Sánchez enviará a Bruselas su PGE fallido por la situación "excepcional" de España

Empieza la cuenta atrás para una de las citas más importantes del año en materia presupuestaria. El Gobierno en funciones tiene que enviar a Bruselas el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 en menos de cuatro semanas, antes del 15 de octubre, cuando finaliza el plazo para que España y el resto de los países de la eurozona remitan sus documentos a la Comisión Europea para que evalúe si respetan la disciplina fiscal. Será entonces –como de costumbre, al filo del 'deadline' y, por cierto, a menos de un mes de las elecciones– cuando el Ejecutivo español remitirá un proyecto prácticamente calcado al que diseñó para este año, que fracasó, no sin justificar ante las autoridades comunitarias la imposibilidad para empezar a tramitar las cuentas públicas ante la situación "excepcional" de bloqueo político que atraviesa el país.

El Gobierno enviará el plan presupuestario a Bruselas "en tiempo y forma", según aseguran fuentes tanto del Ministerio de Economía como de Hacienda, los dos departamentos encargados de esta labor. Y ello a pesar de que el 'impasse' político mantiene en suspenso todo el proceso necesario para la aprobación de los objetivos de estabilidad (déficit y deuda pública) y el límite de gasto no financiero –el conocido como techo de gasto–, paso previo para la elaboración de los Presupuestos que debía haberse cerrado antes del 30 de junio, según marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez a finales de julio, el Gobierno aseguró que estudiaría la aprobación de la senda de déficit y el techo de gasto en función de cómo se desarrollase la situación política en agosto y septiembre. Pero ante la repetición de las elecciones ya no hay margen, al tratarse de una tarea que no puede llevar a cabo el Gobierno en funciones, según explican fuentes de Hacienda. Así, el Ejecutivo socialista trabajará con los objetivos presupuestarios que se autoimpuso en el Plan de Estabilidad que envió a Bruselas en abril y que sitúa el déficit de este año en el 2% y el de 2020 en el 1,1%, frente al 1,3% y el 0,5% que estableció el anterior Gobierno del PP y el 2,3% y el 2% que dijo Bruselas.

En todo caso, lo que sí puede tocar el Ejecutivo es el cuadro macroeconómico, donde se establecen las previsiones de crecimiento del PIB. Y aquí es donde entra en juego el departamento que dirige Nadia Calviño. Consultados al respecto, explican que la actualización será "prudente" y se adaptará a lo que determinen los indicadores conocidos hasta el momento. Es importante recordar que el equipo económico del Gobierno había deslizado a principios de este verano la posibilidad de revisar al alza la previsión de avance del PIB para este año, situada en el 2,2%. Sin embargo, en estos momentos ya no mantienen tal apuesta. La situación internacional no acompaña y la propia Calviño ha llegado a afirmar esta misma semana que se avecina un otoño "muy complicado".

Con todo esto, lo que el Gobierno en funciones remitirá a Bruselas en las próximas semanas será un plan presupuestario "muy parecido" al que se diseñó para 2019 y cuyo fracaso por la falta de apoyo de los partidos independentistas catalanes acabó por tumbar la anterior legislatura de Sánchez. De hecho, el Plan de Estabilidad que se envió a la Comisión en abril incluía la totalidad de las medidas fiscales que contemplaba el proyecto de Presupuestos de 2019 y que el Ejecutivo socialista, si sigue gobernando después del 10-N, espera tener activas en 2020.

Así, se pretenden incluir todas las subidas de impuestos a las rentas altas y a las empresas, así como la creación de nuevas figuras tributarias como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. También aparecerá el paquete de lucha contra el fraude fiscal. Lo que no se espera es el polémico impuesto a la banca, toda vez que los socialistas ya lo han eliminado en el documento de 370 medidas que pretenden ser el eje de su programa electoral de cara a la próxima campaña de las generales de noviembre.

Y todo esto, mientras siguen vigentes los Presupuestos que diseñó Cristóbal Montoro. Y es que la imposibilidad para elaborar unas nuevas cuentas públicas provocará la prórroga automática de las de 2018 a partir del 1 de enero de 2020. Por cierto, será la primera vez en la historia de la democracia en que unos Presupuestos se prorrogan dos años seguidos.

Elecciones, Gobierno y Presupuestos. Es, en ese orden, la hoja de ruta de los socialistas para los próximos meses. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó ayer mismo su esperanza de que, una vez se celebre la repetición electoral el 10 de noviembre y se conforme un Gobierno, "en febrero o marzo estemos hablando de los Presupuestos de la legislatura". Este plazo es precisamente el que quiere transmitir el Ejecutivo a las autoridades comunitarias, a quienes va a dirigir un mensaje tranquilizador en el plan presupuestario que remita en octubre.

Desde el Ministerio de Hacienda revelan que en el documento –aún no está redactado– "se tendrá que explicar a Bruselas la situación excepcional que atraviesa España". Se refieren, por supuesto, al bloqueo político que ha impedido la formación de Gobierno y ha llevado a la repetición de las elecciones. Algo similar ocurrió cuando se envió el plan presupuestario de este año, que arranca así: "La elaboración del Plan Presupuestario para 2019 del Reino de España ha estado marcada por el escenario político actual, que no ha permitido de momento la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 (...) No obstante, el Gobierno tiene el firme compromiso de presentar y aprobar los PGE 2019 y en esa dirección está orientando todos sus esfuerzos". 

Pero aquel proyecto fue tumbado por el Congreso de los Diputados y, un año después, perfectamente se podría calcar ese inicio en la redacción del plan presupuestario. Con todo, fuentes cercanas a Calviño, buena conocedora del funcionamiento de las autoridades europeas en materia económica, descartan una preocupación de Bruselas por la inestabilidad política en España. "Las situaciones de cierta complejidad política son habituales entre los países europeos", justifican. "La coyuntura y la evolución de la economía española es positiva y ni el Eurogrupo ni el Ecofin han trasladado ninguna preocupación a la ministra", zanjan.