El Gobierno ya asume que la factura del 'escudo social' dispuesto para reforzar el sistema sanitario, dar cobertura a los cerca de seis millones de trabajadores afectados por los efectos derivados del coronavirus sobre la economía y aliviar la situación de las cientos de miles de empresas que se han visto obligadas a paralizar en todo o en parte su actividad por las restricciones impuestas por la pandemia no se quedará en los 13.900 millones de euros inicialmente calculados. La evolución de la pandemia y la prolongación del 'estado de alarma' -al que se asocian estas medidas de cobertura- confirmada este martes por Pedro Sánchez disparará por encima de los 20.000 millones de euros la factura derivada de esas medidas y, según admiten fuentes gubernamentales, podría irse aún más allá en función del tiempo que la totalidad del país tarde en volver a esa 'nueva normalidad' de la que habló este miércoles el presidente del Gobierno.
Fuentes del área económica del Gobierno admiten que la previsión de gasto presupuestario en medidas de cobertura de 13.900 millones de euros que deslizó el propio presidente en su comparecencia del 17 de marzo tras la aprobación del primer Real Decreto de medidas económicas para paliar los efectos del coronavirus ha quedado obsoleta.
En la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se trabaja estos días en la elaboración de una nueva estimación más realista para presentarla ante Bruselas este jueves en el marco de la Actualización del Plan de Estabilidad del Reino de España, en el que el Gobierno no sólo tendrá que detallar la magnitud del desplome económico que prevé para 2020 o la intensidad con que espera que se dé la reactivación económica sino también el desequilibrio presupuestario esperado y qué parte de éste se deberá a las medidas activadas para paliar la crisis del coronavirus.
El asunto está lejos de ser menor en un contexto en el que el Gobierno de España está peleando en Bruselas por que Europa sufrague una parte de la factura que el Covid-19 está pasando a los países más golpeados por su devastadora acción y en el que ha resurgido el debate sobre la necesidad de condicionar estas ayudas a una mayor contención fiscal en los países mediterráneos.
Según fuentes del Gobierno, el informe también incluirá una estimación de la factura que se han cobrado hasta la fecha las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, ese famoso 'escudo social' sobre cuyo coste solo hay hasta el momento referencias esporádicas y aproximaciones generales, ya que el Gobierno ha eludido de forma expresa estimar el coste esperado de las mismas en el momento en que se han puesto en marcha. Según la Vicepresidencia de Asuntos Económicos esa nueva estimación aún se está perfilando a partir de los datos recibidos de los ministerios. Otras fuentes gubernamentales, sin embargo, hablan de una cifra en el entorno de los 20.000 millones de euros, muy por encima de la estimación inicial de 13.900 millones que hasta ahora constituía la principal referencia oficial.
La factura de la 'desescalada gradual'
Al parecer esa previsión inicial se basaba en un escenario de mantenimiento de estas medidas de contingencia durante un periodo de seis semanas, ya superado a día de hoy. En la última evaluación oficial del coste de estas medidas de la que se tiene noticia, realizada por el propio Pedro Sánchez en el Congreso el pasado 9 de abril, se reportó que la factura total a esas alturas de 9.100 millones de euros: 4.600 millones por medidas de respaldo financiero al sistema sanitario, 3.400 millones por medidas laborales (ERTE, prestación cese de actividad...) y 1.100 millones por medidas de carácter social para personas en situacion de vulnerabilidad. Según los datos proporcionados en su día por el Ministerio de Hacienda, solo los ERTE suponen un coste de 5.000 millones al mes entre prestaciones especiales para los afectados y exoneración de cotizaciones sociales tanto para los afectados como para las empresas.
El informe sobre los efectos del Covid-19 sobre la economía española realizado por el Banco de España estimó que en el supuesto de que las medidas de confinamiento se prolongaran durante ocho semanas solo el efecto de las medidas de apoyo financiero al sistema sanitario y de las medidas de cobertura adoptadas en el ámbito laboral (ERTE, cese de actividad de autónomos...) se cobrarían una factura de 16.500 millones de euros, sin contar las de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.
El plan gradual de desescalada aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que prevé la prolongación del estado de alarma al menos durante ocho semanas más, va a prolongar mucho más de lo esperado la vida de estas medidas de cobertura, vinculadas por ley a la vigencia de ese estado de alarma. Desde el Gobierno advierten de que parte de esos costes no se van a reproducir -como los cerca de 5.000 millones empleados en reforzar el sistema sanitario en su momento de máximo estrés- y de que otros irán bajando gradualmente a medida que más territorios vaya aproximándose a la normalidad y empiecen a abrir sus puertas empresas, establecimientos comerciales o industrias, lo que en buena lógica deberá reducir la bolsa de trabajadores afectados por ERTE o los autónomos en situación de cese de actividad.
A la contra juega la prolongación en el tiempo, hasta el mes de junio en el mejor de los casos, del 'estado de alarma' y la elevada probabilidad, confirmada este martes por el presidente del Gobierno, de que se habilite alguna fórmula para que los ERTE se puedan prolongar en el tiempo para evitar una ola de despidos según se levante el estado de alarma. Tal vez consciente de esta situación, Moncloa ha decidido que sea la vicepresidencia económica del Gobierno, Nadia Calviño, la que pilote esta negociación en perjuicio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un ojo en el paraguas social para los trabajadores y otro en las cuentas públicas.
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