nuestro país, pero entonces ya no se podrá modificar la orientación de las políticas o las reformas, solo realizar cambios menores.
La Comisión Europea ha rechazado entrar a valorar el estado de las negociaciones con España al ser preguntada por este medio, pero sí matiza que la cuestión de los peajes que fue sacada a colación en la última semana de campaña electoral por el PP, queda fuera de estas conversaciones. El órgano ejecutivo entiende que el Plan de Recuperación propuesto por España "incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte para diciembre de 2023" por la que se establecería un mecanismo de pago por uso de vía a partir de 2024. No obstante, traslada que esta materia se abordará cuando se reciba la solicitud del sexto pago de los fondos y por el momento, el Gobierno no ha remitido la cuarta petición.
Como confirman fuentes del Ministerio de Hacienda capitaneado por María Jesús Montero, no existe un plazo para remitir esta solicitud, pero España había sido el primer país de la Unión Europea en solicitar los primeros pagos, lo que ha hecho que esta 'demora' haya sido leída en algunos ámbitos como un retraso. Tal y como explicó Calviño en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no fue posible remitir esta petición antes de las elecciones de 2023 porque quedaron pendientes "varias reformas" comprometidas para el cuarto pago. Algunas de ellas, como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero ya habían recibido luz verde por parte del Gobierno, pero cayeron en mitad de su tramitación con la disolución de las Cortes.
De acuerdo con el último informe de ejecución del Plan de Recuperación, presentado por la titular de Hacienda en febrero de 2023, ya se han asignado 160.000 millones de euros a España procedentes de los fondos 'NextGenerationEu'. En marzo, se convirtió en el primer país en recibir el tercer pago de 6.000 millones de euros de toda Europa, lo que elevó el monto total percibido en este concepto hasta los 37.000 millones de euros. En esa presentación, Moncloa hizo gala de la progresiva aceleración en la distribución de los fondos que para entonces, habían llegado a 150.000 empresas, 5.000 centros de investigación y 27.000 personas físicas. Un primer impacto que añadido a las reformas estructales implementadas (laboral, formación profesional, startups y concursal) estimaban en 2,6 puntos porcentuales del PIB para el periodo 2021-2031.
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