La CEOE se arma para la 'gran batalla' de final de año. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha advertido a los empresarios de que en cuanto disponga del dato de inflación de noviembre y del informe del comité de expertos va a proponer a los agentes sociales una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la va a llevar a cabo con o sin su respaldo. La patronal está ya decidida a rechazar la propuesta, pero aun así está echando cuentas para saber cuánto costaría a las empresas este nuevo incremento de los costes laborales y armarse con datos para justificar y respaldar su negativa oficial en los próximos meses.
Según ha podido saber La Información, la CEOE ha elaborado su propio informe interno para medir el impacto sobre los costes laborales de una nueva subida del salario mínimo. Fuentes conocedoras de estos trabajos revelan que se ha elaborado un estudio sobre más de 80 convenios bajo la hipótesis de que el salario mínimo suba a 1.050 euros (que es la cifra que barajaban hace un año los expertos de Díaz y que ahora tienen que actualizar por el impacto de la inflación sobre el sueldo medio) o a 1.100 euros (que es la cantidad que reclaman los sindicatos) y la conclusión a la que han llegado es que todas las tablas salariales se ven afectadas por el efecto arrastre. Es decir, que el impacto sobre los costes laborales sería considerable.
El informe se puso en común en la reunión del grupo de trabajo de diálogo social para abordar el posicionamiento sobre la negociación colectiva nacional que tuvo lugar el pasado viernes en la sede de la patronal. Como se adelantó en estas páginas, el cónclave fue convocado para evaluar la situación y adoptar una postura tras las polémicas declaraciones de Yolanda Díaz en la vuelta al curso político en el Congreso de los Diputados, donde apoyó explícitamente las movilizaciones de los sindicatos contra la patronal. Fuentes de la organización empresarial presentes en la reunión explicaron que la intención era poner en común el estado de las negociaciones de los convenios en las mesas abiertas, pero también se abordó el asunto del SMI.
Y más allá de constatar el efecto arrastre que la subida del salario mínimo tendría en muchos convenios, los empresarios incidieron en la necesidad de instar al Gobierno a revisar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos como la propia subida del SMI, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no puedan preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de los costes laborales. Este es un tema clave para la patronal, que lleva años reclamando a distintos gobiernos que lleven a cabo modificaciones en la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos de Sector Público.
Uno de los sectores más afectados es el de la limpieza, representado en la CEOE por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel). "Pedimos al Gobierno y, en especial, al Ministerio de Hacienda, cambios en su LCSP y al de Economía, reformar su Ley de Desindexación, ayudados por Trabajo y por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Es fundamental que todos ayuden y no recaiga todo el peso de los cambios que nos piden en costes en las empresas", declaró recientemente su presidente Juan Díez de los Ríos, que aseguró que el sector de la limpieza no se niega a subir salarios, pero pidió que la administración ayude y así "se asumirían las mismas obligaciones que se nos exigen al sector privado". Las prórrogas obligatorias son "inasumibles", denunció.
La patronal tiene perfectamente estudiados los efectos de la subida del SMI en el informe que ha elaborado su servicio de estudios para respaldar la negativa a una nueva subida. Lo mismo que ha hecho, pero en sentido contrario, Yolanda Díaz, que frente a los "agoreros del apocalipsis" -así ha definido la propia vicepresidenta a instituciones como el Banco de España, que han asegurado que las subidas del SMI afectan negativamente a la creación de empleo- quiere demostrar que los sucesivos incrementos del salario mínimo han tenido efectos positivos en el mercado laboral y en la sociedad en general. Y con ese objetivo ha decidido encargar una serie de estudios específicos, elaborados por expertos en la materia, de cara al mes de noviembre, cuando pretende cuantificar el SMI de 2023 en base a la nueva referencia del salario medio que fije el comité de expertos y de factores como la evolución de la inflación y de la situación económica en general.
En concreto, Díaz ha encargado tres informes: uno para medir los efectos del incremento del SMI de 2019 en los hogares pobres (hay que recordar que aquel año el Gobierno de Pedro Sánchez acordó con Unidas Podemos la mayor subida de la democracia, del 22,3%, hasta alcanzar los 900 euros mensuales); otro para cuantificar el impacto del aumento del salario mínimo en la distribución y en la desigualdad salarial; y un tercero para analizar los efectos de relocalización de los trabajadores de menores salarios como consecuencia de la subida del SMI. Estos encargos se han realizado a través de tres contratos distintos y suman un gasto total de unos 34.000 euros (aproximadamente, 40.000 euros con el IVA incluido).
Llama la atención que dos de estos encargos estaban previstos en el Programa de Estudios 2022, un documento donde el Ministerio de Trabajo y Economía Social recopila todos los estudios a realizar a lo largo del año por los distintos departamentos, tanto con medios propios como con medios ajenos. Se trata del informe sobre los efectos del alza del SMI en los hogares pobres, que ha sido adjudicado al profesor José María Arranz Muñoz, de la Universidad de Alcalá, y del que va a medir el impacto en la distribución y desigualdad salarial, adjudicado al profesor Luis Cárdenas Del Rey, de la Universidad Complutense. Pero el tercero no aparece en el programa. La Información ha tenido acceso a la documentación de los contratos y el adjudicatario en este caso es la Universidad de Málaga, en concreto, el profesor Alberto Montero Soler, exdiputado de Podemos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios