La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha dado este miércoles más motivos para todos aquellos que piensan que el recién constituido Gobierno de coalición de las izquierdas se va a traducir en más gasto público y una mayor relajación de España en el cumplimiento de sus objetivos de consolidación fiscal. Si el lunes era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que anunciaba la intención del Gobierno de renegociar con Bruselas la senda de déficit para ganar mayor margen presupuestario, esta vez ha sido Calviño la que ha admitido implícitamente un paso atrás en el ritmo de consolidación fiscal del Reino de España al fijar como objetivo para este año llevar el nivel deuda pública sobre el PIB al 95%, cuando en el Plan Presupuestario remitido el pasado mes de octubre a Bruselas el objetivo fijado era del 94,6%.
El juego de las grandes cifras puede hacer pensar que la diferencia es inapreciable, pero esas cuatro décimas suponen cerca de 5.000 millones de euros extra de deuda. Por tener una referencia, el préstamo anual del Tesoro a la Seguridad Social para enjugar los números rojos del sistema de pensiones es de 13.800 millones, algo más del doble. Más allá de la cuantía, el cambio de referencia activado por la vicepresidenta económica del Gobierno supone la admisión implícita de que las Administraciones Públicas españolas necesitarán este año más respaldo financiero externo del previsto para desarrollar sus políticas.
Lo sorprendente, y lo que alienta las dudas de organismos internacionales, inversores e institutos de análisis doméstico sobre el compromiso de los sucesivos gobiernos de España con el proceso de reducción de sus desequilibrios estructurales, es que este frenazo en la reducción de la deuda -uno de los indicadores macro que con mayor interés fiscalizan los inversores internacionales en el caso de España- se produce en un contexto idílico, con los costes de emisión de títulos en niveles históricamente bajos, la prima de riesgo controlada gracias al BCE y la confianza de los inversores de renta fija al alza gracias al buen desempeño de la economía en los últimos años.
Banco de España, FMI, Comisión Europea, la lista de instituciones que han recomendado a España acelerar la reducción de la deuda pública aprovechando el contexto favorable es muy dilatada, pero no ha conseguido que ésta continúa estancada en las cercanías del 100% del PIB después de un prolongado periodo de un lustro con crecimientos por encima del 2%. Calviño ha insistido este miércoles en el 'Spain Investors Day', ante un auditorio formado por directivos de las principales empresas del país y un nutrido grupo de inversores internacionales, que el Gobierno sigue comprometido "con la reducción de los niveles de déficit y deuda sobre el PIB de la forma más rápida", pese a que los últimos mensajes del Gobierno parecen apuntar en otra dirección.
El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, justificaba hace apenas unos días la previsión de emisiones brutas y netas durante el año 2020 por encima de lo efectivamente ejecutado en 2019 por una política de prudencia del Tesoro y la falta de información sobre si este año se repetirían alguno de los factores que han hecho de 2019 un año histórico para el Tesoro por el bajo coste de las emisiones y los ahorros conseguidos. San Basilio negó explícitamente que ese colchón se debiera a las incertidumbres sobre el tono de la política fiscal del nuevo Gobierno y a las sospechas respecto a un mayor gasto público y, por tanto, una mayor exigencia de financiación ajena.
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