Cataluña abandera la protesta contra el equilibrio exigido en las cuentas de 2024

Cataluña ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana el debate de la consolidación fiscal y de los recursos de los que disponen las autonomías a raíz de la carta enviada el viernes por la consejera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, a la ministra en funciones María Jesús Montero. En su misiva, la responsable de la Hacienda catalana tildaba de "injusta y desproporcionada" la intención del Ejecutivo en funciones de obligar a las comunidades autónomas a que alcancen el equilibrio presupuestario el año que viene, como detalló en la actualización del Programa de Estabilidad remitida en junio a Bruselas. 

Mas reclamaba, de hecho, un margen de al menos un 1% del PIB para los ejecutivos territoriales, argumentando que asumen una buena parte del gasto y que España se ha comprometido a situar el agujero del conjunto de las Administraciones Públicas en el 3% cuando Bruselas recuperará las reglas fiscales. Solicitaba igualmente a la ministra poder contar también con la estimación de los ingresos que su comunidad recibirá el año que viene del modelo de financiación, en tanto que estos suponen "más del 80% de los recursos generales de los que dispone la Generalitat".

La parálisis política que se ha derivado de los resultados de las elecciones del 23 de julio y el hecho de que el Gobierno se mantenga en funciones aboca al país, casi con toda probabilidad, a la quinta prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en diez años. Y esto implica, entre otras muchas cosas, que las autonomías de régimen común (todas, salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con su propio sistema de financiación) verán congelados sus recursos hasta la existencia de un nuevo texto. 

No se actualizarán ni los ingresos por las entregas a cuenta que el Estado debe abonarles por los impuestos compartidos (IRPF, IVA y especiales) ni por los fondos (Garantía, Suficiencia, Convergencia y Cooperación) que compensan a las más desfavorecidas por el actual sistema de financiación. Así, una prórroga presupuestaria podría tensionar la liquidez de las autonomías al inicio de 2024, si bien en los primeros meses del ejercicio los territorios podrían contar con anticipos a cargo de la liquidación récord de 2022 que pueden tentar a los gobiernos regionales a elevar el gasto público.

De momento, Cataluña habría registrado un desequilibrio del 1% de su PIB entre enero y junio pasados, de acuerdo con los datos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estos constatan cómo las regiones están excediendo con mucho el tope del 0,3% al que se habían comprometido a ceñirse a lo largo de este ejercicio. El Gobierno Central les ha llamado a seguir con la senda de consolidación, pese a que la Comisión Europea mantiene activada hasta el próximo 1 de enero la cláusula de escape que permitió a los Estados miembro tirar de gasto público y de endeudamiento para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia de Covid, primero, y de la crisis energética, de la inflacionaria y de la guerra en Ucrania, después.

El gasto sube más que los ingresos coincidiendo con elecciones

En el primer semestre, Murcia (1,59%), Baleares (1,55%), Comunidad Valenciana (1,42%) y Navarra (1,34%) son las cuatro autonomías que incurren en un mayor déficit este año, muy por encima del 0,86% que registra de media el conjunto y que equivale a unos 12.110 millones de euros, esto es, 4.000 millones por encima del que alcanzaron en el mismo periodo del ejercicio previo. En ese periodo el gasto ha aumentado muy por encima de lo que lo han hecho los ingresos, coincidiendo con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Únicamente Asturias (-0,28%) y País Vasco (-0,08%) se ajustan al límite previsto.

En lo que respecta al Estado, su déficit aumentó hasta el 2,68% del PIB de enero a julio debido, precisamente, a los 11.798 millones que ha tenido que abonar a las comunidades y las entidades locales a cuenta de la liquidación de 2021. El actual sistema de financiación (que ninguno de los sucesivos gobiernos ha podido reformar pese a que caducó en 2014) prevé que el Estado entregue a cuenta a los gobiernos autonómicos las cantidades que estima que recaudarán. 

Transcurridos dos años, cuando ya existe una cifra de recaudación real, la Administración Central liquida con las comunidades autónomas en función del anticipo que recibieron en su momento. En 2021 esos ingresos superaron ampliamente lo previsto (España recabó un total de 223.382 millones de euros vía impuestos ese ejercicio, la mayor recaudación de la historia hasta ese momento) y el Estado ha tenido que desembolsar ahora la diferencia, lo que ha repercutido de forma negativa en sus cuentas.