La Comisión Europea ha notificado este miércoles que, antes de que finalice el año, los países de la Unión Europea (UE) tienen que llegar a un acuerdo sobre las reglas de control de déficit y la deuda y ha recalcado que el tiempo del que disponen no es "ilimitado".
"El tiempo no es ilimitado y, por tanto, las posiciones de cada país son perfectamente legítimas, pero luego hay un calendario que impone dar pasos adelante mañana y concluir este acuerdo este año", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo).
Los Veintisiete debatirán mañana jueves el último documento propuesto por España, como presidencial temporal del Consejo de la UE, para alcanzar un acuerdo sobre una posible reforma que todavía divide a los socios entre los partidarios de una mayor disciplina presupuestaria y los que reclaman más margen para la inversión.
Gentiloni, quien destacó el "excelente trabajo" de la presidencia española, no quiso pronunciarse sobre las propuestas recogidas en este último documento pero incidió en que los cambios que se hagan con respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea deben ser "equilibrados" entre esas dos posturas.
Qué opina Nadia Calviño
La vicepresidenta económica en funciones de España, Nadia Calviño, señaló a su llegada que el objetivo es que este documento "permita un intercambio de puntos de vista" con el fin de iniciar el trabajo sobre los textos legales de la reforma. "Se trata de dar el empujón final".
Calviño destacó que en las conversaciones con todos los ministros en las últimas semanas ha visto una "actitud constructiva y positiva" y "una disposición muy favorable" a lograr un acuerdo antes de final de año, por lo que confió en que la reunión mañana "permita seguir avanzando" hacia ese objetivo.
Alemania y Francia enfrentados
El documento elaborado por la presidencia española para la reunión intenta conciliar las posturas de Alemania y Francia, que lideran respectivamente los dos grandes grupos en los que se dividen los Veintisiete sobre el sentido de la reforma del Pacto de Estabilidad.
Las cuestiones más polémicas siguen siendo, por un lado, el grado de disciplina fiscal que el nuevo marco exigirá a los países y, por otro, el espacio que dejará para que los gobiernos realicen inversiones en prioridades comunes como la transición ecológica, la digitalización o la defensa.
La postura de Alemania
Alemania pone el acento en el primero de los aspectos y quiere, además de que los países más endeudados recorten su deuda de forma constante, que incluso se obligue los Estados con menos desfase en sus cuentas públicas que guarden un colchón presupuestario para momentos de crisis.
Berlín, con el apoyo de otras capitales como La Haya o Estocolmo, también quiere que la sostenibilidad de la deuda pública sea el principal factor a tener en cuenta cuando se evalúe si se debe abrir un procedimiento por déficit excesivo contra un país que incumpla su senda de ajuste.
En el lado opuesto de la negociación, el de los incentivos para realizar inversiones, emerge el consenso de que los países puedan ampliar de cuatro a siete años el horizonte temporal de su senda de ajuste si llevan al día las reformas e inversiones recogidas en su plan nacional de recuperación.
También se plantea que el gasto incurrido en reforzar la seguridad y la defensa nacional en un periodo concreto cuente como un factor atenuante al evaluar la apertura de un expediente a un país incumplidor.
