Fue el primer comentario del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en redes sociales tras regresar a España de la cumbre en la que la UE se jugó ser o no ser: los 750.000 millones dispuestos para hacer frente de la crisis de la Covid 19 deberían dar forma a “una economía más resiliente, verde, digital e inclusiva”. Verde es la clave. Hasta el 30% de esa ingente cantidad de dinero se destinará a iniciativas «verdes», que incluyen medidas específicas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la eficiencia energética e invertir en la preservación y restauración del capital natural, entre otras. Del total, 140.000 millones le corresponden a España.
Los fondos son un puntal para Sánchez, que se presentó a las elecciones con la propuesta de colocar a España en una “posición de liderazgo” mundial en el proceso de descarbonización de la economía. La elegida para pilotar la transición energética fue desde el principio Teresa Ribera, elevada a la condición de vicepresidenta cuarta del Ejecutivo de coalición PSOE-UP y cuyo papel para la reconstrucción de la economía queda reforzado.
Sánchez confía en Ribera (Madrid, 1969) para los asuntos más espinosos. Es un hecho. No se trata solo del difícil tránsito hacia una economía limpia. Sánchez ha encargado a la vicepresidenta asuntos delicados como apoyar la desescalada del confinamiento tras el estado de alarma o los planes para la España vacía y vaciada.
Antes de la crisis de la Covid, Sánchez confiaba en su elegida para manejar hasta 2030 en torno a 47.000 millones de euros públicos y arrastrar otros 150.000 del sector privado. Con la economía al borde del colapso, más prisa y dinero fresco procedente de Europa –la mitad de la partida para España son subvenciones- Ribera dispone de más medios para desarrollar sus planes, recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Cintura para negociar
Convertida en pieza clave de la acción política de Sánchez, Ribera ha demostrado cintura para negociar cambios de calado en sectores clave para la economía y aguante para soportar las maniobras y las críticas en su contra. Ha contribuido a acelerar el cierre de las centrales de carbón de las eléctricas, ha pactado con las compañías propietarias el cierre de las nucleares en 2035 y ha impulsado el sector renovable tras la moratoria de los Gobiernos del PP. Por supuesto, se ha dejado pelos en la gatera.
El Ministerio de Transición Ecológica ha tenido que aligerar las primeras redacciones de la futura Ley del Clima para cambiar el objetivo de emisiones cero para 2050 por el de emisiones netas cero, que parece lo mismo pero no lo es, sobre todo para las empresas relacionadas con los hidrocarburos. También ha habido alguna cesión respecto al automóvil -no se habla de motor de combustión, sino de emisiones directas de carbono- tras la polémica que desató el anuncio de la entonces ministra a finales de 2018 sobre la prohibición de los motores de combustión a partir de 2040.
Aquel anuncio revolucionó a las empresas. Tanto que, en un hecho insólito, el presidente de la asociación de petroleras AOP, Luis Aires, aprovechó el acto del 25 cumpleaños de la asociación, al que asistía Ribera, para lanzar una andanada pública sin precedentes en un acto tan formal contra las propuestas de la invitada.
En dos años, las cosas han cambiado. Las petroleras se han dado cuenta de que es mejor mirar la luna que el dedo. Todas están en la carrera para transformar el negocio y aprovechar los huecos que deje la transición energética. Es otro escenario y Ribera, que dirigió entre 2014 y 2018 el Instituto de Desarrollo Sostenible en París (IDDRI) lo conoce bien. La experiencia acumulada en la Administración nacional –Ribera fue secretaria de Estado con la Administración de Rodríguez Zapatero- también convierte a la vicepresidencia cuarta en una bisagra clave entre departamentos afectados inevitablemente por la transición energética como el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (José Luis Ábalos) y el de Hacienda (Maria Jesús Montero).
La carrera hacia la descarbonización de la economía implica, entre otras cosas, la revisión de la fiscalidad de los carburantes y de la electricidad. Es un asunto sensible. En 2018, en plena polémica del diésel, las petroleras advirtieron a Ribera de que las prohibiciones anunciadas afectaban, no sólo a las ventas de coches y por lo tanto al empleo, sino también a los 10.881 millones recaudados por el Estado por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, que llegan a 17.522 millones si se suman 6.641 millones de IVA.
Cambios en la fiscalidad
Los planes de transición y los cambios en la fiscalidad ambiental obligan a una mayor coordinación entre departamentos. El de Transportes ya está en la labor. Ha sacado a consulta pública la futura Ley de Movilidad sostenible en la que plantea reforma de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y los medios de transporte, en línea con el objetivo de reducción de emisiones que marca el proyecto de Ley de Cambio climático. El diésel -y la financiación de las autovías- están en el punto de mira.
En los últimos meses no ha sobrado la coordinación entre Ábalos y Ribera. Con permiso de la Oficina Económica de Moncloa, ambos tienen en sus manos una de las palancas de inversión y de empleo para los próximos ejercicios, aprovechando el dinero fresco que llega de Bruselas: la rehabilitación de edificios y de viviendas. En España hay 26 millones de viviendas construidas antes de 2007. La inmensa mayoría son energéticamente ineficientes.
La mitad del parque residencial es anterior al año 1980 y fue construido sin normativa de eficiencia energética. El resto, excepto quizá las terminadas en la última década, tienen un aislamiento muy pobre. Ahí hay campo. Las estimaciones del PNIEC en el sector de la construcción son espectaculares. Sin necesidad de construir más, las inversiones en ahorro y eficiencia energética podrían generar entre 42.000 y 80.000 empleos al año hasta 2030.
Sánchez apuesta por la transición energética como palanca de inversión y de empleo con convicción. En 2012, una carambola –el nombramiento de Cristina Narbona como consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)- lo llevó al Congreso, del que había quedado fuera en las elecciones de 2011 y a la portavocía en la Comisión de Cambio Climático. Ribera guió sus pasos. Ahora, el apoyo presidencial y los euros comunitarios consolidan su papel. Suenan igual, pero no es lo mismo una rivera –orilla de un pequeño caudal de agua- que una ribera –la orilla de un mar o gran río-.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios