A la vuelta del verano los ministerios deberán presentar a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos sus propuestas para llenar de contenido el Plan de Inversiones y Reformas anunciado por el Gobierno de España y que está llamado a canalizar los 140.000 millones de euros que el país recibirá en los próximos años del histórico Fondo de Reconstrucción europeo constituido para relanzar la economía europea tras el duro golpe que está suponiendo la Covid-19. El objetivo es llevar en octubre a Bruselas un plan de reformas creíble, con un calendario de aplicación definido y acompasado a la importante financiación que llegará de Europa. Para lograrlo, el departamento que dirige Nadia Calviño ha solicitado a los ministerios que acompañen sus propuestas de reforma de una suerte de 'memoria legislativa' que identifique de forma clara todas las normas de carácter estatal, autonómico, local o europeo que se verían afectadas por su eventual puesta en marcha, al objeto de disponer de un mapa completo de la magnitud de las reformas legislativas a abordar y priorizar también su 'calendarización' en función de la dificultad normativa que entrañen, según han confirmado a La Información fuentes del área económica del Gobierno.
El Gobierno - obligado por Bruselas a presentar en cosa de dos meses un plan de reformas viable y con un calendario de aplicación fiable - pretende priorizar en el primer año (2021) las reformas cuya puesta en marcha es más operativa y para ello necesita asegurar que el recorrido legislativo de las mismas sea lo más pacífico y dinámico posible. La complejidad de su tramitación no va a meter en el cajón ninguna reforma que sea considerada necesaria por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, pero lo que se quiere evitar a toda costa es transmitir hacia Europa una sensación de inacción o atasco en el cumplimiento de los calendarios establecidos para las reformas y eso exige, considera en Economía, ser realista en la definición de la agenda de reformas que se envíe a la Comisión.
No se trata de una cuestión menor. Los últimos años han ofrecido un puñado de ejemplos de intentos de reforma que han encallado por no haber medido bien en origen las implicaciones legislativas de su puesta en marcha. El caso más paradigmático es el de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una de las reformas estructurales que Bruselas impuso al Gobierno de España tras el rescate bancario del año 2012 y una de las principales cuentas pendientes de España con la UE - como se encarga de recordar la Comisión Europea en todos sus informes sobre el país-, que tras su aprobación el 9 de diciembre de 2013 encalló en una ristra de recursos de inconstitucionalidad por parte de las comunidades autónomas, que consideraron invadidas sus competencias, y que siete años después su entrada en vigor apenas ha podido producir efectos que justificaron su aprobación.
Hay más. El Gobierno de España se ha visto obligado a modificar en más de una ocasión su esquema de protección social a los trabajadores a tiempo parcial por contravenir la normativa europea. En realidad, el Reino de España es uno de los países más sancionados de Europa por legislar de espaldas o tratando de esquivar el marco regulatorio europeo. Los intentos de eliminar desde el Estado entidades locales como mancomunidades o consorcios de municipios para ahorrar recursos públicos han chocado también con las competencias que la Constitución da a los poderes locales.
Consciente de que la Comisión Europea y singularmente el bloque de países autodenominados 'frugales' van a examinar al detalle el uso que haga España de los fondos europeos, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no quiere dejar cabos sueltos. Según las fuentes consultadas, la vicepresidenta ha dejado bien claro en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos a sus colegas del Gobierno que los ministerios deberán definir no sólo lo que quieren hacer, sino cómo hacerlo, cuánto van a tardar en hacerlo y qué pasos tendrán que dar para hacerlo. "La vicepresidenta Calviño se ha volcado en este plan. Lo percibe como una oportunidad única para modernizar la economía española y con el bagaje de su experiencia en Bruselas lo ha planteado para evitar los errores que los países, incluido España, han cometido en el pasado en la gestión de fondos europeos", aseguran fuentes del ministerio.
Fuentes del área económica del Gobierno aseguran que la vicepresidenta Calviño comenzó a pergeñar con sus colaboradores lo que hoy ya se ha bautizado como 'Plan de Inversiones y Reformas' a principios de abril, apenas horas después de alumbrar el primer pack de medidas de choque para estabilizar la situación económica del país tras el primer impacto de la Covid-19. En esos primeros días, la vicepresidenta ya dejó sentados los principios básicos que debían guiar el impulso reformista del Gobierno y que la vicepresidenta ha desarrollado en sus últimas comparecencias parlamentaria: en primer término, centrarse en aquellas reformas que se puedan activar de una manera más inmediata; y en segundo lugar, priorizar entre éstas aquellas que tengan una mayor capacidad tractora, es decir, que tengan mayor capacidad de arrastre para generar actividad económica y creación de puestos de trabajo. Y éso es lo que le ha pedido a los ministerios.
Los ejes que guiarán esas reformas estructurales ya son conocidos y están perfectamente alineados con las prioridades definidas por Europa: transición ecológica, transformación digital, empleo y formación profesional, ciencia, servicios públicos y transformación del sector agroalimentario, ámbitos algunos de los cuales en los que las comunidades autónomas y las corporaciones locales disfrutan de un amplio margen competencial. Las fuentes consultadas recalcan que no es gratuito que la vicepresidenta haya hablado de ejes "o pactos", ya que es consciente de que una parte de esas reformas exigirá del compromiso y la participación de las administraciones territoriales. De ahí, el carácter crítico que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos haya dado a conocer la normativa afectada por las propuestas que se hagan desde los ministerios.
la mala fama de españa en bruselas
- El Reino de España sólo ha desarrollado íntegramente el 12% de las medidas recomendadas por la Comisión y ha avanzado poco o nada en dos terceras partes de éstas.
En juego, 140.000 millones de euros, un 'salvavidas' del tamaño de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que recordar que la experiencia de Bruselas con España en este sentido está lejos de ser satisfactoria. El último balance publicado por la Comisión Europea indica que España sólo ha desarrollado de forma íntegra el 12% de las recomendaciones formuladas por Bruselas y de manera sustancial otro 24%. Es decir, que los avances han sido escasos o nulos en dos de cada tres medidas que la Comisión ha propuesto a España. Una frase de ese informe resume el 'feeling' de las autoridades europeas respecto a lo hecho por España y probablemente condicione lo que va a ocurrir en los próximos meses: "Las reformas llevadas a cabo durante la crisis económica y financiera y en los años posteriores han contribuido hasta ahora al buen comportamiento y la creación de empleo de la economía española. Sin embargo, a partir de 2014 se ralentizaron los avances de las reformas. Ha habido algunos retrocesos en las reformas de las pensiones, y el nuevo Gobierno ha anunciado una marcha atrás en la reforma del mercado laboral introducida en 2012". Aviso a navegantes.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios