CEOE, CCOO y UGT llegan a un acuerdo para subir los salarios un 10% en tres años

Patronal y sindicatos han llevado la negociación del pacto de rentas o el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en estricto secretismo desde que retomasen las conversaciones hace poco más de un mes. CCOO y UGT lanzaron un ultimátum en el que pedían subidas salariales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024. Desde el primer momento, CEOE y CEPYME descartaron entrar a negociar el año que ya había terminado, pero en su lugar propusieron cerrar las alzas salariales para el año 2025. Este viernes, según ha adelantado 'Cadena SER' los negociadores habrían cerrado un acuerdo para llevar a cabo subidas de hasta el 10% de aquí a 2025. Más de un año después de convocar por primera vez esta mesa, las partes habrían acordado que el marco para elevar los sueldos de los trabajadores a nivel nacional sea del 4% para 2023, del 3% para 2024 y de otro 3% para 2025%.  

Fuentes de CCOO, UGT y CEOE apelan a la cautela y sostienen que siguen en la mesa de negociación, dado que el AENC aborda diferentes cuestiones más allá de las alzas salariales, ya que sirve como molde para las negociaciones que tengan lugar en cada sector o territorio. Una vez concluido el encuentro de este viernes, los negociadores insisten en que quedan "flecos pendientes" sobre los que trabajarán durante el fin de semana, por lo que por el momento no habrá un comunicado oficial. Según la información publicada durante la tarde y como confirma la patronal a este medio, los negociadores van a convocar a sus respectivos órganos el próximo lunes con el objetivo de que se ratifique el pacto. Las partes también habrían llegado a un consenso para incluir una cláusula que permita revisar los salarios al alza de forma anual con un margen del 1%, para que la remuneración pueda adaptarse a la evolución de los precios. 

Las conversaciones permanecieron estancadas durante buena parte de este periodo, debido a la falta de voluntad de los empresarios de cerrar un acuerdo tras la subida del SMI a 1.080 euros y la aprobación de la segunda parte de la reforma de las pensiones que no contaron con su respaldo. No obstante, parece que haber introducido una recomendación para que las mutuas acompañen las bajas laborales u ofrezcan asistencia en el proceso, para acelerar los tiempos respecto a los que se toma la Seguridad Social y un punto en el que se inste a negociar el periodo mínimo por el que se pueden firmar contratos para fijos discontinuos ha propiciado que se dé un principio de acuerdo. 

"Avance muy sustancial" en el preacuerdo

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha apuntado este viernes que "en estos días se ha producido un avance muy sustancial en el acuerdo de salarios y negociación colectiva". El líder sindical ha indicado que "están cerca del acuerdo", a pesar de que hay detalles por ultimar a lo largo de este fin de semana, algunos de los cuales apunta que son "de calado". Después, los órganos de dirección del sindicato ratificarían el acuerdo en el caso de que llegue a cerrarse antes del domingo. "En este momento no está cerrado todo el texto de este AENC y esperamos que en las próximas horas podamos dar carpetazo a un acuerdo de mucha trascendencia, de mucha importancia para mejorar los salarios del año 23, 24, 25", ha asegurado. Sin embargo, Unai descarta que este consenso disipe las posibilidades de lograr subidas salariales para 2022, aunque estas deberán conseguirse en la negociación colectiva. 

En la misma línea, Álvarez ha asegurado no poder valorar un acuerdo que no se ha firmado, aunque ha admitido que hay perspectivas de que el acuerdo sea inminente. "Todo el mundo era consciente de que el tiempo se acababa, no daba para más, llevábamos casi dos años en unas negociaciones que teníamos que finalizar, y lo hemos hecho porque si no estábamos perjudicando a la negociación colectiva", ha confesado Álvarez. "Me parece que es un gran acuerdo para España, la economía española necesita de estos acuerdos que dan seguridad a empresas y a trabajadores", ha apuntillado. 

Inicialmente, ambos representantes sindicales habían fijado el 1 de mayo como la frontera que no querían superar con la mesa de negociación abierta. En cambio, en los últimos días los representantes sindicales se habían puesto de perfil y habían apuntado a otoño como fecha en la que convocarían movilizaciones sociales en aquellos sectores que no hubiesen actualizado sus convenios, dado que algunos están pendientes de ser actualizados desde el pasado 2020. Aunque, en todo momento, han descartado que se fuese a tratar de una huelga general, puesto que, por un lado, no consideraban coherente movilizar ahí donde sí se habían producido alzas salariales y por el otro, defienden que se han conseguido importantes avances durante esta legislatura como la reforma laboral, por lo que no querían brindar este castigo al ejecutivo de coalición. 

Cabe recordar, que el AENC no es de obligatorio cumplimiento para ninguna de las dos partes, por lo que el hecho de que se ratifiquen estos porcentajes no implica que todos los trabajadores amparados por un convenio colectivo vayan a experimentar esta subida. Sino que sirve como referencia. Sin embargo, si propicia que las empresas y los trabajadores que no estén bajo este paraguas tengan unos márgenes a los que agarrarse durante sus respectivas negociaciones. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, había pedido este jueves a la patronal que cerrase un acuerdo con los representantes de los trabajadores para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas que se remonta a la crisis financiera de 2008. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, le reprochó que no le correspondía instar a los agentes sociales a ello, pero parece que para entonces las partes estaban próximas al entendimiento. 

Sin observatorio de márgenes empresariales

La última propuesta pública presentada por los sindicatos incluía la posibilidad de vincular las alzas salariales a los márgenes empresariales y para ello se proponía la creación de una figura similar al observatorio de márgenes empresariales anunciado por Calviño hace unas semanas desde Washington. La idea consiste en cruzar los datos con los que ya cuenta Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social para que trabajadores y empresarios puedan tener un indicador objetivo sobre el que basar sus conversaciones, en función de cuál haya sido la marcha en términos económicos de la compañía o el sector. Los sindicatos afirmaron que estaban dispuestos a moderar sus demandas en el caso de que los resultados no fueran positivos, pero las patronales se negaron rotundamente a este tipo de intervención pública.