El Gobierno se prepara para el recrudecimiento de la crisis. Las red flags empiezan a extenderse de manera alarmante entre los principales indicadores macroeconómicos y el augurio de un otoño caliente está marcando la vuelta al curso político. La amenaza es real y en Moncloa crece la preocupación, especialmente en un contexto de debilidad del diálogo social, que hasta ahora había venido demostrando estar a la altura de las circunstancias. El bloqueo en la negociación colectiva está impidiendo avanzar hacia el pretendido pacto de rentas y la guerra abierta entre la patronal y la vicepresidenta Yolanda Díaz por el respaldo de ésta a las movilizaciones anunciadas por los sindicatos no ayuda. "Vienen meses complicados", admiten en distintos ámbitos ministeriales.
El último organismo en dar la voz de alarma ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su actualización del modelo de previsión de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) en tiempo real (MIPred) publicada este viernes, tras conocer los datos de afiliación a la Seguridad Social, empeoró considerablemente sus proyecciones más inmediatas. En concreto, la institución que preside Cristina Herrero prevé que la economía retrocederá un 0,4% en el tercer trimestre del año en tasa intertrimestral, cuando la anterior previsión apuntaba a una caída del 0,2%. Asimismo, recorta en dos décimas el avance del PIB en términos interanuales respecto a los datos anteriores, ya que pronostica que el crecimiento interanual será del 3,2% en el tercer trimestre, por debajo del 3,4% que calculaba antes de conocer los datos de afiliación.
No es el único organismo que ha alertado de que España podría entrar en recesión, aunque sea levemente, en la segunda mitad del año. A finales del pasado mes de julio, BBVA Research recortó casi a la mitad (del 3,3% al 1,8%) su previsión de crecimiento para 2023 y alertó de que la economía patria podría introducirse este mismo año en una recesión técnica, aunque supondría la contracción más suave de la historia económica de los últimos 40 o 50 años. Según el último informe 'Situación España' el PIB podría caer un 0,3% en el cuarto trimestre de este ejercicio y un 0,2% en el primero de 2023, lo que daría lugar a a esa breve recesión técnica (así se denomina teóricamente cuando una economía acumula dos trimestres en negativo) de la que se saldría inmediatamente, el trimestre siguiente.
Los malos datos de empleo de los meses de julio y agosto anticipan el frenazo económico que se dejará sentir a partir de octubre. La inflación parece que empieza a contenerse, pero continúa por encima de los dígitos y los precios se mantendrán en niveles todavía elevados en la recta final del año (aunque la tasa interanual de IPC se modere por la comparación con el mismo periodo de 2021, cuando comenzó la escalada). El Ibex acumula una mala racha considerable, precisamente por el miedo a una subida de tipos más agresiva para frenar la inflación. Y el panorama internacional está marcado por una incertidumbre absoluta, especialmente en el ámbito europeo, donde la evolución de los principales motores económicos va a depender de hasta dónde quiera jugar Putin con la llave del gas.
En Moncloa no son ajenos a este contexto. Al contrario, el equipo económico de Sánchez está monitorizando la coyuntura muy de cerca. Aunque en el último boletín para inversores del Ministerio de Economía se asegura que "la economía española mantiene el tono", lo cierto es que en la sala de máquinas del departamento que dirige Nadia Calviño un elevado porcentaje de los indicadores adelantados apuntan a un frenazo de la actividad en la recta final del año. Es más, hace ya varias semanas que en el Ejecutivo empezaron a contemplar incluso un escenario de recesión y rebajaron el optimismo sobre los supuestos brotes verdes. Y desde entonces el Gobierno se ha venido armando para un despliegue de práctica economía de guerra durante el otoño e invierno ante un conflicto imprevisiblemente prolongado en Ucrania. De ahí que la coalición continúe ampliando el escudo anticrisis con nuevas medidas como la rebaja del IVA del gas.
El pánico cunde también entre los empresarios, que igualmente monitorizan la actividad desde hace meses y constatan ya que la situación es grave. En el comunicado de valoración de los datos de paro y afiliación de agosto confirmaron este viernes la "tendencia a la desaceleración del mercado laboral" y advirtieron de que "los indicadores económicos ya reflejan cómo la escalada de la inflación hasta niveles de dos dígitos está impactando de forma significativa en el bolsillo de los ciudadanos y en la actividad de las empresas". Con el foco puesto, principalmente, en las pymes y autónomos, la patronal pide al Gobierno que en vez de centrarse en políticas de gasto que introducen más presión sobre la deuda pública y ahondar en la vulnerabilidad de la economía incrementando la carga fiscal sobre las empresas (en referencia a los nuevos impuestos para energéticas y banca), actúe sobre los factores que están ejerciendo la actual presión inflacionista y compense su efecto entre los sectores que más la están sufriendo.
Pero no es el único mensaje que lanza la CEOE al Gobierno en su comunicado. En un apartado específico dirigido a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz -a quien no citan explícitamente- los empresarios contradicen la versión de la ministra de Trabajo y aseguran que nunca se han levantado de la mesa de negociación de los convenios colectivos. Y le lanzan un dardo directo al respecto de las declaraciones que ha ido vertiendo en los últimos días, en las que acusa a la patronal de bloquear las negociaciones y apoya a los sindicatos en sus reivindicaciones de subida salarial, e incluso en las anunciadas movilizaciones: "Sería deseable generar desde las instituciones un entorno favorable a la consecución de acuerdos de manera que se evite la conflictividad social y no hacer declaraciones que favorezcan la crispación, que obviamente es perniciosa para la evolución de la economía, en general, y del empleo en particular", advierten los empresarios.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en particular, y el conjunto del Gobierno, en general, afrontan un otoño complicado. En las principales decisiones de política económica van a tener a la CEOE enfrente, que no va a apoyar ni la aprobación de nuevos impuestos, ni la subida del salario mínimo, ni ninguna medida que conlleve un incremento de los costes empresariales. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se juega la reelección en noviembre, y tiene que jugar duro esta partida. Por su parte, los sindicatos, de momento, solo han amenazado con movilizarse contra la patronal, pero tanto desde CCOO como desde UGT advierten de que si el Gobierno no cumple con la puesta en marcha de nuevas medidas de protección para los colectivos más vulnerables no dudarán en echarse a las calles. Todos calientan ya para una recta final de año inevitablemente conflictiva.
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