La batalla contra la exclusión financiera de los mayores encabezada por el jubilado Carlos San Juan ha encontrado una más que sorprendente aliada en el seno del Consejo de Ministros. Se trata de la mismísima vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que en las últimas semanas no ha dudado en cargar con vehemencia contra los grandes bancos, exigiendo medidas, y exigiéndolas ya.
"Las personas mayores no están teniendo el servicio que merecen", ha llegado a asegurar Calviño ante los medios tras recibir al creador de la campaña 'Soy mayor, no idiota'. De igual forma, ha urgido al sector a que el plan de choque para esta problemática se materialice en un paquete de "buenas propuestas, que sean medidas eficaces, que no sean maquillaje ni apariencias". "La prioridad en una primera fase era el ámbito rural, especialmente durante la pandemia, pero nos hemos dado cuenta de que es también un problema en las zonas urbanas, donde tampoco los mayores tienen el servicio que merecer", ha aseverado Calviño.
Una postura de la vicepresidenta primera que ha sorprendido y molestado a las entidad financieras. No obstante, estas se han visto obligadas a recoger el guante y adelantar a toda prisa sus medidas para cumplir con el mes de plazo marcado por una Nadia Calviño que, pese a todo, parece haber pasado por alto la participación del Estado en Caixabank. Fruto de la fusión entre Bankia y La Caixa, el FROB (la Autoridad de Resolución Ejecutiva) pasó a ser el segundo máximo accionista de la nueva entidad, la primera en volumen de activos del país.
Aunque Europa ha dado a España hasta diciembre de 2023 para que se deshaga de la participación pública -que alcanza el 16%- en uno de los principales bancos del país, la máxima artífice de la política económica del Ejecutivo ya advirtió el pasado diciembre de que no tienen "ninguna intención" de salir de la nueva Caixabank. Cabe recordar que esta inversión proviene de los años de la anterior crisis económica, cuando el Gobierno se vio en la obligación de rescatar a Bankia para evitar el colapso de la entidad. Para ello, se destinaron unos 24.000 millones de euros de los que, a duras penas, el Estado apenas ha podido recuperar 3.000 millones.
El departamento que dirige Calviño consiguió el año pasado una nueva prórroga -la tercera que nos concede el BCE en esta cuestión- hasta finales del año que viene, aunque las palabras de Calviño sobre la marcha atrás en la desinversión no sentaron nada bien en Bruselas ni en Frankfurt. El objetivo sería mejorar ligeramente la rentabilidad del paquete accionarial del FROB para el momento de la venta, reduciendo al máximo unas pérdidas mil millonarias de un rescate que, además, siempre estuvo en el punto de mira de la izquierda del electorado y de partidos como Unidas Podemos. El que fuera líder de la formación morada, Pablo Iglesias, incluso llegó a proponer que este estamento fuera la base de una nueva banca pública.
Precisamente por eso es por lo que se hace más difícil de entender el despliegue de una estrategia ofensiva de la vicepresidenta contra el sector en un tema de este calado, sensible al daño reputacional que pueda ocasionar en la gran banca, que está recuperándose, al igual que el resto de sectores, de los estragos de la peor parte de la pandemia. Así, nos encontramos una Nadia Calviño sacando la mano dura contra el sector, a la vez que la propia vicepresidenta es, de facto, la cabeza visible de la mayor inversión estatal en una entidad bancaria.
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