"La valoración preliminar de la Comisión Europea sobre la reforma laboral española es positiva", apuntaba hace unas semanas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, desde Bruselas, tras la celebración de la primera reunión del año del Eurogrupo. Sin embargo, las autoridades europeas no llevarán a cabo el verdadero examen hasta que España solicite el segundo tramo de los fondos, que es el más cuantioso, por valor de 12.000 millones de euros. Y esa es una decisión que el Gobierno está atrasando, pues inicialmente estaba prevista para enero de 2022 y ahora se contempla realizar la solicitud en cualquier momento del primer semestre del año.
Las autoridades europeas evaluarán al detalle el texto y comprobarán si la reforma laboral cumple con los requisitos comprometidos en el marco del Plan de Recuperación. Y solo si el resultado es positivo desembolsarán los 12.000 millones. Pero para que esto se produzca, el Gobierno habrá tenido que solicitar el pago previamente y esa es una decisión que todavía no se ha tomado. "Se hará a lo largo del primer semestre", indican desde el equipo de Calviño, sin especificar en qué fecha concreta se producirá la solicitud.
En un primer momento, en la web del Plan de Recuperación del Gobierno se decía literalmente que "en enero de 2022 se procederá a realizar el requerimiento de pago correspondiente a la justificación de los hitos y objetivos del segundo semestre de 2021, por un importe de 12.000 millones de euros". Pero esa versión fue editada y ahora la referencia temporal es "a principios de 2022". En el contrato oficial firmado con Bruselas, el plazo se acota al primer trimestre del año, mientras en el Ministerio de Asuntos Económicos sostienen que el pago se solicitará en el primer semestre.
La vicepresidenta Calviño aseguraba este jueves durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar sobre los últimos avances relativos al Plan de Recuperación que España ya ha cumplido con la mayoría de los 40 hitos y objetivos fijados -30 de reformas y 10 de inversión- para solicitar el segundo desembolso, el que depende de la reforma laboral que acaba de convalidar el Congreso de los Diputados. Recordemos que este tramo de 12.000 millones es el más voluminoso y se sumaría a los 10.000 millones de euros recibidos a finales de 2021 y a los primeros 9.000 millones que se entregaron en concepto de prefinanciación.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar una adenda al Plan de Recuperación en la que se incluirán los préstamos a solicitar por el país, que en total pueden alcanzar los 70.000 millones de euros, según la asignación aprobada por Bruselas, que será revisada en función de la evolución real del PIB en 2020 y 2021. Para ello, se iniciará un proceso de consulta con los grupos políticos, los agentes sociales y las comunidades autónomas para preparar esa segunda fase del Plan de Recuperación.
El equipo de Calviño está preparando cuidadosamente toda la documentación y confía en que la valoración de Bruselas será positiva. Para empezar, respecto a la reforma laboral, ya que cumple con los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación al mantener el equilibrio entre flexibilidad y seguridad y limitar la temporalidad y además ha sido pactada en el diálogo social, un punto que las autoridades europeas valoran muy positivamente, tal y como aseguraba esta semana el comisario de Asuntos Económicos, el socialista italiano Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa de presentación de las previsiones económicas de otoño.
Documentación adicional
Pero lo cierto es que los técnicos bruselenses todavía no han examinado el fondo de la norma. "Evaluaremos la reforma laboral una vez recibida la segunda solicitud de pago de España", indica un portavoz de la Comisión. Solo entonces, Bruselas hará público el resultado de su exhaustiva evaluación de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que es el texto legal que sustenta la reforma aprobada por el Gobierno a finales del año pasado y convalidada por el Congreso de los Diputados el 3 de febrero.
Pero Bruselas no solo examina el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es el requisito para considerar el hito cumplido, sino que la Comisión dispone de un importante volumen de documentación remitida por el Gobierno español donde se explican las medidas y se realizan proyecciones sobre su eventual impacto en el mercado laboral con todo detalle. Aquí se incluyen dos informes de evaluación ex-ante sobre el estado de la negociación colectiva y el fondo de financiación del nuevo mecanismo RED (los ERTE estructurales), que el Ejecutivo está evitando hacer públicos y que obran en manos de las autoridades europeas desde hace meses.
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