Dice el refranero español que "quien debe y paga, no debe nada". Esta semana, en plena vorágine por las 'tractoradas' organizadas a lo largo de toda España, las organizaciones agrarias COAG y UPA coindieron en pedir a los partidos españoles; que votaran a favor de la propuesta de la Comisión Europea, para mantener el plazo máximo de pago en 30 días en todas las operaciones comerciales dentro del próximo Reglamento Europeo contra la Morosidad. Además de que rechazaran las enmiendas del Partido Popular Europeo (EPP) y de los Conservadores y Reformismas Europeos (ECR, al que pertenece Vox), que en su opinión supondrían "un paso atrás". El debate se trasladará en las próximas semanas al pleno de la Eurocámara, después de superar este jueves el filtro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Tanto COAG como UPA, además de Asaja, coinciden en la importancia de que a los agricultores y ganaderos se les pague en tiempo y forma.
Al respecto Jaume Bernis, miembro de la ejecutiva de COAG, declaró esta semana su temor a que si se impone la opción de flexibilizar más el máximo pago en 30 días "la parte con mayor poder en la negociación, la compradora de nuestras producciones, impondrá sus condiciones, ampliando el periodo de pago". En este sentido, apuesta por la propuesta de la Comisión que, a su juicio, "refleja el resultado de los estudios de impacto que señalan este hecho y que la propia patronal del comercio europeo ha cifrado en 150.000 millones de euros en toda Europa". Además, Bernis (COAG), se muestra a favor de que se apruebe un Reglamento Europeo contra la Morosidad frente a la Directiva actual, ya que "es directamente aplicable y establece las mismas disposiciones en toda la UE". A su juicio, si finalmente el Pleno de la Eurocámara mantiene intacto el texto de la Comisión, se introduciría "un plazo único de treinta días, tanto para productos frescos como para los perecederos".
"Un reglamento es directamente aplicable y establece las mismas disposiciones en toda la UE", señalan Jaume Bernis (COAG)
Por su parte, desde UPA, creen que el apoyo a este nuevo reglamento es "vital para proteger a los pequeños y medianos agricultores de los abusos que en la práctica se vienen sucediendo". En esta línea, desde esta organización agraria, recuerdan que la actual normativa permite ampliar a 60 días los plazos de pago "si no resulta manifestamente abusdivo para el acreedor". Además, señalan que la Comisión Europea ha admitido que esta regulación "ha dado lugar a una situación en la que se imponen plazos de pago de 120 días o más a los acreedores más pequeños". En concreto, en UPA ponen el foco en que los pagos superiores a 30 días para productos perecederos es una de las prácticas comerciales desleales más repetidas a nivel europeo. En cambio, fuentes de Copa -Cogeca, la mayor plataforma europea que agrupa a agricultores y cooperativas, creen que en este caso es la Directiva sobre Prácticas Desleales de 2019 la que prevalece . "Los 30 días son para los productos perecederos y los 60 días para el resto. Es la base de todo", aclaran.
Cadena Alimentaria y prácticas comerciales desleales
"Ha habido una evolución a mejor que ha costado una década, recuerdo que antes se pagaba a los 3 o 4 meses, incluso a los 6 meses", apunta Ricardo que es productor de cítricos en Pedralba (Valencia) donde junto a su hermano es copropietario de una explotación de 15 hectáreas. Una mejora que este citricultor atribuye a la reforma de la Ley de Morosidad de 2014 y, sobre todo, a la Ley de la Cadena Alimentaria que ha abierto la puerta a que particulares y organizaciones agrarias puedan denunciar de forma anónima determinadas prácticas comerciales. "Los comercios están entendiendo que les sale más a cuenta pagar a 30 días", considera este productor quien defiende que el cumplimiento de estos plazos les permite disponer de liquidez para abonar los insumos. "Nosotros no los pagamos a 3 o 4 meses, sino a 30 días y, normalmente, en el momento", añade al respecto.
Un punto de vista diferente tiene Pedro José, agricultor y ganadero en Pétrola (Albacete), quien entiende que ante la incertidumbre por la fuerte inflación y el precio de las pólizas se abone una parte durante los citados 30 días, y luego se llegue a un acuerdo posterior para el resto. Todo ello, si hay confianza suficiente confianza entre las partes. Por su parte, Ricardo pide poner el acento en las 'prácticas comerciales desleales' que ya están señaladas por la Ley de la Cadena, y cita ejemplos como el 3% del total de la venta que deben abonar los citricultores de su zona a los 'corredores' que vienen de parte de los comercios.
Morosidad en el campo, ¿cambio de tendencia?
Según el 'Informe de Financiación en el Sector Agroalimentario y Pesquero', que elabora el Ministerio de Agricultura con datos de hace dos años, la tasa de morosidad en el sector agrario (así como para la industria agrolimentaria y la pesca) se ha ido reduciendo desde 2014. En concreto, a cierre de 2022, se registró una tasa de morosidad en el sector agrario del 4,9% frente al 5,1% del cuarto trimestre del ejercicio anterior. También cedió la de morosidad de la industria agroalimentaria situándose en el 3,2% frente al 3,8% en el último trimestre de 2021. En el caso del conjunto de las actividades económicas alcanzó el 4,2% en 2022 frente al 4,8% del año anterior.
"Los comercios están entendiendo que les sale más a cuenta pagar a 30 días", Ricardo, citricultor en Pedralba (Valencia)
Sin embargo, la última entrega del boletín de 'Financiación del Sector Agrario, Agroalimentario y Pesquero' referido al tercer trimestre de 2023, y que también elabora Agricultura, apunta hacia un ligero repunte de la morosidad. Este estudio calcula para el sector agrario créditos dudosos por un montante de 1.044 millones de euros sobre un endeudamiento total de 20.191 millones. Esto es una tasa de créditos dudosos (resultado de la relación entre crédito dudoso sobre el crédito total concedido) del 5,2%, idéntica a la del trimestre anterior, pero superior a la estimada para el total de la actividad económica que fue del 4,1% (alrededor de 1,1 puntos menor que la del sector agrario). Si añadimos los hogares, la tasa de créditos dudosos de la economía española en el tercer trimestre de 2023, se situaba en un 3,6%, lejos del 5,2% de la actividad agraria.
