Díaz tenía listo el decreto del SMI antes de negociarlo con patronal y sindicatos

Yolanda Díaz tenía redactado el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022 antes de sentarse a negociar con los agentes sociales. Así lo revela la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al texto legal que acaba de sacar el Ministerio a audiencia pública y que está fechada a 7 de febrero, el mismo día que la vicepresidenta había convocado a la patronal y los sindicatos a la mesa de diálogo social. "Esto evidencia que Díaz tenía la decisión tomada y que no hubo negociación, fue un paripé", denuncian fuentes de la CEOE, la organización empresarial que finalmente no se sumó al acuerdo con los sindicatos.

El lunes, día 7, tras la primera reunión tripartita, tanto desde los sindicatos como desde la patronal aseguraban que el Ministerio había propuesto una subida del SMI de 31 euros, desde 965 hasta 996 euros mensuales, en línea con la recomendación de los expertos para 2022. Sin embargo, en rueda de prensa tras esa primera toma de contacto, Díaz apostaba por los 1.000 euros y, aunque evitaba entrar al detalle de las negociaciones, avanzaba que el texto se encontraba ya "en el canal administrativo", sin especificar más. Fuentes del diálogo social revelaron entonces a La Información que la estrategia de la vicepresidenta pasaba por amenazar a la patronal con aprobar la subida más elevada (esos 1.000 euros, frente a los 996 de los expertos) si no se sumaban al acuerdo, como finalmente ha sucedido.

Consultados al respecto, el mismo lunes, desde el equipo de la ministra Díaz confirmaban que el texto estaba ya "en el canal administrativo interno", en referencia a que ya obraba en manos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es el órgano que examina los proyectos antes de que aterricen en el Consejo de Ministros. Con todo, desde el Ministerio aseguraban que la cuantía final del SMI todavía no estaba fijada negro sobre blanco. En cualquier caso, los equipos técnicos habían elaborado ya tanto las siete páginas de real decreto como las 37 páginas adicionales de memoria del análisis de impacto normativo, ya que la fecha que figura es el 7 de febrero, según se puede comprobar en la propia web del Ministerio de Trabajo.

 

 

"La decisión estaba tomada", sentencian fuentes de la patronal que denuncian que Yolanda Díaz tenía claro que subiría el SMI con o sin el beneplácito de los empresarios. Los sindicatos tampoco ocultan que tenían un pacto con la vicepresidenta para impulsar el salario mínimo hasta los 1.000 euros en 2022 y superar, por fin, una barrera psicológica por la que llevan años peleando. El propio Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, agradeció públicamente a Díaz y al Gobierno en su conjunto este miércoles, tras la firma del acuerdo, que cumpliera con el compromiso adquirido el pasado mes de septiembre, cuando se pactó el alza de 2021.

Aquel compromiso no quedó por escrito cuando se consensuó entre el Gobierno y los sindicatos, también al margen de la CEOE, un aumento de 15 euros para los últimos cuatro meses de 2021, pero el líder sindical dejó claro en su intervención que el pacto entre bambalinas existió y de ahí que la negociación, en esta ocasión, haya sido exprés, liquidada en apenas una reunión, la celebrada el pasado lunes, ya que el encuentro del miércoles fue solo para firmar el papel, tras el desmarque de la patronal. "Hace semanas habíamos acordado que el asunto se abordaría en febrero, tras la aprobación de la reforma laboral, y que el SMI subiría a 1.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero", aseguran desde el flanco sindical.

"No ha sido una negociación, ha sido un trágala", se quejan en la CEOE. "Yolanda Díaz impuso los 1.000 euros si no nos sumábamos al acuerdo y nos advirtió de que subiría el SMI aunque fuera sin nuestro apoyo, así que no llegamos a entrar al fondo del debate", aseguran desde la organización empresarial fuentes que tildan la actitud del Gobierno en este asunto y, en particular, la de la vicepresidenta, de "inaceptable". Las fechas que figuran en los textos legales que sustentan la subida del salario mínimo corroboran que, efectivamente, Díaz tenía tomada la decisión de antemano y quería aprobarla de inmediato, una vez superada la tramitación parlamentaria de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

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Para empezar, la memoria que acompaña al real decreto está fechada a 7 de febrero de 2022. En el texto se señala que, en esa misma fecha, "a 7 de febrero de 2022 se ha constituido la mesa de diálogo social formada por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT". Y también que "específicamente el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores se refiere a la previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, por lo que el proyecto y su Memoria han sido objeto de solicitud de informe a las mismas, en fecha 10 de febrero de 2022", una vez concluida la negociación y cerrado el acuerdo con los sindicatos.

Asimismo, en el texto figura que, en fase de borrador, el día 25 de enero se recabó el informe del Fondo de Garantía Salarial, del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, así como de la Secretaría General Técnica del Departamento. El mismo 25 de enero se solicitó un informe con carácter urgente del Ministerio Seguridad Social, para la estimación del incremento del SMI en materia de ingresos y gastos, y otros dos del Ministerio de Asuntos Económicos y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Es decir, el Gobierno ya había realizado todo este trabajo previo a la convocatoria de la mesa de diálogo social, que Yolanda Díaz oficializó el 26 de enero, un día después de haber recabado todos estos informes. Y la vicepresidenta se sentó a la mesa con la patronal y los sindicatos el pasado lunes con los textos ya redactados. De ahí que la negociación fuera exprés y que los empresarios se desmarcaran apenas horas después de la primera reunión con el Ministerio. Si bien es cierto que, tal y como deja constancia Trabajo en el texto legal, la subida del SMI es potestad del Gobierno, Díaz insistió en reunir a las organizaciones sindicales y empresariales para cuidar el diálogo social e intentar buscar un punto de encuentro, pero la CEOE no entró a negociar porque, insisten, "la decisión política estaba tomada".