Durante la cumbre hispano-lusa celebrada el pasado viernes en la ciudad portuguesa de Viana do Castelo, los ejecutivos de España y Portugal solicitaron a Bruselas que flexibilice el calendario de ejecución de las inversiones financiadas con los Fondos Next Generation ante la incertidumbre que golpea a las economías europea y mundial: inflación, costes energéticos disparados, escasez de materias primas esenciales para la construcción, cuellos de botella en las cadenas de suministro... y una recesión en ciernes en la zona euro, según advierten los principales organismos internacionales. Cuando a finales del año pasado empezó a acelerarse el reparto de estas ayudas entre las autonomías y a los organismos públicos, se apreciaron problemas que, según denuncian los empresarios españoles, se han enquistado con el tiempo y persisten a pocas semanas de que concluya 2022.
No han mejorado los problemas de acceso y, de hecho, algunas de estas trabas se han hecho estructurales, lamentan fuentes de la CEOE consultadas por 'La Información'. Las mismas fuentes reconocen que sí ha aumentado el ritmo de publicación de convocatorias, a medida que ha ido avanzando el tiempo, si bien aseguran que aún no se ha llegado a la velocidad de crucero que defienden desde el Gobierno. En la patronal inciden en que solo se han concedido el 25% de las ayudas que se han publicitado.
Desde del Ministerio de Economía explican a este diario que los datos más actualizados (hasta finales de octubre) reflejan cómo se han autorizado ya 22.233 millones de euros en fondos europeos, es decir, el 78,2% del crédito total. Añaden que se están licitando a un ritmo de unos 2.000 millones de euros al mes y que se han transferido ya cerca de 19.000 millones a las comunidades autónomas, que son las que ahora tienen el papel protagonista en el despliegue de los mismos. La propia vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, aseguraba la pasada semana en el Congreso que el Ministerio que capitanea está "finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago".
El punto de vista de los patronos es otro. Lamentan que se mantengan y se hayan consolidado varios de los problemas que los fondos arrastran desde su puesta en marcha y, de hecho, las fuentes consultadas apuntan a cuatro en concreto que siguen dificultando el acceso de las empresas a la financiación procedente de Europa. En primer lugar, apuntan a una escasa flexibilidad en el diseño de las convocatorias, lo que hace difícil que muchos proyectos encajen en las bases reguladoras. Está también la carga burocrática que conllevan y la falta de agilidad de la Administración -afirman que no se ha producido una reducción real de los tiempos en relación a cuando no había fondos Next Generation y las empresas pedían otro tipo de subvenciones, y ponen como ejemplo el Perte de la automoción-.
Se quejan, igualmente, de la atomización de las convocatorias y de que en vez de publicarse una que abarquen una tipología amplia se lancen varias que, en la práctica, resultan ser "demasiado específicas". Esto puede obligar a las empresas a tener que presentarse a varias convocatorias, incluso de administraciones diferentes, para poder optar a fondos con los que desarrollar un único proyecto. Así, si una empresa quiere presentar un plan para mejorar su planta de producción en Galicia, debería solicitar una ayuda para la mejora de la infraestructura física a la Xunta; otra diferente, también al Gobierno gallego, para mejorar la eficiencia energética; y acogerse además al kit digital que gestiona el Estado, en caso de que el proyecto lleve aparejadas mejoras en la digitalización de esa fábrica.
La brecha entre lo público y lo privado
En cuarto lugar, las mismas fuentes de la CEOE explican que las ayudas ponen en evidencia la brecha que sigue existiendo entre el sector público y el privado. Una brecha que implica mayores dificultades a la hora de acceder a las ayudas, entre otras cosas, por la falta de claridad en la información que se da a las empresas solicitantes. Esto lleva a algunas pymes a replantearse la solicitud de los fondos -sobre todo cuando su única relación previa con la Administración ha sido para pagar los impuestos correspondientes-. Por último, los empresarios critican que se mantengan algunas convocatorias que se publicaron con anterioridad a la llegada de los fondos, sin adaptarlas a las características de los nuevos proyectos.
Desde Bruselas, Nadia Calviño confirmaba el lunes que el Gobierno solicitará esta semana a la Comisión el desembolso de otros 6.000 millones de euros del Next Generation, en el que será el tercer pago para nuestro país. La vicepresidenta hacía hincapié en que España "está cumpliendo con las reformas exigidas" por parte de las instituciones comunitarias para poder acceder a esas ayudas. Una vez que se lleve a cabo esa solicitud, el Ejecutivo comunitario dispondrá de dos meses para realizar su análisis sobre el cumplimiento de los hitos comprometidos por el país y dar su visto bueno al pago que, después, deberán aprobar el resto de socios en el plazo máximo de un mes. Hasta la fecha, España ha recibido 22.000 millones de euros en los dos primeros tramos de ayudas y otros 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación.
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